Editorial EL UNIVERSAL / CDMX: corrupción policial Los índices de violencia que se han disparado en distintas zonas de México son resultado, de acuerdo con estudiosos del tema, a la impunidad y a la colusión que se da en muchos casos entre bandas criminales y las corporaciones policiacas. No son raros los casos en los que elementos del cárteles del narcotráfico literalmente toman posesión de policías municipales. El caso más reciente ocurrió a principios de mes en San Martín Texmelucan, Puebla. EL UNIVERSAL presenta hoy un video en el que se exhibe a dos elementos policiacos de la Ciudad de México recibir dinero de presuntos narcomenudistas en una vecindad del Centro Histórico, reconocida por la propia autoridad como foco rojo del narcotráfico, pues en ese sitio se distribuyen drogas 24 horas al día. Informes oficiales refieren que en ese sitio se venden narcóticos al menos desde el año 2000. Han transcurrido casi dos décadas y la situación no ha variado. En las imágenes se identifica al jefe de grupo René Domínguez Sánchez y al policía de Investigación Juan Pedro Bernal Ramírez en el interior de la vecindad, ubicada en la calle Jesús Carranza. Ahí dialogan con presuntos narcomenudistas, quienes al final entregan un fajo de billetes. ¿Cuántas veces a la semana o al mes reciben el soborno para que la delincuencia tenga vía libre en su actividad? En este espacio se ha comentado cómo la capital perdió su condición de oasis que tuvo durante varios años en medio de la ola violenta que se registró en distintos puntos del país. En los últimos años han aumentados los índices de robo, pero principalmente el de homicidios dolosos. En 2017 la CDMX registró la cifra más alta de homicidios dolosos en 20 años.  Para llegar a una situación que en ocasiones parece fuera de control, tenía que haber otros factores que sólo una mayor presencia de bandas delictivas. El video en cuestión presenta lo que de manera clara es otro elemento: la complicidad entre policías y criminales. A cambio de dinero se permite la comisión de ilícitos. ¿Qué es del control policiaco y de la profesionalización de sus elementos? Los exámenes de confianza, si se aplican, por lo visto están sirviendo de muy poco. Desde la parte oficial, se atribuía el elevado índice delictivo a la liberación de reos beneficiados por el sistema de justicia penal que entró en vigor en 2016. Probablemente ese fue un factor, pero es necesario que se asuman y se corrijan todas las fallas que puede haber dentro de las instituciones encargadas de impartir seguridad. Permitir que la corrupción se extienda equivale a que un tumor canceroso invada un cuerpo sano. Las consecuencias pueden ser funestas. 

Frentes Políticos I.  Recompensa. El actual gobierno de Veracruz está dispuesto a pagar cinco millones de pesos a quien proporcione información sobre Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal del estado, por su probable intervención en la desaparición forzada de personas, por entorpecer la investigación y por apoyar a que los responsables eludieran acción de la justicia. Ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos el 19 de enero de 2016, sólo reportaron seis. De los cuerpos restantes se desconoce identidad y ubicación. El que un funcionario de ese nivel participe en estos crímenes rompe todas las reglas del Estado. Bravo Contreras no sólo da una mala imagen a las instituciones, sino que representa un peligro para la sociedad, por tal motivo merece castigo ejemplar. Que así sea. II. Peleoneros. Representantes y vecinos de 15 comunidades indígenas de Hidalgo amagaron con impedir la elección del 1 de julio ante las agresiones de un grupo de sujetos a quienes acusaron de estar “protegidos” por Cipriano Charrez Pedraza, diputado local con licencia y candidato a diputado federal de Morena. Alberto Ortíz Pioquinto, delegado de El Olivo, junto con autoridades y vecinos de otras 14 comunidades, amenazaron que si las agresiones no frenan, no permitirán la instalación de las casillas electorales en esas localidades el próximo 1 de julio. Un problema particular entre vecinos en Hidalgo repercutiría en la elección. ¿Qué hará el INE al respecto? III. De película. Es de no creerse, siete años tardaron en encontrar a uno de los culpables del asesinato de Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador de Colima, quien murió abatido en noviembre de 2010. El pasado miércoles, Gerardo N, presunto autor intelectual del homicidio, fue detenido por la Policía Federal en el rancho El Guamuchil, en el municipio de Ixtlahuacán, Colima. El sábado, en una supuesta riña, terminó muerto por ataque de arma punzocortante. Sea o no resultado de una trifulca al interior del penal, la autoridad está obligada a velar por la seguridad de internos de este calibre. Es una burla para todos los ciudadanos. IV. Mancuerna. Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, junto con Juan Zepeda, candidato al Senado por el Estado de México, tuvieron un día redondo. Acompañaron a los candidatos de la coalición Por México al Frente en un recorrido por la comunidad de San Fernando, demostraron la fuerza con la que cuentan en este territorio. “Me siento emocionado por esta recepción”, confesó Zepeda. Enrique Vargas anda de fiesta, pues recientemente fue elegido como el alcalde mejor calificado del Estado de México. La dupla poderosa reparte su poder a todos los candidatos de la alianza. Hasta al presidencial. Así de fuertes andan. V. Soluciones. José Antonio Meade no se equivocó con la propuesta de un muro tecnológico en la frontera, como lo quieren hacer ver sus contrincantes. Bajo la premisa de que los problemas se resuelven de raíz, con voluntarismo, propuso esta opción que frenaría el flujo de armas y dinero sucio proveniente de Estados Unidos. Mucha de la violencia en México está alimentada por los fusiles y metralletas que llegan de allá y por las ganancias del narco en el vecino país. Se trata de una propuesta razonada. Representa, además, una posición firme frente a las propuestas del presidente Donald Trump, de ampliar el muro que divide a nuestras fronteras. Ése sí es un absurdo.