Ante la cercanía del cambio de las 58 Presidencias Municipales de San Luis Potosí, es latente el riesgo de que se recurra a la vieja práctica del “Año de Hidalgo”, que no es otra cosa, más que el saqueo disfrazado de los bienes de una administración pública. Sin que ello, implique sanciones a quienes incurran en esta conducta, pues en la mayoría de las ocasiones lo realizan protegidos por la propia Ley. Es evidente que la vieja frase del “Año de Hidalgo, chin chin al que deje algo”, se ha convertido en un verdadero himno, de aquellos servidores públicos irresponsables que sin importarles el daño que le provocan al erario, buscan acabarse en los últimos días de su gestión, todo lo que sea parte de una administración, sobre todo, cuando del presupuesto se trata. También es claro que poco o nada, les importa a los presidentes municipales, las advertencias que pueda lanzar la propia Auditoria Superior del Estado (ASE), para evitar el saqueo de las administraciones en los últimos días de su gestión, pues al menos en San Luis Potosí, existen antecedentes sobre algunas irregularidades detectadas al final de anteriores administraciones municipales que a la fecha siguen en la impunidad. El ejemplo es claro, sobre estas prácticas y nada menos que nuestros diputados federales que están por concluir su encomienda, literalmente “saquearon” las instalaciones de San Lázaro, pues sin importarles en lo absoluto, procedieron a llevarse todo lo que pudieron, desde sillas, computadoras, pantallas y uno que otra, pintura que al parecer formaba parte del patrimonio de la Cámara de Diputados. Por lo anterior, es necesario que los órganos fiscalizadores trabajen de una manera comprometida para impedir que los alcaldes que están por concluir su encomienda, incurran en las prácticas del Año de Hidalgo, y la solución para esta problemática es simplemente la aplicación ejemplar de sanciones para castigar a esos ratones de dos patas que afectan el patrimonio de los potosinos.                                                                              APUNTES SLP EN POSICIÓN DE DESARROLLO.- Resulta que de acuerdo a un reportaje del The Washington Post, se destaca que San Luis Potosí se posiciona con amplio desarrollo, pues se continua prosperando, como una señal de cuán profundamente arraigada está la industria automotriz y pese a las políticas de Trump, que logró cancelar la inversión de Ford por 1 mil 600 millones de dólares. Además se reconoció que la tasa de desempleo en SLP que se acerca a cero pese a todo pronóstico. De igual forma se reconoció el trabajo y esfuerzo de la administración estatal de Juan Manuel Carreras. PROSPECTO POTOSINO EN PUERTA.- Trascendió que con la reaparición de la maestra Elba Esther Gordillo en el ámbito nacional, varios sectores ligados al magisterio se estarán fortaleciendo, pero ahora, mediante la conformación de la organización Maestros por México, que en el caso de San Luis Potosí, podría colocar como su principal enlace con la propia maestra y los profesores potosinos, al ex diputado local Jaén Castilla Jonguitud, quien a pesar de no ser maestro, cuenta con toda la confianza de la ex lideresa del SNTE. Además, pudimos conocer que el contacto directo que tiene, el también ex coordinador de las redes progresistas magisteriales Jaén Castilla con el equipo del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, lo podría colocar como un buen prospecto político, y aunque podrían surgir varios interesados en ponerle el pie, es muy cierto que el joven ex legislador trabajo muy duro por las cuatro zonas del Estado, esto sin contar es nieto del ex gobernador Carlos Jonguitud, que es considerado como uno de los mejores mandatarios de San Luis Potosí. CARTAS EN EL ASUNTO.- Se dio a conocer que el abogado laborista Juan Manuel Zapata Yishima, acusó al activista y consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Luis González Lozano de aprovechar su cargos para alterar contratos de las empresas que representa a fin de vulnerar los derechos de los trabajadores y despedirlos, sin el pago de prestaciones. Además, señaló que “el presunto defensor del medio ambiente se ha dedicado a alterar los documentos para alegar que los trabajadores renunciaron cuando en realidad son despedidos y así, evitar pagarles lo que corresponde por ley. Ante estas acusaciones, es necesario que las instancias correspondientes tomen cartas en el asunto y sanciones a quien se tenga que sancionar.