Editorial EL UNIVERSAL / Retos de la justicia laboral Con el tiempo encima, el Poder Legislativo se encuentra a menos de dos semanas de aprobar la normatividad reglamentaria a la reforma a la Ley Federal de Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2017, y que estableció un año para lograr tal cometido. El cambio supone un nuevo modelo en la resolución de problemas en la materia. Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje hasta ahora dependientes de los poderes Ejecutivos —federal y locales— para dar lugar a tribunales laborales que estarán adscritos al Poder Judicial. También se crearán centros de conciliación, los cuales serán el primer filtro para evitar que los conflictos lleguen a los juzgados. La característica que ha dominado en las juntas de conciliación a lo largo de un siglo de historia es el rezago. En febrero del año pasado, cifras de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registraban que 300 mil expedientes estaban en espera de resolución y cada año en promedio 83 mil trabajadores inician una demanda contra sus empleadores. Llevar a juicio a patrones resulta en una virtual prueba de resistencia, además de representar una interminable travesía por oficinas y audiencias. Especialistas en derecho laboral han explicado en estas páginas que luego de que un juicio es resuelto, pueden pasar años antes de que se ejecute la resolución, sea la reinstalación del trabajador o el pago de salarios caídos. Burocracia y lentitud operan usualmente contra el trabajador, mientras desde la otra parte se acusa a la falta de presupuesto como el origen de los retrasos. La dilación también afecta a quienes generan empleos. Es clara la existencia de una situación anómala que frena la aplicación expedita de justicia y que requiere solución inmediata. Al Poder Judicial se le viene también un reto enorme cuando el país aún está terminando de asimilar el sistema de justicia oral. Lograr un clima laboral justo y que dé certeza tanto al empleado como al trabajador puede resultar inclusive en un impulso a la productividad y a la llegada de inversión. Por las razones anteriores el documento que presenten los legisladores debe ser una vía de resolución expedita a los conflictos obrero-patronales, sin que se mutilen los derechos alcanzados por el trabajador. En sus manos está que el marco que regirá la resolución de conflictos cumpla con las expectativas.

Frentes Políticos I. Los irresponsables. A dónde van sino al desfiladero. Dos funcionarios más de primer nivel en el gobierno del estado de Nuevo León dejaron su encomienda y se lanzarán a tejer sueños de poder con su jefe, Jaime Rodríguez El Bronco. Enrique Torres, secretario de Administración, y Gonzalo Padilla, director de Adquisiciones, se sumarán a la campaña de Rodríguez Calderón por la Presidencia de la República. Fueron criticados por la ciudadanía e inclusive por diputados locales, quienes lamentaron que haya servidores públicos que no se entregan de tiempo completo a su trabajo por estar distraídos con las campañas. Linda catapulta al vacío está creando El Bronco, e invitó a todos sus amigos. ¡Echen paja! II. Qué fácil. El medio digital Contramuro denunció irregularidades por 180 millones de pesos de diversas empresas ligadas a Carlos Herrera Tello, edil de Zitácuaro. En reprimenda, el también empresario constructor denunció a la casa editorial por “ataques contra el honor”; sin embargo, el reportaje fue realizado por Monitor Expresso, otro medio de comunicación en Michoacán, lo que genera suspicacias. La investigación periodística, basada en documentos oficiales, reveló que el alcalde es un importante socio de tres firmas que están bajo la lupa de la SFP por obras realizadas en la CDMX y en el municipio de Tuxpan, por cientos de millones de pesos. Contramuro es quien paga las consecuencias. ¿Será porque es un medio que ha publicado también investigaciones en contra del gobierno del estado? Trasfondo político y ley mordaza, una mala combinación. III. Polémica. Los servicios de espionaje y contraespionaje existen en todo el mundo. Son una medida válida y legal para salvaguardar los intereses de la nación y de sus habitantes. Acciones obligadas cuando los gobiernos están resueltos a evitar la intromisión extranjera o extraña en los asuntos que sólo competen a los mexicanos. Ésa debe ser la tarea del Cisen, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el aspirante presidencial de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, se quejó de ser objeto de espionaje por la agencia. La respuesta de Alfonso Navarrete Prida es que la labor del Cisen da seguimiento en todas las actividades de interés nacional y de quienes participan en ellas. No deja de ser un tema controversial. IV. Focos rojos. El accidente de ayer en Baja California Sur, en donde volcó una camioneta con once personas, de la caravana de María de Jesús Patricio, Marichuy, con saldo de un muerto, llamó la atención de todas las fuerzas políticas. Lo lamentaron, se solidarizaron, externaron su tristeza… Marichuy, la aspirante independiente a la candidatura presidencial, resultó lesionada y se reportó que su salud ”es estable, sin golpes que pongan en riesgo su vida”, como informó Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. No es la primera vez que las campañas se tiñen de rojo. Por algo, no simple capricho, el Estado debe estar pendiente de los candidatos. ¿Ya lo ven? V. Más vale tarde. Como dijera el clásico “por ahí hubiéramos empezado” y nos hubiéramos ahorrado muchas molestias, cabría agregar. Nos referimos a lo que el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, calificó que podría ser la Reforma Estructural número 14 de este sexenio: la iniciativa del presidente Peña Nieto de la Ley General de Mejora Regulatoria, una vieja exigencia de la ciudadanía que el propio Romo recoge e interpreta como la “demanda de una burocracia ágil, delgada, sencilla, amigable y capaz” y que, augura, será un “producto legislativo de vanguardia y de beneficio para todos”. Que así sea, y sea para bien; los mexicanos lo merecemos.