Editorial EL UNIVERSAL / El zarpazo a los bancos; AMLO manda otra señal

Andrés Manuel López Obrador le volvió a dar una sacudida a los mercados. Esta vez, el presidente electo se fue contra los principales bancos comerciales del país, cuyas acciones se desplomaron hasta 11% el jueves en la Bolsa Mexicana de Valores, luego del anuncio de una iniciativa que busca cancelar o limitar las comisiones que cobran a sus usuarios. El zarpazo, que vino de parte del presidente del Senado, Ricardo Monreal, no es más que un nuevo mensaje de AMLO a la élite empresarial para que no se olvide de que las reglas del juego ya cambiaron y que el poder político se impondrá sobre el económico, o al menos que las negociaciones empezarán de cero. La metáfora del zarpazo viene de aquella frase que esbozó el tabasqueño en marzo pasado al concluir su participación en la Convención Nacional Bancaria, cuando dijo que se podía “soltar al tigre” si los grupos de poder intentaban incidir en la elección presidencial. La sagacidad de López Obrador le permite planear y calcular el impacto de todas sus decisiones. Así como lo hizo cuando anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco y los mercados financieros se pintaron de rojo, ahora el presidente electo le “pasó lista” a los bancos, cuyos dueños, por cierto, son considerados por el fundador de Morena como parte de “la mafia del poder”. A pesar de que la iniciativa para regular las comisiones bancarias se leyó como un nuevo madruguete del Congreso controlado por Morena, la realidad es que los bancos no pueden llamarse a sorpresa. AMLO lleva años criticando a la banca y en su proyecto de nación planteó “reforzar a las entidades reguladoras para que eviten los abusos de las instituciones financieras”. En julio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) publicó un estudio en el que expuso el alto cobro de comisiones de los bancos en México comparado con otros países de la región. Sólo de enero a agosto de 2018 los ingresos por comisiones y tarifas cobradas ascendieron a 106 mil 500 millones de pesos, el equivalente a lo que recibieron por comisiones el año pasado. Cuesta trabajo pensar que el anuncio de Ricardo Monreal, el cual desplomó la BMV a niveles no vistos desde la crisis financiera que se desató en 2008, no fue palomeado por el presidente electo, sobre todo tras la reunión que tuvo el lunes con diputados y senadores. Incluso, la puesta en escena fue similar a la de la cancelación del proyecto de Texcoco: primero, se hizo pública la noticia, los mercados reaccionaron negativamente y después el equipo económico-financiero del gobierno electo salió a tranquilizar a los inversionistas. Esta vez, sucedió algo similar. Primero, Monreal soltó la bomba que desencadenó la pérdida de casi 100 mil millones de pesos en el valor de capitalización de los bancos (Banorte -11.9%; Gentera -10.2%; Inbursa -10%; Santander -8.1%); luego, el legislador salió a decir que consultarían a los bancos antes de aprobar la iniciativa y en la noche el equipo de transición envió un comunicado en el que busca tranquilizar a los mercados diciendo que los objetivos legislativos no necesariamente empatan con los del gobierno entrante. Finalmente, AMLO dijo que primero se harían análisis sobre la viabilidad y el impacto macroeconómico que generaría una decisión de este tipo. Pocas cosas son coincidencia en las decisiones de AMLO. El anuncio que hizo ayer sobre los personajes que encabezarán la banca de desarrollo y los organismos reguladores del sector financiero, como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, manda una señal inequívoca de que los bancos van a tener que ceder en asuntos a cambio de mantener algunos de sus privilegios. AMLO tampoco iba a dejar pasar lo que considera un embate a su gobierno por parte de los bancos, empezando por las críticas como “el error de octubre”, título que le puso CitiBanamex a la cancelación del nuevo aeropuerto; o los cálculos del BBVA Bancomer sobre lo que costará echar abajo la obra (lo doble de lo que estima el equipo del presidente electo). Tampoco todas las encuestas que lo ubicaban como perdedor de la elección del 1 de julio, como una que hizo Santander. En los consejos de administración de los grandes bancos están los empresarios del selecto grupo del 1% que controla más de la mitad de la riqueza del país. Eso lo sabe AMLO, y por esa razón su mensaje es, de nueva cuenta, que la relación gobierno-iniciativa privada ya cambió. Posdata 1. En la columna pasada contamos sobre el distanciamiento entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, lo cual afecta a varias de sus empresas, una de ellas su banco Inbursa. Con la noticia de ayer, el ingeniero debe estar aún más molesto con el presidente electo, pues le costó 10.2% del valor de mercado de su grupo financiero. Posdata 2. El otro caso que llama la atención, por la cercanía que ha tenido con el gobierno de transición, es el de Grupo Financiero Banorte, cuyas acciones cayeron ayer más que cualquier otra en la Bolsa. El grupo que preside Carlos Hank González y del cual Olga Sánchez Cordero fue consejera, también está en riesgo por el aeropuerto, pues le prestó más de 6 mil millones de pesos a los contratistas del proyecto. OPINIÓN / Los frenos que prevé la Corte para la Ley de Seguridad Interior

La Suprema Corte tiene en la lista de asuntos a tratar en el pleno del lunes entrante las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna la polémica Ley de Seguridad Interior promulgada el 21 de diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. El ordenamiento —que ha sido bandera del actual gobierno y exigencia de las Fuerzas Armadas para legitimar su lucha contra la delincuencia organizada, pero que para amplios sectores de la ciudadanía militariza al país y violenta los derechos humanos— consta de 34 artículos y cinco transitorios. El proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone considerar constitucionales 23 de esos artículos, seis fracciones de otro y los primeros párrafos de otros dos; e inconstitucionales siete y cuatro fracciones de otro. ¿Qué invalida el proyecto de sentencia? Asumir como “noción amplia e indeterminada” el concepto de “amenazas” a la seguridad interior; dotar a las autoridades federales y a las Fuerzas Armadas de facultades discrecionales para la atención de “riesgos” a la seguridad interior, sin necesidad de declaratoria previa; hacer la distinción, injustificada e innecesaria, de que las “manifestaciones” (protesta social y/o político-electoral) no serán consideradas amenazas a la seguridad interior; y permitir que las Fuerzas Armadas puedan actuar sin solicitud de apoyo o auxilio de las autoridades civiles o que el Presidente pueda actuar sin que medie petición de las entidades federativas. Además: definir el “uso legítimo de la fuerza” a partir de acciones y protocolos de las instituciones que pueden utilizarla y no de las leyes que deberían normarlo en situaciones concretas y por instancias determinadas; aceptar la imposibilidad de evaluar desde su propia naturaleza las acciones que se lleven a cabo en ejecución de la ley y de sancionar aquellas que invadan facultades propias de la seguridad pública; aceptar un esquema de detención de personas distinto al contemplado en la Constitución; y permitir que se clasifique como reservada por motivos de seguridad nacional toda la información que derive de la aplicación de esa Ley. ¿Qué valida el proyecto de sentencia? Que el Congreso pueda legislar en materia de seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional; que la Ley plantea límites y alcances de las nociones de “seguridad interior” y “seguridad pública”; y que la Constitución no impide que las Fuerzas Armadas brinden abiertamente auxilio o apoyo a las autoridades civiles que lo soliciten en determinadas acciones. Pareciera, en un primer análisis, un proyecto de sentencia equilibrado. De un lado establece un marco jurídico para las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública para que ésta no sea considerada ilegal; pero del otro limita el uso de la fuerza en detrimento de libertades y derechos humanos. ¿Cómo podrían votar los ministros? Si nos atenemos a los criterios mostrados en otras sentencias y a los grupos que se han formado de cara a la próxima sucesión en la presidencia del máximo tribunal, con el proyecto de sentencia del ministro Pardo estarían Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Fernando Franco (5 votos). En contra lo harían Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña Hernández y, muy probablemente, José Ramón Cossío (3 votos). Inclinarán la balanza Eduardo Medina Mora, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek, los tres que llegaron a la Corte en el gobierno de Peña Nieto. Acaso por eso estarían a favor de la sentencia de marras. La pregunta de fondo es: ¿seguirá o no la militarización contra la inseguridad? El saldo en violencia y muerte de esa estrategia ha sido, en diez años, de 240 mil muertos y 40 mil desaparecidos. ¿No cree que es suficiente evidencia de su fracaso?

