Ya pasaron dos años desde la entrada en vigor y San Luis Potosí no ha logrado implementar al 100 por ciento su Sistema Estatal Anticorrupción. Una “guerra” de amparos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) ha sido el motivo del retraso en la aplicación de este sistema que, desde 2017, busca hacer más eficiente la lucha contra la corrupción en el estado.  La lucha contra la corrupción está en pausa. La que se puso en marcha fue una batalla entre los ciudadanos que integran el CPC, pues cada vez que se reúnen intercambian acusaciones y manotean, con el fin de quedarse con la presidencia de este organismo, a pesar de que aún no tiene presupuesto. Una condición es que se pongan de acuerdo, junto con el Comité Coordinador, para nombrar secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, una de las razones de su pelea.  El gobierno, señalado en diversas versiones por bloquear estos esfuerzos, esgrime precisamente la falta de este nombramiento como pretexto para negar los recursos, a pesar de que es señalado por no poner nada de su parte cuando le toca. Para muestra: el Periódico Oficial del estado tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC. Y, cuando lo hizo, una de sus integrantes ya había muerto.  En San Luis Potosí, de cada 10 personas que tuvieron al menos un contacto con algún servidor público, tres vivieron una experiencia de corrupción, durante 2017. Asimismo, en cuanto a la percepción de corrupción, nueve de cada 10 piensan que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad. Estas cifras vuelven urgente la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual, tras casi dos años de su entrada en vigor (25 de mayo de 2017), se encuentra estancado, debido a la falta de nombramientos clave. Se ponen de acuerdo… para faltar a sesiones San Luis Potosí, de acuerdo a datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), es una de las seis entidades de la República que no han conformado la Secretaría Ejecutiva, en esta lista lo acompañan: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Guerrero acaba de llenar la plaza, pero sin presupuesto definido. El integrante numerario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, José Ismael Leyva Nava, dice que ya se ha intentado llevar a cabo dos sesiones del Comité Coordinador del sistema, con el fin de nombrar al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, no obstante, los titulares de los entes públicos que conforman este comité se pusieron de acuerdo para no asistir a la primera sesión y, de esa forma, no lograr el quórum legal. José de Jesús Sierra Acuña, también integrante numerario del CPC, asegura que ya se tiene elegida una terna de candidatos para encabezar la Secretaría Ejecutiva: Luis Fernando Díaz Beltrán (Rioverde), Margarita Vite Gómez (Matehuala) y Luis Rodríguez González (SLP); sin embargo, acusó al contralor del estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, de bloquear el avance de la implementación del SEA, debido a que no han logrado incluir a allegados del gobierno estatal dentro del CPC.  El contralor general local, Gabriel Rosillo Iglesias, negó que esté buscando bloquear el sistema e incluso dijo que él ha estado presente en todas las sesiones del Comité Coordinador; el problema también recae en desacuerdos entre los propios miembros del CPC, quienes mantienen pugnas por nombrar al presidente de este comité y hasta el momento no se ha notificado de manera oficial quién lo preside. La última sesión del Comité Coordinador, en la que se pretendía nombrar al secretario técnico del Secretariado Ejecutivo, se efectuó el pasado 4 de diciembre de 2018, pero algo frustró el avance: a dicha reunión arribaron dos miembros supernumerarios y un numerario del CPC, que impidieron que se llevara a cabo la sesión, bajo el argumento de que uno de los manifestantes, Miguel Enrique López Ávalos, no ha sido reconocido como presidente del CPC, luego de que el anterior presidente, Carlos Raúl Espinosa Rincón, pidiera licencia a su cargo. De acuerdo con reportes de prensa, en esta reunión llovieron los epítetos y estuvieron a punto de irse a los golpes. La solicitud de licencia de Carlos Raúl Espinosa se efectuó el pasado mes de febrero, luego de múltiples presiones ciudadanas, debido a que ocupa el cargo de regidor en el Ayuntamiento de Rioverde desde el año pasado; sin importar lo anterior, miembros del CPC eligieron a Efraín Arriola Ortiz como representante el Comité Coordinador, pese a que la suplencia de Espinosa debió haber sido cubierta por el primer supernumerario: Miguel Enrique López. Amparos frenan sistema Michel Hernández Piña, vocero de la organización civil Cambio por San Luis, informa que actualmente existen dos juicios