La renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte abre una oportunidad para ampliar el cumplimiento de las disposiciones ambientales por parte de México, Estados Unidos y Canadá, consideran especialistas. Además de la negociación de los asuntos comerciales, el proceso también pasa por revisar los asuntos laborales y ambientales del TLC, que en 1993 fueron establecidos en dos acuerdos paralelos y que se prevé pasen ahora a formar parte del cuerpo del tratado. Los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), órgano intergubernamental destinado a apoyar la cooperación en la materia entre los tres socios comerciales. Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) e integrante del Comité Consultivo de la CCA, subrayó que es importante mantener los artículos 14 y 15 del acuerdo paralelo, mediante los cuales ciudadanos y organizaciones pueden presentar peticiones para denunciar que un país no está cumpliendo efectivamente con la legislación ambiental. Si bien estas denuncias no implican sanciones comerciales ni de ningún otro tipo para los países que incumplan disposiciones ambientales, pueden derivar en expedientes de hechos que evidencian el incumplimiento de la legislación. Sin embargo, Alanís consideró que el nuevo texto debe ser mucho más preciso en los procedimientos, pues actualmente se da cierta ventaja a la parte acusada sobre los denunciantes. "Los gobiernos nos dieron el 14 y 15, pero por el otro lado no les gusta. Hacen todo lo posible porque no se hagan expedientes de hechos, con argumentos que ni identificas", comentó. En 23 años, la CCA ha publicado 22 expedientes de hechos, de los cuales 12 corresponden México. El Secretariado de la CCA puede elaborar un expediente de hechos únicamente si lo aprueban las dos terceras partes del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de los tres países. "Genera un conflicto de interés. ¿Cómo vas a votar si te investigan o no si eres el acusado? Ésta es una de las cosas que hay que cambiar. No se puede eso mantener así. A veces hacen 'chanchullo' (los países): yo voto acá y tú votas allá", indicó Alanís. Pese a estos retos, señaló, los expedientes de hechos sí tienen cierta utilidad, y muestra de ello, apuntó, es el primer expediente de hechos elaborado por la CCA, por el cual se logró que el Gobierno federal declarara los arrecifes de Cozumel como área natural protegida en 1996. Fue Cemda quien presentó la petición. El Gobierno canadiense ha colocado entre sus prioridades en la renegociación del TLC los asuntos ambientales, tema en que se espera que México apoye, sin embargo, lo ambiental no es relevante para la actual administración en Estados Unidos, enfocada en el tema de la producción industrial y en la generación de empleos en ese país. "Es un tema que si pudieran, los americanos lo dejarían fuera", reconoció el abogado ambientalista Gustavo Carvajal. Desintegrar a la CCA, advirtió, puede ser un tema que esté sobre la mesa, sin embargo, opinó que esto no sería de mucha utilidad. "En lugar de desaparecerla, la puedes fortalecer, el dinero que le pones (cada país destina 3 millones de pesos anuales a la CCA), lo puedes reorientar un poco, algo que sea más actual y que te sirva", indicó. Sobre el sistema de peticiones, Carvajal advirtió que éste no está funcionando, por lo que sugirió crear uno nuevo que realmente obligue a los Estados a aplicar su legislación ambiental. --

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