Editorial EL UNIVERSAL / Gasolineros, ¿unidos para abusar? La competencia no es un tema profundamente arraigado en la cultura empresarial mexicana. Durante décadas este país sólo conoció una televisora, una telefónica, una panificadora y unos cuantos bancos. El sector privado ha oscilado entre monopolios y oligopolios. A raíz de la apertura que emprendió México desde finales de la década de los 80 el escenario comenzó a modificarse de manera paulatina. Los cambios son notables, por ejemplo, en telecomunicaciones y en el sector bancario. Hay diversidad de ofertas con las cuales el único beneficiado es el usuario. Uno de los sectores que recientemente se abrió a la competencia fue el de la venta de gasolina. Aunque los dueños de las estaciones de servicio eran particulares, la marca siempre fue Pemex, así como el único distribuidor. Desde hace algunos meses cada gasolinera tiene una marca distinta, grupos extranjeros pueden invertir en el sector y el precio se liberó. Cada estación vende los combustibles a un costo diferente, por lo cual el cliente tiene la libertad de elegir la gasolinera que mejor convenga a su bolsillo. Todo suena muy bien, pero la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, dio a conocer ayer que investiga posibles prácticas de gasolineros que atentan contra la competitividad. En el último año, de acuerdo con el organismo, 10 por ciento de las estaciones de servicio en el país han cambiado de razón social. ¿Cuál es el riesgo? Que las compras o fusiones de gasolineras sean aprovechadas para realizar “alianzas” que vayan en sentido contrario a la anhelada competencia. El surgimiento de grupos con poder en el sector representaría la posibilidad de desplazar a competidores, establecer barreras o impedir el acceso de nuevos jugadores, y eventualmente establecer prácticas monopólicas en perjuicio del consumidor. Una investigación similar se conoció hace unas semanas en el mercado de distribución y comercialización de gas LP, cuyo precio ha aumentado entre 34% y 50% en el último año. La liberación de mercados en el país se pensó siempre en el beneficio de los usuarios. La premisa es: a mayor número de empresas en un sector, mayor competencia por ganarse clientes con mejor servicio y mejores precios. Sin embargo, lo que alcanza a mostrar el sector energético es la colusión de algunos competidores en detrimento de millones de mexicanos. Es en este punto donde se requiere la obligada intervención del Estado como regulador y con resultados lo más inmediatos posibles. Investigaciones que lleven meses o años no serán nada útiles.

Frentes Políticos I. Qué hay detrás. ¿Por qué si la inseguridad es la mayor preocupación en el país, senadores del PAN, del PRD, del PT y de Morena bloquearon la minuta que aprobó la Cámara de Diputados para utilizar por primera vez el mecanismo de consulta popular en la próxima elección? Se votó porque los electores respondieran sí están de acuerdo con la profesionalización de 32 policías, una por cada estado, en vez de las más de mil 800 corporaciones municipales mal capacitadas, mal entrenadas y mal coordinadas. Los responsables de la parálisis son Fernando Herrera y Marko Cortés, del PAN; Luis Sánchez y Francisco Martínez Neri, del PRD; Manuel Bartlett y Rocío Nahle, del PT-Morena, quienes han instruido para congelar esta consulta. ¿Por qué? ¿Y el INE y la Suprema Corte, qué piensan? Son instituciones que, por ley, deben garantizar el ejercicio de la consulta popular. II. Medalla a la inclusión. Ayer, en nombre de Enrique Peña Nieto, presidente de México, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, entregó a la Secretaría de Marina el Premio a la Cultura de Igualdad de Género. La Semar ha institucionalizado los principios de igualdad y no discriminación, y no es de hoy, sino desde hace décadas. El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, expresó que “la igualdad de género al interior de las filas de las instituciones se traduce en un fortalecido espíritu de cuerpo, en un ambiente en el que alentamos el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres”. Se entregó, asimismo, el Premio Nacional de Administración Pública a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Si todas las instituciones siguieran este camino, México se enorgullecería de sí mismo. III. ¿Sueño imposible? Se necesitan jueces que rechacen la corrupción, afirmó Margarita Luna Ramos, ministra de la SCJN. “Al interior del Poder Judicial de la Federación se requieren personas que no busquen servirse del poder, que sean hombres y mujeres con plena convicción ética y moral”. Al tomar protesta de 27 nuevos magistrados federales, señaló que la credibilidad de las instituciones no se ancla en el discurso si éste no va acompañado de acciones que rechacen todo acto de corrupción. Cuando el parámetro de honestidad en los servidores públicos a nivel nacional debería ser naturalmente elevado, en la actual vida política hay que apelar a los “garbanzos de a libra”, esos verdaderos funcionarios que le dicen no a los cañonazos de dinero, pues ni los jueces se salvan. IV. La hora del ciudadano. Si los mexicanos desean que la democracia se enriquezca, este miércoles tendrán la oportunidad de sumarse al proceso electoral. A partir de hoy los capacitadores asistentes electorales del INE comenzarán a tocar las puertas en busca de aquellos que podrán ser funcionarios de casilla el primero de julio. No es un castigo, se trata de la oportunidad de garantizar la transparencia ante la que se vislumbran como las elecciones más competidas de los últimos años. Durante 52 días estos emisarios del INE visitarán a 11 millones 694 mil 618 personas que fueron seleccionadas. Aportar su tiempo un día tan trascendental no sólo lo enriquecerá, también ayudará en el engrandecimiento de México. Es su momento. V. Cuatreros electorales. Al momento, la Fepade tiene acumulados cuatro mil expedientes de delitos electorales, un presupuesto de 150 millones y la tarea de convencer a 16 entidades que faltan por establecer sus propias fiscalías para proteger los procesos electorales. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, informó que preparan una estrategia para capacitar a 280 mil policías municipales para atajar los delitos electorales, mientras se firman convenios con los ejecutivos estatales para poner candado a los programas sociales. Agregó que, en el caso del delito de turismo electoral, los asuntos han bajado porque no quedan impunes y ejemplificó con el caso en Yucatán, en donde mil 200 personas participaron en las pasadas elecciones en Quintana Roo, de las cuales ya hay órdenes de aprehensión para 800 ciudadanos. ¿Cuándo los comicios se convirtieron en nido de delincuentes electorales?