Editorial EL UNIVERSAL / ¿Es opción congelar precios? Hay millones de personas en el país, principalmente aquellos menores de 35 años, que saben muy poco sobre control de precios o precios congelados. A ellos les ha tocado vivir una etapa en la que la economía mexicana ha tenido que competir en el mundo en condiciones de apertura y de igualdad ante el resto de sus socios. Desde mediados de la década de los 80 el país fue cambiando poco a poco su economía. Atrás iban quedando los precios únicos para productos, y aparecían términos como competencia, valor agregado e innovación. El sector energético fue de los últimos en abrirse y en adecuarse a los estándares internacionales. En 2017 se liberó el precio de la gasolina, una experiencia nada gratificante para la población; a principios de ese año los aumentos desataron protestas sociales. En el proceso electoral que vive el país, el candidato Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que de ganar el próximo 1 de julio congelará los precios de la gasolina durante los primeros tres años de su administración. Ahora los gasolineros advierten posibles consecuencias si se da ese escenario: se frenarán inversiones por 16 mil millones de dólares que se habían previsto para construir nuevas estaciones de servicio e infraestructura para almacenar, distribuir y transportar combustibles. Plantear en la actualidad el control de precios es una medida obsoleta y fuera de lugar. Poner límites en los costos de artículos no alienta la producción. ¿Para qué esforzarse por generar un bien o por ofrecer un mejor servicio si el productor o el empresario no puede fijar el precio? En este caso el control lleva a una menor oferta de bienes. No se puede negar, sin embargo, que para el consumidor el único dato relevante es que la gasolina ha bajado de precio en Estados Unidos mientras en México ha ido a la alza, que los incrementos se dieron por encima del resto de otros productos e incluso generaron índices inflacionarios que no se habían visto en casi dos décadas, pero no por ello hay que volver a prácticas superadas. El mes pasado la Comisión Federal de Competencia Económica anunció que investiga posibles prácticas de gasolineros que atentan contra la competitividad y que eventualmente irían en perjuicio del cliente. Esa debe ser la función del gobierno: más que imponer o congelar precios, regular el mercado e impedir la confabulación de grandes consorcios para cometer abusos. El estado tiene que ser facilitador de inversiones y no un obstáculo.

Frentes Políticos I. Regalote. Los magistrados del TEPJF declararon, en el caso de los candidatos independientes, inaplicable la prohibición constitucional que permite sólo 10% de gasto de campaña como tope para el dinero privado. Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón podrán obtener financiamiento privado hasta por 422 millones de pesos, pues al otorgárseles siete millones de financiamiento público (aunque lo regresaron), no podrán pasar del tope de 429 millones previsto como tope de gasto de campaña para candidatos presidenciales. La magistrada presidenta Janine Otálora subrayó que esta decisión no es un cheque en blanco. Pero a ellos ya les brillaron los ojitos… Más dinero para tirar a la basura, qué felicidad. II. Avance o no. El país no se detiene a fuerza de spots. Lejos de las campañas electorales, el Pleno del Senado aprobó que sea el gobierno Federal el que regule los servicios de seguridad privada, y avaló crear el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. “Su objetivo radica en establecer orden en el sector”, explicó el senador priista Ernesto Gándara, autor de la iniciativa que fue votada en contra por el PT y una parte del PAN, y también confrontó a exgobernadores: Manuel Bartlett (de Puebla) y Juan Carlos Romero Hicks (de Guanajuato) acusaron que se está “centralizando” la seguridad, con policías privados. Seis mil empresas de seguridad en el país; la mitad fuera de regulación. Verdaderas fábricas de delitos. ¿Y aun así no se ponen de acuerdo? III. Firmeza. Dicen que la política no es de distancia, sino de resistencia. Eso lo sabe bien el abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien, como marinero en medio de una tormenta, ha resistido los embates. El líder de Morena ayer llamó a sus seguidores a “construir y enviar mensajes de principios, ética, moral y escrúpulos” a quienes buscan detener su camino rumbo a la Presidencia. Esta semana aclaró algunas de las acusaciones que sus oponentes le hicieron en el primer debate, pero algo hay que reconocerle a AMLO, pese a estar desde hace años en un barco a mar abierto, ha sabido hacer frente y ahora sin caer en provocaciones. Esta contienda electoral todavía tiene muchas sorpresas que darnos. IV. ¿Llamarada de petate? Con bombo y platillo se difundió la idea de acabar con el fuero de los funcionarios. Pero hasta ahora es sólo un proyecto. Desde la Cámara de Diputados se hizo un llamado a los senadores para que antes de concluir la Legislatura pueda aprobarse la eliminación del fuero. “Exhortarle a que emita el dictamen que revise la minuta y estemos en condiciones de que se haga una realidad”, sentenció Daniel Ordóñez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. El diputado del PRI Braulio Guerra señaló que es una “oportunidad histórica” para darle a la ciudadanía confianza en sus instituciones. ¿Se atreverán a congelarla en pleno proceso? Lo dudamos. V. La guerra. Los grupos delincuenciales también se juegan su futuro en estas elecciones. Pero para ellos no existe más diálogo que el de las balas. Los precandidatos a un cargo de elección popular son los actores políticos que han sufrido más ataques mortales en el actual proceso electoral, pues 20 de ellos han sido asesinados desde el 8 de septiembre. Representan la cuarta parte de los 83 políticos que han sido asesinados, de acuerdo con lo documentado por Etellekt, consultoría especializada en temas de riesgos políticos y seguridad. Con el inicio formal de las campañas se prevé que los asesinatos se detengan, consideró Rubén Salazar, director de la consultoría. ¿Y por qué no mejor que los frenen quienes deben, es decir, los cuerpos de seguridad, estatales y municipales?