Editorial EL UNIVERSAL / El aeropuerto y los costos de la legitimidad

¿Quién puede oponerse a que el ciudadano común tenga voz en los asuntos públicos de mayor relevancia? Nadie que se aprecie de ser un verdadero demócrata. Menos en un país como México con una tradición autoritaria en la que el presidente no solía tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos; antes bien, buscaba por todos los medios acallar su voz o cooptarla. Las consultas ciudadanas son encomiables, no sólo porque reivindican el principio de la igualdad política (un voto-una persona) sino también porque corrigen vicios de la democracia representativa como la partidocracia. Con todo y eso, cuando los costos políticos de una decisión gubernamental son mayores que sus beneficios —como parece ser el caso de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México— vale la pena contener los impulsos democráticos antes de abrir una caja de pandora. Las consultas populares, en cualquiera de sus formas (plebiscito o referéndum), buscan que las decisiones de un gobernante estén permeadas de legitimidad social. Esta legitimidad es particularmente necesaria cuando los efectos de una decisión implican altos costos, pues de cierta forma el tomador de decisiones reparte los costos (no previsibles) entre la base que respaldó la decisión. Es cierto que no todas las consultas tienen que ser vinculantes. No obstante, ejecutar una consulta y posteriormente tomar una decisión contraria a la de la mayoría puede tener un costo más elevado (en términos de legitimidad política) que el no hacer la consulta en primera instancia. Baste observar el caso de Colombia donde la aprobación del presidente Santos descendió estrepitosamente una vez que decidió implementar los tratados de paz, a pesar de que la mayoría de los colombianos votó en contra. El vox populi no es infalible. La gente se equivoca y por eso los presidentes tienen que asumir ciertas decisiones impopulares que, en retrospectiva, pueden asimilarse como necesarias. Habían voces críticas que anticipaban ya este argumento en el caso del aeropuerto. Puntualizaban la dificultad del ciudadano común para generarse una opinión informada sobre un tema que exigía una alta especialidad técnica. A pesar de estas voces, el gobierno decidió seguir su plan original: llevar a cabo la consulta. La decisión tenía su propia lógica e inercia. El tema del aeropuerto fue un punto de polarización que distanció a AMLO de los demás candidatos en campaña, la propuesta de la consulta comenzó a tener aceptación al descubrirse ciertos indicios de corrupción en las licitaciones. El costo de retractarse (una vez electo) habría sido alto para el nuevo gobierno. A pesar de todo, el costo de retractarse parece menor frente al de efectuar la consulta y al final adoptar una decisión contraria al resultado de la mayoría. Esta posibilidad se ha dejado entrever en las declaraciones del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, quien ha enfatizado que el resultado de la consulta no será vinculante. La consulta del NAIM era, desde el principio, una espada de doble filo. Aún si hubiera existido consenso en las bondades de que la ciudadanía tuviera la última palabra respecto al tema, el procedimiento abría otro punto de disputa. Si AMLO ejecutaba la consulta antes de tomar protesta, se cuestionaría la falta de legitimidad al no ser una autoridad envestida. Si AMLO ejecutaba la consulta después del 1 de diciembre, se cuestionaría porque no esperó a hacerlo con las formalidades que dictaba la ley (una inviabilidad en principio si se considera que la definición del aeropuerto no podría esperar tres años —a la próxima elección intermedia— de acuerdo a la normatividad del INE). En cualquier caso, el público tiene el legítimo derecho de cuestionar: ¿quién será el árbitro de la consulta?, ¿cuántas casillas y en dónde?, ¿con qué criterio se eligió al árbitro y a la instalación de casillas?, ¿por qué esos criterios y no otros?, ¿por qué esas preguntas y no otras? Tales cuestionamientos ya están hoy en los medios y mientras más tiempo pasa más se elevan los costos, en términos de legitimidad política, que el gobierno tendrá que pagar. Para empeorar las cosas, cada vez surgen más actores involucrados con posturas opuestas. Varios políticos de MORENA se han manifestado abiertamente en contra del NAIM, lo cual aumenta los costos del presidente por mantener el status quo (i.e. seguir con la construcción). Las encuestas, por otro lado, parecen confirmar que la opinión pública está a favor de que el aeropuerto se quede en Texcoco. Los pobladores de la región, por su parte, han sugerido que sin importar lo que diga la consulta, el aeropuerto tiene que cancelarse. Y tienen un argumento válido: porque alguien de Monterrey, por ejemplo, tendría que estar decidiendo sobre el uso de suelo en el Estado de México. ¿Era realmente la consulta un tema que exigía la opinión de todos los mexicanos o pudo haberse limitado a los pobladores de la región? En cualquier caso, el gobierno se encuentra