Editorial EL UNIVERSAL /Frágil Estado de derecho El consenso en torno a la urgencia de consolidar el maltrecho Estado de derecho en México va creciendo. En menos de una semana EL UNIVERSAL ha dado cuenta de importantes voces que coinciden en ello dentro del gobierno y fuera de él. El primero en mencionarlo fue el titular de Turismo, quien al ser cuestionado sobre el enojo social en el país –durante un foro con empresarios– dijo que el Estado de derecho en México está quebrado, al igual que las instituciones de justicia, seguridad y combate a la corrupción. Luego, en entrevista con este diario, el secretario de Hacienda aseguró que una de las prioridades es redoblar los esfuerzos para mejorar el Estado de derecho. Hoy, en otra conversación que presenta EL UNIVERSAL, el gobernador del Banco de México también señala que el reto es mejorar el Estado de derecho y lo dice con base en las encuestas periódicas que la institución a su cargo realiza entre empresarios y analistas. La realidad imperante es la casi nula resolución de los casos delictivos, lo que genera un aliciente para criminales, mientras la sociedad queda en la indefensión. A lo anterior se agrega ahora el más reciente reporte del Índice de Impunidad en el país, realizado por la Universidad de las Américas. La conclusión central es que los niveles de impunidad así como la desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia empeoraron en los últimos dos años. En 28 de las 32 entidades la situación se considera crítica al encontrarse en un grado de impunidad alta y muy alta; de ese total, 19 están por encima de la media nacional, que es de 69.84 puntos. El Estado de México es la entidad con el mayor grado de impunidad, al ubicarse en 80.06 puntos. Lo preocupante de los diagnósticos de funcionarios y del estudio de la Universidad de las Américas es que la luz al final del largo túnel de la impunidad no se alcanza a ver todavía, por lo cual el problema puede agravarse ocasionando con ello afectaciones sociales y económicas. Aun con pocos meses por delante en funciones, el actual gobierno debe adoptar medidas que impidan un mayor deterioro. La coordinación con el Poder Judicial y el estricto control sobre ministerios públicos y cuerpos de seguridad podrían aliviar el problema. En la coyuntura política actual es urgente también que todos los candidatos a la Presidencia de la República expliquen con detalle su propuesta para hacer de México un país en el cual rija el imperio de la ley. Ninguna nación podrá aspirar a un mejor futuro si no garantiza ese aspecto.

Frentes Políticos I. Cero franquicias. La mejor noticia política es que el Instituto Electoral de Coahuila rechazó la conformación de las 14 asociaciones que pretendían constituirse como partidos políticos en la entidad. Karla Verónica Félix Neira, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, manifestó que se analizaron las solicitudes y se determinó que había omisiones e inconsistencias. Los rechazados fueron: Ciudadanos por la Defensa de los Coahuilenses, Popular Coahuilense, Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, La Democracia por Coahuila; Por Coahuila Sí, Pacto Ciudadano por Coahuila, Coahuila Influyente, Medicina Integral Alternativa, Conciencia y Propuesta y un largo etcétera. ¿Los partidos pierden credibilidad y quieren hacer más? II. Agárrense. Uno de los temas que no logra resolverse es el de la seguridad. Al iniciar las sesiones en las que se definirá el futuro de diversas directrices del Nuevo Sistema de Justicia, la SCJN perfila avalar las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permiten revisar a personas y vehículos sin orden judicial, siempre y cuando exista una sospecha razonable. El ministro Javier Laynez propone declarar infundados los argumentos presentados hace casi cuatro años por la CNDH sobre que diversos puntos de esta legislación son inconstitucionales, pues violan los derechos fundamentales de las personas. Hoy el pleno del tribunal continuará con el análisis. La decisión no es sencilla, pero los ministros tienen a palabra. ¿Qué pasará? III. Oídos sordos. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en Tamaulipas, se sumó a la exigencia de 20 entes homólogos del país, quienes exigen que ya sean designados el fiscal Anticorrupción Nacional y magistrados. Mariclaire Acosta, titular del CPC, exigió a los legisladores trabajar en torno a los temas pendientes. Deben quitarse el tapón de los oídos. Arturo Narro, representante del organismo tamaulipeco, reconoció que se requiere de una sociedad más activa que exija cuentas y señale a sus autoridades cuando incumplan. No se trata de otorgar los nombramientos pendientes por cumplir, lo importante es que nombren bien. IV. ¿Ahora sí? La Secretaría de Educación Pública confirmó que aplicará descuentos a los salarios de los maestros de Oaxaca que faltaron a sus labores, en perjuicio de miles de niños, por lo que solicitó a las autoridades del IEEP de Oaxaca reportar los nombres de los docentes faltistas. La SEP descontará las faltas que se registren en los próximos días, y recordó que maestros que acumulen más de tres faltas injustificadas, consecutivas o discontinuas, en un periodo de 30 días, serán separados de su cargo. No olvidemos que estrategias similares utilizó el pasado secretario de Educación y los profesores disidentes ni se inmutaron. Esperemos que Otto Granados, secretario de Educación, tome cartas en el asunto.

