Editorial EL UNIVERSAL / Resistencias anticorrupción El combate a la corrupción en México lleva décadas presente en la opinión pública sin que haya llegado todavía a buen puerto. Desde la prometida “renovación moral de la sociedad”, en la década de los 80, el avance ha sido poco. Probablemente la creación de la Secretaría de la Contraloría —ahora Secretaría de la Función Pública— y la ley de transparencia son las medidas más conocidas. Sin embargo, la primera tiene en contra que ejerce la función de vigilante de los recursos públicos, pero pertenece a la estructura gubernamental; es juez y parte. En cambio quienes buscan tener acceso a la información oficial, a menudo se enfrentan a negativas porque la documentación se ha clasificado como “reservada”. En los últimos años, la bandera de la lucha anticorrupción fue tomada por organismos sociales y desde entonces brega contra resistencias. En entrevista que hoy publica este diario, Marieclaire Acosta, quien ocupará desde mañana la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción señala a los partidos como uno de los frenos más importantes para que se completen los nombramientos pendientes, entre ellos el del fiscal y de los magistrados en la materia. Si algunas resistencias han cedido es resultado de la presión ejercida desde trincheras ciudadanas que buscan fijar las bases para edificar instituciones que comiencen a cambiar el rostro del desempeño de la administración pública en el país. A pesar de que la creación de un esquema anticorrupción fue una de las líneas que el actual gobierno se propuso al inicio de su gestión, ahora, casi al final, no ha sido posible instaurarlo plenamente. La voluntad política ha quedado corta frente a la exigencia de una sociedad involucrada en el objetivo de transformar la manera en que se utilizan los recursos públicos. Encarcelar a gobernadores acusados de robo de recursos públicos es un gran paso, pero se necesita acercar a organizaciones civiles como garantes del correcto uso del presupuesto. En este tipo de cruzadas, ningún gobierno puede dejar fuera a los ciudadanos. Como señala Acosta, el problema de la corrupción tiene efectos en diversos ámbitos: economía, seguridad, confianza en instituciones, ambiente. Por eso la importancia de ponerle diques sólidos. Ningún país podrá evitar nunca que dejen de cometerse actos de corrupción, pero las naciones con estrictos controles han logrado niveles de desarrollo superiores. La clase política no tiene por qué frenar el arribo a ese puerto.

Frentes Políticos I. Lentitud que mata. Luis Sánchez, coordinador de los perredistas en el Senado, afirmó que se inicia el último periodo de la Legislatura “con poca expectativa” de ser productivo en temas trascendentes, pues ni siquiera han empezado las pláticas para sacar los nombramientos de los fiscales y magistrados anticorrupción. Acusó que Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, no ha convocado a los coordinadores para ponerse de acuerdo. “No hay pláticas, no hay una reunión establecida para tener una ruta, solamente en este momento son declaraciones mediáticas, pero no hay nada en concreto”, señaló. Tienen tantos pendientes que, mientras ellos los resuelven, el crimen organizado se aprovecha. Ni Mando Único policial ni Ley de Seguridad Interior. Este pasmo es mortal. II. Los otros soñadores. Migrantes mexicanos se reunieron con diputados del PAN, del PRD y de MC para exigir mayores posiciones en el Congreso. Les dijeron que no son sólo números, sino personas que ayudan a la economía del país y, por ende, también tienen derecho a participar en los procesos electorales. Carlos Arango, residente en Chicago, Illinois, y representante de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, dijo que los migrantes deben competir en los comicios, no sólo votar. “Tenemos el derecho a votar, pero también a ser votados y ésta es la demanda de este día, de cómo construimos la posibilidad de que no sea por la generosidad de los partidos, sino una cuestión ya de ley”, dijo. La propuesta no es mala, pero si a duras penas los políticos de aquí se acomodan en las curules, está difícil que les aparten un lugar. En política, como en religión, santo que no es visto no es adorado. III. ¿Y luego la horca? Se aprecia un poco acelerada la propuesta, pero Alejandro Domínguez, diputado del PRI, presentó una iniciativa para que se pueda castigar con prisión vitalicia a los funcionarios que incurran en abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Propone reformar el artículo 22 de la Constitución y diversas disposiciones del Código Penal Federal. “Porque no podemos permitir el señalamiento parejo, en el mismo rasero, a todos los que hacemos política en este país (…) Porque hay que ser claros, una persona que comete estos delitos solamente tiene una penalidad de dos meses a tres años de prisión”, dijo en tribuna. Dos puntos: si metemos de por vida a los políticos corruptos, ¿quién va a gobernar a este país? Y dos: si no pueden concluir la Ley Anticorrupción… pide milagros. IV. Restaurar la confianza. Las precampañas han inundado el ambiente político de un fervor guerrero pocas veces visto. Con todas las armas al alcance, legales y no, éticas y no, razonables y no. Demeritar al rival, ridiculizarlo, abatirlo mediáticamente. De todo se valen los partidos políticos. Por ello la preocupación de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, quien afirmó que el desencanto en la democracia representa uno de los principales desafíos para la autoridad electoral en la convocatoria para los funcionarios de casilla. Es tan grave el asunto que incluso dijo que, de haber resistencia a colaborar en el proceso, “todos estaríamos en problemas”. Hay muchos responsables en la ruta que nos ha traído hasta acá; no sólo los partidos. No hay mucho espacio, es la democracia que tenemos, la que hemos construido. Ejercerla es la mejor opción, hoy y siempre. Reivindicarse o morir. V. País de plomo. En Coahuila, una buena y una mala: la ciudadanía respondió favorablemente a la campaña Canje de Armas Intercambio por la Paz. La Secretaría de Gobierno informó que dicha acción se lleva a cabo en coordinación con el Ejército. Inició el 8 de enero y ha logrado sacar de los hogares y de las calles una importante cantidad de armamento. Durante la entrega no se investiga ni se pregunta la procedencia del arma, pues, al margen de la gratificación económica, de hasta tres mil 500 pesos, el mayor beneficio que se obtiene con esta acción es reducir los índices de violencia. La mala: la ciudadanía ha entregado, hasta ahora, 167 armas cortas, 81 largas, varias granadas y un peligroso lanza misiles. Esto es lo que tienen las familias en casa.