Editorial EL UNIVERSAL / Es cuestión de desigualdad La percepción de que alcanzar un cargo público equivale a obtener un jugoso botín económico, difícilmente desaparecerá si continúan los privilegios de los que hoy da cuenta información de EL UNIVERSAL. Aún no se eligen a los diputados, ni siquiera a los aspirantes a llegar al Congreso, pero la actual Legislatura ya aseguró para los legisladores que se instalarán en septiembre millonarias bolsas en vales de despensa, alimento y gasolina. Los diputados actuales perciben cada mes 73 mil 910 pesos de sueldo, 45 mil 786 por asistencia y 28 mil 772 para atención ciudadana. Además de ese sueldo no tienen que preocuparse por el pago de la comida en cada sesión legislativa ni por el gasto en gasolina, pues para cubrirlos ya se adjudicó un contrato anual por 264 millones de pesos, cifra 35 millones más alta que la adjudicada hace apenas dos años. De 2016 a 2018 el gasto en este rubro aumentó 15%. Es claro que los ingresos y prestaciones de los legisladores no serían noticia si el grueso de la población contara igualmente con salarios y prestaciones que cubrieran más allá de sus necesidades básicas, pero ocurre lo contrario. En el país al menos la mitad de la población vive en situación de pobreza y el poder adquisitivo de los sueldos se ha reducido. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), principal organismo de medición de la pobreza, ha señalado que el sueldo mínimo que rige en el país se encuentra por debajo de la línea de bienestar. A lo anterior se agregan cifras del Inegi sobre ocupación y empleo que señalan —al cierre de 2016— que casi la mitad de la población ocupada en el país sólo gana hasta dos salarios mínimos, unos 5 mil pesos. Hay más datos: la población ocupada que gana más de tres salarios mínimos se redujo drásticamente al pasar de 23.8% en el primer trimestre de 2013 a sólo 17.9% del total en el segundo trimestre de 2017. Por su parte, los que ganan menos de tres salarios mínimos aumentaron de 65.6% a 68.9% para igual periodo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también ha documentado que los ingresos que obtiene 10% de la población más rica es 29 veces mayor a lo que recibe 10% de la población más pobre. Mientras millones de mexicanos no dejen atrás su situación de pobreza, las prestaciones y los sueldos de legisladores y de la alta burocracia seguirán siendo una ofensa para ellos. Es mera cuestión de desigualdad.

Frentes Políticos I. Para la reflexión. Durante la celebración del Día de la Bandera, el panista Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, advirtió que las alianzas simuladas y basadas en el oportunismo ponen en riesgo los avances logrados. “Nuestra generación debe estar alerta, no debemos asumir, como se hizo en otros países, que la estabilidad, el crecimiento económico y las libertades que hoy gozamos van a estar ahí por siempre”, afirmó. El senador panista precisó que ahora el populismo proviene de la izquierda y de la derecha. “Es tiempo de preservar el futuro”, dijo. Tiene razón. Nunca el voto fue tan letal para el país como ahora. Lo externado por Cordero no es poca cosa. ¿Debemos preocuparnos? II. Justicia. Desde hace ya muchos años la policía mexicana ha perdido prestigio por sus cada vez más constantes intervenciones en delitos cometidos contra quienes debían proteger. La Fiscalía General de Jalisco confirmó infiltración del crimen organizado en la policía de Tecalitlán y por el caso de los tres italianos desaparecidos, hay cuatro policías detenidos. Estarán un año en prisión preventiva. Responderán por el delito de desaparición forzada de personas, que en Jalisco alcanza una pena de hasta 60 años de prisión. Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, pierde credibilidad, así como también su compromiso por luchar frontalmente contra la delincuencia. Sus pifias permitieron que emergiera el Cártel de Jalisco Nueva Generación. No es poco. III. Rumbo seguro. Los senadores priistas tienen la certeza de que las reformas estructurales son la pauta para la consolidación del desarrollo económico del país. Su aprobación permitió el apuntalamiento del progreso y la superación de México. Emilio Gamboa aseguró que el resultado de esos cambios fundamentales y necesarios dieron como resultado, en el actual sexenio, inversiones históricas extranjeras directas por más de 171 mil millones de dólares, que hacen que el mundo vea a nuestro país con una economía seria y confiable. Avances consistentes en los que no se pueden poner en práctica programas que den marcha atrás en estos cambios con la llegada del próximo gobierno. Bien. IV. Números rojos. La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias contra varios estados por el presunto desvío de 45 mil 613 millones de pesos, pero lo más grave es que más de la mitad de esos recursos, 57.4%, corresponde al desfalco en Veracruz. Juan Manuel Portal, auditor, antes de su salida aceleró las pruebas para presentar otras siete denuncias en contra del gobierno de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, hoy preso en el Reclusorio Norte. De 73 denuncias contra el gobierno de Veracruz, sólo tres de ellas no corresponden a la pasada administración. ¿Y todo ese dinero, simplemente, desapareció? Que lo regresen. V. Confrontación de ideas. Por considerar saludable para la ciudadanía, el pensamiento, la experiencia, los conocimientos y la oferta de los candidatos presidenciales, así como el perfil de quienes pretenden gobernar al país, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, y el PRI impugnaron ante el TEPJF y el INE que éste no impida los debates en intercampañas entre los contendientes, pues no cuenta con atribuciones para restringir la libertad de expresión en un proceso electoral. La representante priista ante el INE, Claudia Pastor, dijo que no se debe permitir que pase más tiempo sin que se contrasten las ideas de Meade, Anaya y López Obrador, porque no da margen a la reflexión del votante sobre quienes buscan gobernar al país. Se debe debatir sí o sí.