Editorial EL UNIVERSAL / Que paguen lo que deben

El monto de la recaudación de impuestos en México, como proporción del PIB, sigue siendo menor en comparación con otras naciones de América Latina, a pesar de que en los últimos sexenios se han hecho esfuerzos por ampliar la base de quienes deben contribuir con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué México se mantiene rezagado en la materia? Aunque no es el único factor, uno de los más importantes lo expone hoy este diario: México se encuentra entre los países más perjudicados por la evasión fiscal que realizan empresas multinacionales, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado la evasión de las multinacionales a nivel global en un rango de 100 mil y hasta 240 mil millones de dólares al año. Un estudio de la Universidad de las Américas señala que en 2015 los consorcios evadieron en México 197 mil 156 millones de pesos. Las empresas se valen de lagunas legales para ampliar sus deducciones tributarias y para trasladar sus ganancias a otros lugares, usualmente los llamados paraísos fiscales. El informe del Banco Mundial debe convertirse en una seria alerta para que el Servicio de Administración Tributaria, en conjunto con el Congreso de la Unión, tome cartas en el asunto y se ponga un alto a ese tipo de acciones en las que el único perjudicado es el desarrollo de México. También es necesario conocer qué consecuencias ha tenido el convenio que el gobierno firmó en 2017, junto con 66 países, para aplicar medidas que eviten que las multinacionales abusen de tratados tributarios y evadan el pago de impuestos a través de lo que denominan “planeaciones fiscales agresivas”. Gracias al pago de impuestos los servicios públicos se financian. En el momento que un sector deja de cumplir sus obligaciones, el país en general lo resiente, al no poder modernizar sus procesos o ampliarlos. Lo que se dejó de cobrar en 2015 equivale a lo que se asignó ese año a las secretarías de Desarrollo Social y de la Defensa. A mediados de 2017, el Servicio de Administración Tributaria tenía un universo de casi 8 mil 500 grandes contribuyentes, de los cuales 60% son trasnacionales; es decir, al menos a 5 mil empresas se les debe exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Si las compañías extranjeras que operan en el país obtienen millonarias ganancias del mercado local, lo lógico es que paguen lo que por derecho les corresponde. Las acciones no deben interpretarse como “cacería”, sino como un estricto apego a la normatividad.

OPINIÓN/ La incongruencia de AMLO en el aeropuerto y otros proyectos

Andrés Manuel López Obrador va muy en serio con la propuesta de hacer vinculante el resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Es decir que lo que derive del sondeo decidirá el futuro de la obra: si se mantiene en Texcoco o se amplían el de Santa Lucía y el resto de los aeropuertos satélite del AICM, como el de Toluca. El equipo del presidente electo ya hizo cuentas y calculó que cancelar la actual obra costará cerca de 100 mil millones de pesos, los cuales, en caso de que esto decidiera la votación, tendrían que ser absorbidos por el próximo gobierno federal. Estos recursos son más que los 88 mil millones de pesos que, según López Obrador, solicitó el fideicomiso para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Otra cosa que suena incongruente o fuera de toda lógica es lo que dijo ayer el presidente electo con respecto a los contratos que se han otorgado a empresas privadas y los bonos que se colocaron en los mercados nacionales e internacionales para financiar la actual obra. Si gana la opción de construir dos pistas en Santa Lucía, “en vez de hacer la obra que está contratada en un sitio, se va a hacer la misma, el mismo volumen, en otra parte. No va a haber arbitrariedad, se va a garantizar la inversión y se van a hacer efectivos los contratos”. ¿Quiere decir que si se cancela la obra del actual aeropuerto, los contratos y los bonos por más de 9 mil 850 millones de dólares que se adjudicaron y colocaron en los mercados serán reasignados a otros proyectos de su administración? Suena imposible poder ejecutar una estrategia de este tipo, incluso legalmente, pues los inversionistas tienen contratos que, de no hacerse válidos, deberán recibir una indemnización y no una “recompensa” con otro proyecto. Además, la propuesta del presidente electo va en contra de lo que él y su equipo han criticado del mismo proyecto del nuevo aeropuerto: que no hubo total transparencia en las licitaciones y que algunas de ellas –como el desarrollo arquitectónico y de ingeniería, y la barda perimetral– incurrieron en sobrecostos muy grandes. Qué certidumbre daría el nuevo gobierno a los inversionistas en sus nuevos proyectos de infraestructura si ya tiene a un grupo de empresarios (los del aeropuerto) que van a participar por asignación directa en estos. Si algo han criticado AMLO y su grupo cercano sobre los proyectos que se llevaron a cabo en el actual sexenio fue la falta transparencia en las licitaciones y la posible corrupción, precisamente porque algunas de las obras se entregaron mediante adjudicaciones, lo mismo que ahora pretende hacer el nuevo gobierno con este y otros proyectos. Recientemente se dio a conocer que el congreso de Tabasco –de mayoría morenista– reformó las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para que el gobierno del morenista Adán Augusto López pueda adjudicar directamente las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas, e incluso las del Tren Maya. Otro ejemplo de incongruencia con la transparencia y la intervención del próximo gobierno en la adjudicación de contratos fueron los comentarios de Andrés Manuel López Obrador sobre la empresa a la que planea darle el contrato para construir los vagones del Tren Maya. “Queremos que se construyan en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Ya lo tengo probado; cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, se compraron 40 trenes con 400 vagones para el Metro, y se le dio el contrato a Bombardier y la empresa cumplió”, dijo hace unos días. Así que todo lo que AMLO criticó y se comprometió a revisar con lupa –el NAIM, el Paso Exprés, el Tren México-Toluca y los contratos de las rondas de hidrocarburos– es lo que ahora planea hacer con las obras de su gobierno. Sin duda, una mala señal. El relevo en la Canaero. Pronto habrá elecciones para sustituir al actual presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), Sergio Allard. El 2019 será el primer año en que una empresa distinta a Aeroméxico o sus empresas afiliadas presida el Consejo de la cámara y será, en este caso, Volaris. Se habla de tres nombres: Enrique Beltranena, director general de Volaris; José Luis Suárez, vicepresidente de Operaciones, y Juan Alfonso Lozano, director de Asuntos de Gobierno. Dadas las responsabilidades que implica ser CEO de una aerolínea, se prevé que Beltranena opte por dejar en el cargo a uno de los otros candidatos, lo que ya generó preocupación en la industria, pues designar a un directivo menor le restaría peso a la cámara, que tendrá de frente grandes retos por las políticas del próximo gobierno y el desenlace del nuevo aeropuerto. Juan Alfonso Lozano, en particular, no tiene mucha experiencia en la industria ni cuenta con el respaldo de la mayoría de los afiliados decisivos en la propia Canaero.