en un punto de no retorno. Cualquier decisión que asuma representará un costo significativo en su legitimidad, y cuando los sacrificios son ineludibles, la mejor decisión que puede tomarse es la de reducir los daños. El escenario tendencial, de acuerdo a encuestas como Consulta Mitofsky, la ciudadanía votará mayoritariamente por continuar el aeropuerto de Texcoco. Lo mejor que puede hacer el gobierno en tal escenario es acatar la decisión. Si el presidente así lo anuncia, es poco probable que algún dirigente de MORENA decida contradecir la postura oficial. Restaría compensar de alguna forma a los pobladores aledaños y mitigar el impacto ecológico (inherente a cualquier megaproyecto) en la medida de lo posible. A nadie conviene un gobierno que erosione su legitimidad política antes de asumir formalmente el poder. En lo sucesivo, el gobierno del AMLO deberá escoger qué temas vale la pena llevar a consulta y cuáles otros deben resolverse con la legitimidad que el pueblo les ha conferido en las urnas por seis años. Afortunadamente, parece que el gobierno aprende rápido de sus errores: el tren bala no se someterá a consulta popular, se llevará a cabo ‘sí o sí’, ahora que ya se cuenta con la anuencia de los gobernadores. Una última palabra vale la pena agregar: tampoco el apoyo que se obtiene en las urnas es un cheque en blanco… OPINIÓN / AMLO y la corrupción

Hace una década, en un artículo de opinión, el hoy coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo una declaración de escándalo. Afirmó, con inusual franqueza, que durante años, ha habido arreglos entre políticos y narcotraficantes. Describió los contornos de un arreglo de paz por tolerancia, un presunto decálogo para narcotraficantes que habría existido en las décadas de gobierno priísta: “No muertos en las calles; no drogas en las escuelas; no escándalos mediáticos; entregas periódicas de cargamentos y traficantes menores; derrama económica en las comunidades; no proliferación de bandas; cero tratos con la estructura formal del gobierno (policías o funcionarios judiciales); cobrar errores con cárcel, no con la vida; orden y respeto en los territorios; invertir las ‘ganancias’ en el país”. Esa afirmación generó ruido no por falsa, sino por mostrar un esqueleto del clóset nacional. No, nunca existió un pacto formal entre el régimen y los narcos. Pero sí hubo (y tal vez todavía haya) una administración política del delito. Paz en las calles, tolerancia en los callejones. Y carteras abultadas de algunos funcionarios.  Esa es la corrupción que, dicen, salva. Es la deshonestidad que evitaría matazones, la que permitiría suplir la ausencia de instituciones. Pero tiene una hermana maligna, la corrupción, que mata. ¿Ejemplos? Uno muy obvio: Iguala, Guerrero, septiembre de 2014. No es necesario repasar todos los detalles de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero sí es necesario enfatizar dos datos: 1) la orden de aprehender a los estudiantes provino presuntamente del alcalde, y 2) la entrega a los asesinos fue obra de policías municipales.   En ese caso, la tragedia fue consecuencia directa del arreglo corrupto entre autoridades y criminales. La corrupción convirtió a la policía en el músculo de una banda de homicidas. ¿Entonces cuándo mata y cuándo salva la corrupción? ¿Hay deshonestidad pacificadora y deshonestidad que atrae balas? No tengo una respuesta categórica a esas preguntas. Tal vez en algunas circunstancias sea preferible un poco de coima a un mucho de bala. Tal vez en otras, no quede más remedio que arrancar de raíz el fenómeno. Tal vez sea un asunto de plazos: algo de tolerancia en lo inmediato, cierre de toda rendija en el futuro. Esta discusión suena muy teórica, pero tiene aplicación práctica. El gobierno entrante, en voz de Andrés Manuel López Obrador, ha prometido erradicar la corrupción. No contenerla, acotarla o reducirla: erradicarla. Eso, además de improbable, suena poco sabio. Al menos poco estratégico: no toda la corrupción es idéntica, no toda daña igual. Alguna está imbricada de tal manera en el cuerpo social que extirparla de golpe desestabilizaría a regiones enteras: pongan en esa categoría a muchas formas de cobro de rentas a la economía informal. Alguna es difícil de detectar o su combate exige enormes esfuerzos de vigilancia: piensen aquí en modalidades diversas de evasión fiscal. Añádase otro problema: prevenir y sancionar la corrupción consume recursos. Si estamos hablando de Duartes o estafas maestras, el asunto se paga solo. ¿Pero es el caso para la corrupción al menudeo, la mordida callejera o el soborno de ventanilla? No siempre, no en todos lados. Dada esa lógica, el combate a la corrupción debe proceder con bisturí, no con machete. El impulso del cruzado debe moderarse con la prudencia del ingeniero y la visión del estratega. En 2024 va a seguir habiendo corrupción en México. De eso, por citar a un clásico, me canso ganso. Pero tal vez puedan haberse cerrado algunos espacios de deshonestidad cínica y maligna. Eso ya sería un gran resultado.

