La titular de la Auditoría Superior del Estado Rocío Elizabeth Cervantes Salgado señaló que las contralorías internas son competentes gracias a la nueva legislación, para promover la imposición de las sanciones que procedan, cuando se detecte la comisión de faltas administrativas no graves. Sin embargo, reconoció que lamentablemente, muchas veces, éstas no cuentan con el personal adecuado ni la infraestructura para establecer dichas sanciones.  “Las sanciones administrativas por faltas no graves que las contralorías internas podrán imponer y ejecutar, son: amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión por un período de uno a 30 días naturales; destitución del empleo, cargo o comisión; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un período no menor de tres meses ni mayor de un año, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”, indicó.  En entrevista para “Así las cosas” dijo que si se suman las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las realizadas por la ASE, el universo de gasto fiscalizado que se atiende por ente auditable es de un 70 por ciento y sin filo se funciones.  Dijo que en las auditorías realizadas se encontraron diversas observaciones derivadas de falta de documentación en varios procesos de entrega-recepción de diversos ayuntamientos, comprobantes no adecuados de obras y varias irregularidades más. Dijo que los entes con más irregularidades son los municipios, sobre todo en presidencias municipales que tuvieron una alternancia política, pues asegura hubo una falta de seguimiento de documentos entre ambas administraciones, tanto en la entrante como la saliente.