V. Cumplir. El senador Patricio Martínez presentará en la sesión de hoy una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud para que de nueva cuenta sea la Secretaría de Salud quien controle el precio de los medicamentos que otrora se liberó bajo el supuesto de que el libre juego de la oferta y la demanda haría bajar sus precios en beneficio no sólo de la población, sino también de las instituciones de seguridad social y sujetas a un mercado oligopólico que propició todo lo contrario. Si en la actual legislatura, “al cuarto para las doce”, logra transitar la iniciativa, la acción será bien reconocida; caso contrario, y en tiempos electorales, la percepción será la de un engaño adicional al pueblo de México.

Enrique Quintana / La reforma fiscal que viene No importa quien gane las elecciones del 1 de julio, la próxima administración deberá emprender una nueva reforma fiscal. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en el foro sobre México que tiene lugar en nuestro país, comparó ayer el monto de la recaudación tributaria en América Latina, la cual promedia 22.5 por ciento del PIB, con la de México que, pese a la reforma aprobada en 2013, apenas alcanzó el 17 por ciento del PIB. Es decir, simplemente tomando como referencia el promedio regional, se necesitaría una captación de impuestos de 5.5 puntos del PIB adicionales. Esto implicaría subir la recaudación en 1.2 billones de pesos, prácticamente una tercera parte más que hoy. Sin embargo, ninguno de los candidatos ha hablado hasta ahora de una reforma fiscal. De hecho, uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, ya planteó que no habría alzas de impuestos. Y puedo anticiparle que no lo van a hacer porque ningún candidato, en ningún lugar del mundo, ha ganado una elección prometiendo elevar los impuestos… aunque como gobernantes, muchos sí hayan tenido que hacerlo. En sus planteamientos ante los banqueros –como lo ha hecho en otras ocasiones– AMLO sí señaló la necesidad de reasignar los recursos fiscales y ha contabilizado que se pueden obtener500 mil millones de pesos eliminando la corrupción en el gobierno y otros 300 mil millones, haciendo que el gobierno sea más barato. López Obrador atina en esos dos objetivos. Tiene toda la razón en su propuesta de combatir la corrupción y de hacer un gobierno más eficaz. Pero se equivoca completamente en el cálculo de los recursos que podría obtener con ambas medidas y de los métodos que tendría para realizarlas. Todas las estimaciones del costo en el que un gobierno incurre debido a la corrupción son estimaciones bastante imperfectas. Y más imprecisa aún es la cuantificación de los recursos que pueden ahorrarse en caso de combatirla. Una política de gasto público basada en la obtención de 500 mil millones de pesos por eliminar los costos de corrupción simplemente es inviable. Eso no quita la necesidad de combatirla de la manera más determinada. Pero el fondeo de proyectos de cualquier índole no puede basarse en un ingreso incierto. En otras palabras, reitero lo dicho, cualquier candidato que gane el 1 de julio estará obligado por las presiones inerciales de gasto, así como el costo de sus propias ofertas de campaña, a gastar más. Aunque gaste mejor –ojalá lo haga cualquiera que llegue– no habrá de otra que usar los instrumentos fiscales para recaudar más.