¿Normalizar la violencia?

Lo peor que se puede hacer ante la violencia que registran algunas zonas en el país es aprender a “vivir” con ella y modificar patrones de conducta en la población mientras la autoridad se muestra poco competente para contener los actos fuera de la ley. Al menos cinco de los 10 puntos que contienen los “Protocolos de seguridad para los centros educativos federales de Educación Media Superior” caen en el anterior supuesto y recomiendan qué hacer frente a casos vinculados con la delincuencia. Así, los alumnos de bachilleratos federales de todo el país, deberán aprender y estar preparados para reaccionar ante balaceras, enfrentamientos entre grupos criminales u operativos de las fuerzas federales que ocurran dentro o cerca de sus planteles. Lo que desde 2010 se venía haciendo en escuelas de educación básica por la situación de violencia, ahora se replicará en los diferentes sistemas de bachillerato dependientes de la Secretaría de Educación Pública en “prácticamente todo el país”. Es comprensible que se emitan guías de acción en caso de que ocurran hechos fortuitos como accidentes en viajes escolares, lesiones en el plantel o incluso casos de bullying, pero las recomendaciones para resguardarse de la violencia son únicamente medidas de reacción; el potencial que tienen los centros de enseñanza para sembrar acciones de prevención se desaprovecha de manera total. El nivel escolar al que está dirigido el protocolo es el que mayor número de deserción registra en el sistema educativo. Así como se proponen medidas de seguridad, también debería adoptarse un esquema para retener a todos los alumnos en las aulas, además de difundir la importancia de que México se convierta en un país en el que esté vigente de manera plena el Estado de derecho. Jóvenes que han dejado los estudios se vuelven el el principal blanco de grupos delictivos que se encuentran en busca de reclutas. El objetivo que se plantea el protocolo es “sistematizar, fortalecer y ampliar las capacidades de las escuelas para hacer frente a distintas problemáticas”. Lo que hace falta es destacar que las recomendaciones deben ser consideradas por alumnos y profesores como estrictamente eventuales, pues el futuro para el país no será nada halagador si se resigna a acostumbrarse a los hechos de violencia, en lugar de trabajar en las escuelas para modificar la realidad. 03 de Enero de 2018   I. Jaloneo. Francisco Martínez Neri, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, afirmó que el fundamento jurídico para controvertir la Ley de Seguridad Interior se trabaja con expertos de San Lázaro, y la alianza legislativa PAN-PRD-MC lo tendrá listo este jueves, por lo que a más tardar el 15 de enero presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzarán a recolectar firmas en contra el ordenamiento que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas combatan al crimen organizado, una ley clamada durante meses. Tanto avanzar para que ahora pidan frenarla. Absurdos, de verdad. II. A cuentagotas. Manuel Granados, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), confía en que enderezará el barco en sólo unas semanas, lo cual parece difícil. La alianza Por México al Frente se consolida en apenas siete de 30 entidades en las que habrá elecciones este año. Con la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato habrá coalición electoral con el PAN y Movimiento Ciudadano. El resto está en veremos. La pregunta es: ¿cuántos perredistas llegarán a los comicios? “Quien se quiera marchar del sol azteca, que se vaya”, los retó Granados. Y vaya que le están tomando la palabra. III. Los olvidados. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, logró que una juez congelara cualquier intento de las autoridades por trasladarlo del Reclusorio Norte a otra prisión. Le concedió una suspensión que ordena, además, que se le siga proporcionando la atención médica necesaria ante el deterioro de su salud. En tanto, Andrés Granier, exmandatario de Tabasco, obtuvo un amparo contra el auto de formal prisión por defraudación fiscal agravada, sin embargo, seguirá recluido en el penal de Tepepan, ya que enfrenta cuatro juicios más. Casos ejemplares de cuando “el que la hace, la paga”. Los menos, pero ahí están. IV. Retraso. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ventiló que existen seis estados a los que no les importa colaborar con la sociedad civil para convertirse en gobiernos abiertos y transparentes. Es grave, pues se trata del 20% de las entidades en el país. Aguascalientes, Colima, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Yucatán han desestimado contar con un gobierno que busque resolver problemas públicos de forma colaborativa. En las otras 26 entidades de la República Mexicana participan más de 120 organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué tan reacios al cambio? Habrá que recordarle a los gobernadores de estos estados que solos y necios no llegarán muy lejos. El resto del país ya los rebasó. V. Fracaso social. En Aguascalientes llevan al menos una década con un problema en crecimiento. Y ahora las cifras les pintan la realidad: 2017 cerró con 144 suicidios en el estado, una cifra histórica, informó Héctor Grijalva Tamayo, director de Salud Mental y Adicciones del estado. El año anterior hubo 126, y durante los últimos siete a ocho años la cifra ha ido aumentando cada año. “Se trata de un incremento que nosotros consideramos muy alarmante”, advirtió. Los porqués deben estar en el escritorio del gobernador Martín Orozco, quien debería salirse del Twitter y mejor ponerse a trabajar, porque son jóvenes quienes se están matando.