El mensaje de WhatsApp que el portal electrónico Astrolabio publicó, donde presuntamente el diputado Óscar Bautista le pide al gobernador que interceda por él, con el Secretario de Finanzas, para poder ejercer los 3.5 millones de pesos que etiquetaron del presupuesto 2017, no es más que la punta del iceberg de un problema mayúsculo. Hay que recordar que en diciembre de 2016, en el Presupuesto de Egresos del Estado, los diputados aprobaron un artículo transitorio donde se explica que de su asignación presupuestal la Secretaría de Finanzas debía destinar 80.5 millones de pesos para la realización de inversión publica productiva. El esquema era sencillo, a cada diputado le correspondían 3 millones de pesos, para realización de obras en sus respectivos distritos, los alcaldes lo único que tenían que hacer era presentar los proyectos ante Finanzas. Luego, la Secretaria de Finanzas informaría el destino final del dinero a la Comisión de Hacienda del Congreso. El 2017 se terminó y nada se supo de ese recurso, ni mucho menos de los informes trimestrales que debía entregar Finanzas al Congreso y de la respectiva aprobación por parte de los diputados. El tema vuelve a salir a la luz gracias al mensaje de Bautista. GlobalMedia buscó a diputados de todos los partidos para conocer su versión del tema. Unos dijeron nada saber de ese dinero, otros reconocieron la partida, pero se excusaron diciendo que el recurso no pasó por sus manos. Como exigieron empresarios locales el Congreso del Estado debe aclarar en qué se utilizó cada peso de esta partida superior a los 80 millones de pesos, sobre todo porque Finanzas estaba obligada a informar a la Comisión de Hacienda. Y es que el tono utilizado por Bautista hace temer por el recurso, porque parece que el dinero lo pueden utilizar los diputados a discreción, en lugar de someterse a las reglas de operación vigentes. También debe comprobarse que las obras, en caso de ser enunciadas en los informes, se hayan realizado como se prometió. El uso a discreción no sería extraño, si se piensa en la larga lista de triquiñuelas que han utilizado los diputados para dar mal uso al recurso público y además con el grave antecedente de la “ecuación corrupta”.