Frentes Políticos I. Todo bajo control. Tras una jornada agitada en los mercados, debido a malas decisiones políticas, no hay de qué preocuparse. Por algo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, designó una comisión para tratar de calmar las turbulencias provocadas por la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto. Alfonso Romo, quien será su jefe de gabinete, junto con Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, sabrán resolver esta situación, dar certidumbre y calmar los malos vientos que se observan en la ruta. Por lo pronto, Urzúa regañó a morenistas por las consecuencias financieras tras la polémica iniciativa. Les recomendó que antes de presentarlas consulten al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Volverá la calma. II. Voraces. Antes de que les llegue al cuello la austeridad, los exdiputados de la bancada del PRD en Morelos, de la 53 Legislatura, se sirvieron con la cuchara grande. Circula un documento que exhibiría la cantidad de cheques presuntamente entregados a cada legislador a días de terminar su gestión. Quince de ellos habrían recibido entre cuatro y seis cheques cada uno. El posible desfalco financiero involucra a Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, así como a otros legisladores. La suma de todos los cheques asciende a 9 millones 856 mil 787 pesos, los cuales no han sido aclarados por los diputados perredistas. Pesan sobre varios legisladores acusaciones de peculado, ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos. ¿Quién de ellos explica lo que está pasando? II. Solidarios. Fue desgarrador el momento en que la diputada Carmen Medel recibe la noticia sobre el asesinato de su hija Valeria. Éste es el México de hoy, donde la violencia impera y no distingue posiciones, no tiene fuero, donde la violencia ya es algo “normal”. Esta vez le tocó al Poder Legislativo sufrir lo que cotidianamente viven los ciudadanos de este país, la violencia extrema. Valeria Cruz Medel, hija de la diputada, murió a balazos cuando hacía ejercicio en un gimnasio en Veracruz. Con este, suman ya 34 asesinatos de políticos y 19 de sus familiares en los últimos meses. Puebla y Veracruz encabezan la lista a nivel nacional, de acuerdo con la empresa Etellekt. A tres semanas del gobierno transformador, habría que plantear a las futuras autoridades cuál será su papel para devolver la paz a México. IV. Acierto. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, nombró a Jorge Mendoza para dirigir el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como de la Sociedad Hipotecaria Federal, por lo que se confirmaría la fusión de las instituciones. Es licenciado en Finanzas por la Universidad de Texas y maestro en Administración por la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como director corporativo de Finanzas de la CFE. En el sector público ha laborado en la Secretaría de Hacienda como director general adjunto en la Unidad de Crédito Público y director general adjunto de Asuntos Internacionales. Con estas cartas credenciales el proyecto de López Obrador por unir algunos organismos en beneficio de la gente, está en el camino del éxito. Bienvenido a la Cuarta Transformación. V. Papa caliente. Habrá que esperar la reacción de la diplomacia mexicana en las próximas semanas y conforme se acerque la ceremonia de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. La invitación a diversos mandatarios extranjeros ha sido empañada porque algunos grupos no quieren ver a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El rumbo y éxito de la política exterior está en manos del futuro canciller, Marcelo Ebrard, y del trabajo legislativo de hombres como Héctor Vasconcelos, en su papel de senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vasconcelos hace cinco años devolvió su título a Harvard después de que Felipe Calderón dio una clase ahí. No lo pierda de vista.