Más allá de la Guardia Nacional El crecimiento económico, la disminución de la pobreza, el respeto a los derechos humanos, el combate frontal a la corrupción y el abatimiento de la violencia son los principales retos que enfrentará el gobierno federal entrante a partir del próximo 1 de diciembre. De forma particular, la seguridad pública ocupa un lugar preponderante en un contexto en el que las violaciones sistemáticas al Estado de Derecho son cosa de todos los días. Es sabido que el crimen organizado se apoderó desde hace tiempo de amplias regiones de la geografía nacional, del mismo modo que penetró las entrañas del Estado mexicano hasta controlar burocracias políticas y gubernamentales bajo la consigna de plata o plomo. Ante ello, la próxima administración federal ha delineado un plan basado en la conformación de una Guardia Nacional, conformada principalmente por marinos y militares, para combatir al crimen organizado y la inseguridad que éste provoca. Diversas voces se han levantado para cuestionar la conveniencia de algunos aspectos que prevé el plan del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Una de estas voces, como da a conocer hoy EL UNIVERSAL, es la de autoridades de la Unión Europea, organismo que manifestó que evaluará si dicho plan de seguridad es compatible con el respeto a las garantías individuales. Recientemente, organizaciones de corte global, como Amnistía Internacional, así como múltiples instituciones y expertos mexicanos, han expresado su preocupación por lo que implica llevar a cabo el plan nacional de seguridad delineado. De acuerdo con estas manifestaciones, la aprobación de la Guardia Nacional pondría en riesgo al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. A pesar de que la situación de seguridad en nuestro país es delicada y apremiante, una decisión de tal profundidad no solo marcará el destino en la materia del nuevo gobierno, sino a la estabilidad democrática y legal de nuestro país en el mediano plazo. Por ello es indispensable que las reformas legales y las políticas públicas que se implementarán surjan a partir de una visión conjunta, de largo aliento, con el fin de que se permita la preservación del país y sus habitantes. El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador todavía tiene tiempo para replantear aquellos aspectos que debilitan su propuesta de seguridad pública. Al respecto, es necesario que tome en cuenta los señalamientos que han hecho múltiples organizaciones de la sociedad civil, así como organismos defensores de derechos humanos. La seguridad pública compete a todos, y a todos hay que incluir en la definición de un futuro que nos implica. De eso se trata el ejercicio de la democracia para construir bien común y alcanzar la paz. 22 de Noviembre de 2018 I. Nuevos tiempos. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sigue sorprendiendo. Ayer se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto con el objetivo de definir el programa del 1º de diciembre. En su cuenta de Twitter detalló que invitó “a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional”. A través de su perfil en Facebook, agregó: “es probable que sea la última entrevista que sostengamos en este periodo de transición”. Mientras tanto, a nueve días de que termine el sexenio, los cuerpos de seguridad del Estado Mayor Presidencial fueron retirados. ¿Temas entre mandatarios, muchos?: pensión, investigación, aeropuerto... Un encuentro para la historia. II. ¿Dónde está la puerta? El político a quien la transición se le ha vuelto una pesadilla es Otto Granados Roldán, el aún secretario de Educación. No solamente ha realizado un trabajo gris claro en los meses a cargo, ahora lo que no encuentra es la salida. Cuentan que está en la mira de los que llegan por los contratos que autorizó al Sistema de Gestión Educativa como subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación; y no sólo eso, también lo persiguen las contrataciones para los operativos de la evaluación magisterial, otro de sus pecados. Y para añadirle drama a su cierre de sexenio, ya se enteró del regreso de la maestra Elba Esther Gordillo, quien pretende recuperar lo que le quitaron y quien, por cierto, siempre lo culpó de haber impulsado su detención. La política, esa cruel rueda de la fortuna... III. Congruencia. El empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, fue de los primeros en referirse a la visita de Enrique Peña Nieto a la casa de Andrés Manuel López Obrador. “Reconozco al Presidente electo por esta muestra de cortesía institucionalcon el presidente Peña Nieto. Abona al fortalecimiento de la democracia y a una transición en concordia”. El futuro mandatario, lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva no quiere venganzas. Una vez con el triunfo prefiere la paz y trabaja en ese sentido. Muestra una alta sensibilidad y magistral oficio político. EPN sale por la puerta grande y ahora el objetivo es seguir reconstruyendo a México, pero unidos. Competitividad, estabilidad y confianza. Esto es el futuro. Vayamos por él. IV. Día D. Juan Díaz no resistirá mucho más como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y eso lo intentará aprovechar Elba Esther Gordillo. Hoy, jueves, es el Consejo Nacional del SNTE y se prevé la salida de Juan Díaz para que un interino convoque a todos los maestros de educación pública para ir a una elección, en teoría, transparente, libre y secreta. Y el grupo de mayor credibilidad es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, STE, paralelo al SNTE, que encabeza el potosino Carlos Jonguitud Carrillo. Fuerza pura: tiene medio millón de agremiados en las 32 entidades del país. ¿Choque de trenes?. V. ¿Ya van a empezar? Apenas está aprobándose y ya una magistrada obtuvo una suspensión contra la Ley de Remuneraciones. Un juez federal de Mazatlán, Sinaloa, concedió una suspensión provisional que congela la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el Presidente de la República. A nadie le gusta la cifra mágica de 108 mil pesos mensuales. El juzgador expuso que la magistrada Sonia Castro, al comprobar c on diversos documentos su puesto al interior del Poder Judicial, cuenta “a nivel subjetivo” con la protección constitucional, para prohibir que se disminuyan sus remuneraciones durante su encargo. Atreverse a llevarle la contraria a un cambio necesario en el país no tiene precio. El descrédito sí que le va a salir muy caro.