Frentes Políticos

I.  Sin piedad. En la Cámara de Diputados, al comparecer por la glosa, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, dijo “no necesito amnistía ni perdón de nadie”; envalentonada, aseguró que a quien quisiera, lo acompañaba para levantar cualquier acusación hacia su persona. La que debía ser una comparecencia por el trabajo realizado, se convirtió en una especie de juicio sumario contra la funcionaria, quien recibió duras críticas y ataques. El clímax lo protagonizaron el petista Gerardo Fernández Noroña y el priista Luis Miranda, quienes casi se lían a golpes. Siete horas, sí, siete horas en el pancracio... Ojalá más adelante se dedique igual o mayor tiempo a temas trascendentales. II. Sospechoso crecimiento. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, promete ser implacable con las construcciones irregulares; afirmó que ya tiene una lista bien identificada. Prometió acabar con la corrupción en cuanto a edificaciones en diversos predios de la demarcación, como los son los de Insurgentes 2021 y Periférico 3042. ¿Qué ocurrió en los últimos años en la Ciudad de México que tantos y tantos edificios surgieron casi de la nada? ¿Es un gran negocio como afirma Sansores? Promete mano dura, aquí la cuestión es, si lo cumple, ¿habrá sanciones para los funcionarios beneficiados?, y otra no menos importante, ¿qué sucederá con las familias ya afincadas en esas construcciones? III. La coperacha. Al final, después de tantos dimes y diretes, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio luz en el camino. Cada uno de los 255 diputados federales de Morena donará poco menos de seis mil pesos para costear la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Aclaró que la consulta, cuyo costo se calcula en 1.5 millones de pesos, se pagará del bolsillo de los legisladores de su partido, incluidos los senadores, ya que el gobierno electo no tiene recursos disponibles para llevarla a cabo. Aunque Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, dijo que, hasta la mañana de ayer, a ellos no les habían preguntado si están dispuestos a aportar para cubrir los gastos de la consulta. Pequeño detalle. IV. El doble de recompensa. Los departamentos del Tesoro, de Justicia y de Estado de Estados Unidos anunciaron ayer una ofensiva coordinada para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al duplicar la recompensa a diez millones de dólares por informes que conduzcan a la captura de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, identificado como el líder de esta agrupación. “Creemos que trafican al menos cinco toneladas de cocaína y cinco toneladas de metanfetamina a los Estados Unidos cada mes”, afirmó el fiscal general de EU, Jeff Sessions. Muy bien, parece que ahora sí habrá trabajo conjunto de los mayores consumidores de droga del mundo, el combate ya no sólo será labor de México, los muertos ya no los pondremos sólo nosotros. V. Con honores. Televisión Mexiquense está nominada para ganar un premio Emmy en la séptima edición de los Premios Internacionales Infantiles Emmy, a celebrarse el próximo 9 de abril de 2019. Y no era para menos. El programa Las mil y una notas, que produjo junto con la Orquesta Filarmónica de Toluca, fue seleccionado por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de Televisión como uno de los mejores cuatro programas para niños del mundo, en la categoría Factual, por lo que podría hacerse acreedor a un Emmy. El anuncio se hizo durante la Mipcom 2018, celebrada en Cannes, Francia, donde se dio a conocer a los 28 nominados de siete categorías. Muy feliz debe estar el gobernador Alfredo del Mazo. Participar ya es un premio, se dice por tradición. Suerte.