Pareciera mentira que en pleno 2017 las mujeres aún sigamos sin poder decidir sobre nuestros cuerpos ya que todavía las decisiones fundamentales que implican nuestro desarrollo personal, mental y económico está sujeto a un grupo de legisladores y legisladoras que, en su gran mayoría, sigue sin entender conceptos tan fundamentales como dignidad, decisión y garantía de derechos humanos.  Miren, Hace unos meses, la diputada del Partido Encuentro Social repartió entre sus compañeros y compañeras legisladoras un folleto (tarjeta informativa dijeron que era) en donde se advertía que obligar a los estados y municipios a que se aplique la Norma 046-SSA2-2005 y que se practique la interrupción legal del embarazo a mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, representa un riesgo para el país. Así como lo leen, si, es la misma diputada que presentó una iniciativa para considerar la educación sexual en los libros de texto como “pornografía” y la mismísima que comparó el matrimonio entre personas del mismo sexo, a casarse con delfines o con laptops.  Bueno, hace unos días esta misma diputada presentó una reforma a la Ley General de Salud, para que personal médico puedan negarse a prestar servicios de salud a pacientes, cuando consideren que primero están sus creencias y decidan ejercer la objeción de conciencia. Así es, violando el Estado Laico y los Derechos Humanos de las personas, esta ley que fue aprobada por 313 diputados de PRI, PAN, PVEM, PES y Panal, 105 en contra de PRD y Morena. 26 legisladores y legisladoras se abstuvieron. Esto es un problema realmente grave si tomamos en cuenta que la violencia sexual va en escalada en nuestro país y que las víctimas de esa violencia son en su mayoría menores de edad que no podrán ser atendidas cuando soliciten se aplique la NOM-046-SSA2-2005 y soliciten la interrupción legal del embarazo ya que ahora han respaldado que el personal médico se niegue a otorgarles dicha atención, alegando que su religión se lo prohíbe. El fundamento que han utilizado para esta barbaridad, es el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que si bien establece la objeción de conciencia como expresión de la libertad de conciencia, ésta establece restricciones sujetándose únicamente a las prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y los derechos fundamentales de todas las personas.  Esta iniciativa es una vil trampa oscurantista y prejuiciosa para evitar el acceso al aborto ya que con esta ley, más allá de ampliar los derechos para el personal de sistema nacional de salud, limitará el acceso a la interrupción legal del embarazo para muchas, muchísimas mujeres que son víctimas de violencia sexual en nuestro país. El panorama es desolador, no tenemos que irnos tan lejos, aquí en San Luis Potosí hace unos meses tuvimos el caso de una niña de 10 años víctima de violación, su propio hermano abusó de ella y la embarazó. Sólo de 10 años … ¿estos diputados y diputadas se acordarán siquiera cómo era su vida cuando tenían 10 años? ¿Habrán tenido sueños, habrán ido a la escuela, habrán tenido compañeros y compañeras de juego? Bueno, estos señores y señoras, desde su silla llena de ignorancia y conveniencia política, le han quitado a las 28 mil 672 niñas menores de 15 años víctimas de violencia sexual entre 2010 y 2015 la oportunidad de acceso a salud, han arrebatado la oportunidad de decidir sobre su vida, sobre su futuro a miles de mujeres en nuestro país.  Es evidente que estos diputados y diputadas desconocen que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) como órgano encargado de examinar los progresos realizados y establecer la obligación que tienen los Estados Partes de someterle a su consideración informes periódicos a efecto de que éstos sean examinados, en julio del 2012, se evidenciaron los avances registrados, pero también se expusieron motivos de preocupación y formularon recomendaciones al Estado mexicano. Derivado de estas recomendaciones, el Comité recuerda la obligación del Estado “de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención” y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las observaciones finales “requieren la atención prioritaria del Estado”. Específicamente en el rubro de Salud, el Comité pide al Estado parte que, entre otras cosas, SE ASEGURE de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción de un embarazo, tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 así como el Inciso 33 Apartado C) del (CEDAW/C/MEX/7-8) y , en particular el acceso de las mujeres que han sido violadas a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA así como resaltar la importancia de que con la NOM-046-SSA2-2005 el Gobierno de México da cumplimiento a los compromisos adquiridos en los foros internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia Una vez más queda en evidencia que las decisiones se toman con un NULO conocimiento de la constitucionalidad y progresividad de los derechos humanos. Por si les interesa de la bancada potosina, Sólo la Diputada Erika Briones Pérez y el Diputado Xavier Nava Palacios votaron por la protección del derecho a elegir sobre nuestros cuerpos y los diputados y diputadas Ruth Tiscareño, Fabiola Guerrero, Cándido Ochoa, Ángeles Rodríguez, Christian Sánchez, Delia Guerrero y Marco Gama, decidieron que las creencias religiosas están por encima de garantizar a las mujeres una vida digna. Digo, para que lo tomen en cuenta en las próximas elecciones.