Jorge Chessal Palau, experto en temas jurídicos consideró que tanto la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), así como no solamente los integrantes del Cabildo capitalino que votaron por el cambio de uso de suelo en el Área Natural Protegida (ANP) de “Camino a la Presa”, sino que también otros funcionarios públicos podrían tener una responsabilidad en el escándalo de corrupción debido a que por omisión no denunciaron la violación que representaba el cambio de uso de suelo de ésta zona pues existía una orden federal que la protegía y aún así no lo denunciaron.    “El ayuntamiento capitalino violó la orden expresa anterior al cambio del uso de suelo, es decir sabiendo que existía un impedimento por parte de la autoridad federal, un grupo de regidores votaron a favor de cambiar el uso de suelo. Me parece que SEGAM tendría mucho que decir para poder justificar qué ha hecho para el tema del Área Natural Protegida… porque la propia SEGAM fue parte en el juicio de amparo en donde se determinó la violación a la suspensión por el cambio de uso de suelo. Adicionalmente hay otros funcionarios que pueden haber tenido conocimiento de esto y que sin ser integrantes de cabildo tenían la obligación de denunciar y no lo hicieron”. 

Por tanto el experto jurídico dijo que hay por lo menos presuntivamente la presencia de un delito federal cometido, también con delitos del orden común, “Estaríamos en presencia de varias conductas delictivas tanto locales como federales”, señaló.    Explicó que en primer lugar la anterior administración del exalcalde Ricardo Gallardo Juárez cometió un delito de orden federal al violar la suspensión de ANP, también la presencia de un delito de orden local al cambiar el uso de suelo de un ANP y donde adicionalmente se darían otros delitos como el de asociación delictuosa si es que se comprueba que se pusieron de acuerdo como se presume sería en el caso en la votación de cabildo capitalino del pasado 30 de agosto del 2018, a sólo 5 semanas antes de que terminara su administración municipal.    Chessal Palau dijo que aún se espera la suma de varios delitos dependiendo hasta dónde llegaran las responsabilidades administrativas y pues remarcó que también las autoridades que hayan sido omisas dentro su competencia en el cuidado del área natural protegida, que tuvieron que actuar y no lo hicieron, tendrían que ser llamadas a rendir cuentas por su omisión en éste caso.