“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,

pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”

Abraham Lincoln

Frecuentemente escuchamos y nosotros mismos somos participes de ello, una serie de críticas a funcionarios de elección popular en general, por su preparación, por su poca capacitación, por su conducta que no es la más adecuada, por sus errores, etc. y esto es verdaderamente espontáneo y razonable dadas las evidencias de incapacidad que se presentan también con mucha frecuencia; pero no nos ponemos a pensar  ¿Dónde está el problema? efectivamente la opción democrática, nuestro sistema democrático no permitiría exigirle a nadie alguna preparación específica. Sin embargo,  la Ley General de Partidos Políticos establece una cantidad fuerte de recursos económicos para que los partidos capaciten a sus cuadros, a sus funcionarios, a sus candidatos,  etc.  No solo para que capaciten a sus representantes electorales, que es en lo único  que parece que se cumple más o menos; sin embargo para lo relativo a formación y capacitación de cuadros, es muy poco lo que se invierte aunque son millones y millones de pesos los que todos los partidos reciben, amén de que además la fiscalización que hace el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos de los Estados no es suficiente, no es muy exigente por lo cual la capacitación es escasa, de mala calidad y hasta mentirosa en cuanto a que se simula solamente para justificar la disposición de recursos y se incumple con el objetivo de formación cívica ciudadana y capacitación de cuadros.

Tan solo hay que ver números, en junio de 2015 en  su archivo/EL UNIVERSAL tiene registrado que los partidos políticos pagan por capacitación y adoctrinamiento de sus de sus miembros (haciendo hincapié en que las cuentas se presentan anualmente y que es hasta el año siguiente que pueden ser revisadas y que en el caso de los años electorales no se presentan informes trimestrales) que en el 2014 el PRI gastó 21 millones 893 mil 878  pagados a la Fundación Colosio (un poco más de 5 millones de pesos) y al Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (6 millones 150 mil pesos) Esto es pagarse a sí mismo para prepararse a sí mismo en una relación de incesto académico. El PAN niega gastos y en la revisión anual de ingresos y gastos  presentados no se identifica gasto alguno por este concepto. El PRD a su vez tiene en su informe anual de ingresos y gastos 3 millones 754 mil 568 pesos para el curso de derecho electoral y procesos electorales, 804 mil pesos al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Sintropía) y a la Universidad Autónoma Metropolitana (AUM) 1.2 millones de pesos  en cursos de actividades especificas.

De acuerdo con el INE los partidos políticos este 2017 por financiamiento público recibirán 4,138 millones de pesos, de los cuales el PRI recibirá 1,004 millones de pesos para actividades ordinarias permanentes y 30 millones para actividades específicas, el PAN 791 millones, el PRD y MORENA entre ambos recibirán 877 mdp (el PRD con  77 millones más que MORENA). Para actividades específicas es decir tareas editoriales, capacitación e investigación, los partidos reciben además el equivalente al 3% de las actividades ordinarias es decir 118.2 mdp, la distribución es 30% igualitaria a los nueve partidos y el 70% de acuerdo a la votación obtenida en la última elección de diputados federales de mayoría relativa , por lo que el PRI recibirá por este concepto (los valores son en millones de pesos) 30.1, PAN 22.7, PRD 13.6, MORENA 11.4, PVEM 10.1, MC 9.3, PANAL 7.2, PES 6.9 y el PT 6.5. El problema es que no hay transparencia ni control ni obligación vinculante que garantice la preparación de quienes finalmente terminan gobernándonos o…desgobernándonos, en cualquier nivel.

¿Por qué no establecer una certificación obligatoria de preparación para cada tipo de puesto? por ejemplo para regidores, síndicos, presidentes municipales,  diputados locales, diputados federales, gobernadores, senadores y, por qué no, hasta para el Presidente de la República y Secretarios de Estado? todos tendrían la obligación pública y ciudadana de cumplir con sus pares y  sus conciudadanos demostrando una certificación, una capacitación para cada cargo al que se aspire a desempeñar, haciendo de esto un requisito para que el partido en cuestión pueda acceder a mayor financiamiento público y recursos para capacitación. ¿Por qué no podemos exigírselos? Por qué no hacer también un Sistema en el cual se dé a cambio de la acreditación que demuestre cada partido, de funcionarios; con universidades y con instituciones también certificadas y autorizadas para dar la capacitación? y que no la den los compadres con empresas patitos. O conocidos o amigas de los Presidentes de los partidos por el solo hecho de serlo, sino las instituciones certificadas. ¿Por qué no hacer eso y porque no darles el dinero a cambio de su profesionalización como políticos?