Editorial EL UNIVERSAL / Nayarit: la lenta justicia

Nunca como ahora se ha actuado judicialmente contra tantos ex gobernadores señalados por corrupción y desvíos millonarios de recursos. Algunos están a la espera de sentencia, uno pendiente de ser extraditado y al menos dos más están siendo investigados. La gran crítica, sin embargo, es que el inicio de los procesos se haya dado luego de denuncias en medios de comunicación o por presión de grupos sociales o de partidos políticos. La revelación de presuntos malos manejos no fue motivo para investigar a gobernadores durante su gestión. En el caso emblemático de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, las sospechas comenzaron casi al arranque de su gestión, en enero de 2012, cuando un integrante de su gobierno fue detenido con 25 millones de pesos en efectivo, continuaron con el retraso del pago de salarios a maestros y demás trabajadores estatales, para concluir con la divulgación de que creó empresas fantasma a las que asignó contratos. La actuación de la justicia en su contra se dio en el momento en que ya no se encontraba en el país. Algo similar ocurre con otro Duarte, César, ex gobernador de Chihuahua. En su administración fue ampliamente señalado de hacer mal uso de recursos públicos, pero tuvieron que pasar 15 meses desde que dejó su cargo para que la Procuraduría General de la República anunciara que tiene abiertas 11 causas penales contra el ex mandatario y que se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes de extradición. Tiempo más que suficiente para que el ex gobernador, que ya no se encuentra en el país, intente evadir la justicia. En Nayarit, la situación es parecida. Hace siete meses la PGR atrajo la carpeta de investigación por el presunto enriquecimiento inexplicable del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, pero hasta ahora no hay avances, a pesar de las pruebas que ha presentado la llamada Comisión de la Verdad, conformada por ciudadanos de esa entidad. En su periodo como gobernador, Sandoval utilizó al Congreso estatal para reformar a modo las leyes y no pudiera ser investigado. EL UNIVERSAL ha dado cuenta también de los presuntos ilícitos cometidos por el ex gobernador, pero el tiempo transcurre y no hay respuesta de la autoridad. En la mala actuación de mandatarios locales ha habido complicidad, control y sometimiento de las instituciones locales, tanto del Poder Legislativo como del Judicial. Es en esos momentos cuando se desearía una intervención federal imparcial para conservar el Estado de derecho, y no cuando ya es demasiado tarde.

Frentes Políticos I.  Coincidencias. Los movimientos en el PRD están llenos de casualidades. La primera, que la vencedora de las encuestas sea Alejandra Barrales. El PAN y MC avalaron a Barrales cuando cedió la candidatura presidencial a los azules. Qué sincronía. Coincidente es que integrantes de la corriente IDN en la delegación Coyoacán renunciaran al partido para respaldar a los precandidatos a la presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de Morena. Barrales competirá contra Claudia Sheinbaum, de Morena, y contra Mikel Arriola, por el PRI. Así, Armando Ahued y Salomón Chertorivski, dejarán su papel de patiños. Fin de la simulación. II. Proyectos ausentes. Una vez cerrada la tríada de precandidatos al gobierno de la Ciudad de México, con la designación de Alejandra Barrales, por el Frente PAN-PRD-MC, Mikel Arriola, del PRI, dio el primer paso serio en estas precampañas. Retó a Barrales y a Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, a un debate para discutir propuestas de altura. La invitación pública sacaría al proceso de las descalificaciones. “Es momento de contrastar ante los capitalinos las visiones de ciudad de cada uno de los contendientes”, dijo. Aceptar es lo correcto. Negarse mostraría debilidad. ¿Le entran? Porque el futuro no se cimenta con insultos, sino con propuestas. Que comience la sana competencia y la lluvia de propuestas.  III. Detonante. Jaime Rodríguez, El Bronco, se convirtió en el primer aspirante a ser candidato independiente a la Presidencia, sobrepasó las 866 mil 593 firmas exigidas, pero se encontraron irregularidades en los apoyos, cada una de las firmas se revisarán mediante una muestra, en caso de encontrarse inconsistencias se verificarán todas. Este procedimiento iniciará pronto, luego de que el INE comenzó la definición de las muestras que va a tomar de las firmas encontradas en el listado nominal de los aspirantes presidenciales, a fin de detectar si se incurrió en irregularidades. Fuentes del INE explicaron que no se van a esperar a que termine el plazo de recolección, el próximo 19 de febrero, para iniciar con la revisión detallada. ¿Se debe preocupar El Bronco? IV. Jaque Mate. Lo anheló tanto y ahora que es una realidad, aunque caracterizada por la creciente violencia e inseguridad de la entidad, al gobernador de Puebla, Antonio Gali, parece urgirle su reemplazo, pues durante su Primer Informe de su breve gestión, que concluye en diciembre de este mismo año, no reparó en elogios hacia la esposa de su antecesor, Martha Erika Alonso, quien se dice es ya segura candidata del Frente PAN-PRD-MC al gobierno poblano. Y no es para menos, pues el trasiego de drogas, huachicoleros, feminicidios y hasta el reciente asesinato de un empresario son el botón de muestra de lo que pasa en la entidad previo a su Primer Informe de Gobierno que se produjo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Su gestión parece ajedrez, está en jaque. V. Concéntrense. ¿Qué frena concretamente los nombramientos anticorrupción?, se preguntó Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión Permanente del Congreso. La política electoral, respondió. ¿Qué frena esos nombramientos? El interés de los partidos. ¿Qué hace que no se puedan elegir a estos funcionarios? Una sola cosa: el cálculo electoral. “Hoy la oposición piensan que dejar al país sin estos nombramientos es más caro para el PRI que para ellos y no quieren acceder a hacer los nombramientos”, refirió. Por ello, dijo, no se ha cerrado la pinza para elegir al auditor superior de la Federación, al fiscal Anticorrupción y al fiscal General de la República. La clase política no ha entendido el rechazo de los ciudadanos, eso sí, primero sus intereses.