Frentes Políticos I.  Justicia al fin. Es casi una tradición en nuestro país la existencia de supuestos presos políticos. Luchadores sociales o activistas que ingresan a prisión bajo otros cargos y a manera de castigo. Tras concluir un encuentro con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que presentará una iniciativa de ley para la amnistía a presos políticos y que la encargada de redactarla será Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación. No se tratará de una liberación generalizada, insistió. Se analizará caso por caso para determinar en cuáles sí se fabricaron pruebas por tratarse de opositores al actual régimen. Tema delicado que habrá que manejar con pinzas. II. A cuentas. Tocó el turno de comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados a Carlos Alberto Treviño, el director de Pemex. Reconoció un aumento de 262% en el número de tomas clandestinas para hurtar combustibles durante el actual sexenio e informó que se han presentado casi 10 mil denuncias y se ha despedido a medio centenar de trabajadores por sus vínculos con la delincuencia organizada. El número de tomas ronda las 40 mil durante todo el sexenio. “Hemos hecho, durante este año nada más, nueve mil 394 denuncias al respecto del robo de combustible. Hemos detenido en conjunto con las autoridades de la fuerza pública. Se han judicializado mil 024 casos y están en prisión preventiva únicamente 189 personas. He ahí el problema: la impunidad cabalga a sus anchas. III. Centaveros. En lugar de dedicarse dignamente a impartir clases, que es para lo que se le paga, un profesor representante de la CNTE en Chiapas le reclamó a una maestra y le cobró una cuota sindical de unos mil 500 pesos por no haber participado en marchas. Para colmo, fue grabado y el video circula en redes sociales. Se observa cómo, tras unos segundos de regateo, el hombre acepta mil pesos “con el compromiso de que se tiene que actualizar con lo demás (...) Pues mire, deme mil y lo dejemos así y deje de estar llorando”. Mal momento. Justo cuando a la Coordinadora se le enfrían sus aliados. Hay quien advierte rupturas, además de desacuerdos. Clases de extorsión y desmoches, pásele, pásele.  IV. Del dicho al hecho. Mauricio Vila Dosal no lo pensó dos veces. El gobernador de Yucatán, a once días del inicio de su administración, ya puso la pauta: como parte de las medidas del Plan de Austeridad, redujo a 60 las anteriores 120 unidades del parque vehicular. La devolución forma parte del primer paquete de 500 automóviles que se retirarán para permitir el ahorro de 60 millones de pesos anuales por concepto de renta, mantenimiento y consumo de gasolina. “Vamos a devolver 120 vehículos, de los cuales, 60 son camionetas de lujo, que están destinadas al uso de funcionarios, y 60 vehículos que no tienen alguna utilidad y sólo representaban un gasto adicional a la ciudadanía”, expresó. Hay mandatarios que hablan y cumplen. Otros se quedan a la mitad. V. Corte de caja. Cuando hay dinero de por medio y los números no cuadran, no queda sino insistir, como lo hizo Jorge Argüelles, diputado de Encuentro Social, para saber dónde quedaron miles de pesos en la administración del exmandatario Graco Ramírez Abreu. Del 2012 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación le ha realizado 54 auditorías, denunció Argüelles. Y a pesar de detectar fallas en el manejo de los recursos, quedaron inconclusas. Se desconoce el destino de 3.5 mil millones de pesos del Fonden, el pago de servicios a costos excesivos y un excedente del famoso Paso Exprés que terminó en socavón. El agujero en el erario se ve muy profundo y preocupante.