de amparo debido a irregularidades en la conformación del CPC, uno de ellos promovido por el propio Miguel Enrique López, mientras que el segundo señala incumplimiento en la paridad de género, dado que sólo una mujer, Laura Moreno Martínez, conformaba el comité; los otros cuatro integrantes eran varones. Ahora los cinco son hombres. Estos amparos también señalan que se incumplió la disposición legal de que los miembros del CPC deben tener al menos tres años sin estar ligados a puestos públicos, dado que Carlos Raúl Espinosa, antes de ser nombrado, era director del ISSSTE en Rioverde, mientras que José de Jesús Sierra Acuña fue secretario general del Ayuntamiento de Aquismón. El nombramiento de Laura Moreno, a su vez, fue impugnado, mediante un recurso de amparo, por parte del resto de los integrantes del CPC. La anterior presidenta del CPC, Mónica Llunaja Torres Palacios, también ha señalado que la conformación del Comité Coordinador, instalado el 28 de agosto del año pasado, carece de legalidad, toda vez que en esa ocasión ella convocó a la reunión para la instalación, pero antes de iniciar la sesión le fue notificado que el resto de los integrantes del CPC habían nombrado a Efraín Arriola como presidente, mismo que tomó el control de la sesión e instaló el Comité Coordinador, pese a que la Comisión de Selección había nombrado a Mónica como presidenta. Michel Hernández agregó que esta serie de irregularidades se debe a que un grupo de integrantes del mismo está buscando conservar el “poder” y viendo al comité como un “negocio”, usando sus posiciones para obtener poder político frente al gobierno del estado. El gobernador priísta Juan Manuel Carreras López (2015-2021) hizo un llamado a los miembros del CPC a “lograr acuerdos”, con el fin de que ya pueda terminar de conformarse este Sistema Anticorrupción, y dijo que el Poder Ejecutivo ya cumplió con su tarea de enviar las iniciativas correspondientes al Congreso local para la conformación del mismo, sin embargo, el freno ha estado en el comité ciudadano. Uno de los entes de vital importancia dentro del Comité Coordinador del SEA, el fiscal anticorrupción, sería justamente un as bajo la manga del gobernador, pues durará en el cargo hasta 2025. El nombramiento de Jorge Alejandro Vera Noyola fue criticado por varios sectores de la sociedad, por ser considerado un personaje cercano al mandatario, que dejará en dos años su cargo, dado que Vera fungió como subsecretario de enlace interinstitucional de Gobierno del Estado en el periodo del 1 de junio al 28 de diciembre de 2017, fecha en que se separó del cargo, a petición del propio gobernador, quien lo propuso en la terna que envió al Congreso del Estado para ocupar este cargo.  No hay presupuesto El vocero de la Comisión de Selección, Jaime Cantú Sánchez, dijo que esta serie de desacuerdos se han debido a que el CPC no cuenta con recursos para contratar asesoría legal. El Presupuesto de Egresos 2019 no contempló recursos para el SEA, lo cual, a decir de Gabriel Rosillo, contralor general, se debe a que el único ente que puede recibir presupuesto, de acuerdo a la ley, es la Secretaría Ejecutiva, misma que no ha sido conformada por discordancias entre miembros del CPC, por lo que, una vez que se nombre al secretario técnico, podrían hacerse adecuaciones presupuestales para asignarle recurso a esta instancia. La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, a diferencia de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contempla que los puestos del CPC son honoríficos, es decir, quienes integran este comité no reciben un salario ni presupuesto. Ismael Leyva dijo que esta falta de recursos dificulta los traslados que tienen que hacer los miembros del CPC, cuatro de los cuales no viven en la capital potosina y tienen que pagar pasajes de su propio bolsillo; “la ley estatal la hicieron con la intención de tener funcionarios de medio tiempo”, mencionó. Esta falta de recursos, provocada también por la inexistencia de una Secretaría Ejecutiva, ha incidido en que el CPC no cuente con una página oficial de internet, únicamente tiene un perfil de Facebook, cuya última publicación se realizó el 20 de octubre de 2018 y que es utilizada para promocionar congresos y anunciar un teléfono para que los ciudadanos presenten denuncias de corrupción. También frenan las #3de3 La no conformación al 100 por ciento del SEA también ha provocado que aún no se obligue a los funcionarios potosinos a hacer públicas sus declaraciones #3de3. Paulina Sánchez Pérez del Pozo, presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), dijo que no se han aprobado los lineamientos y bases para la emisión de declaraciones de conflicto de intereses de los funcionarios y actualmente sólo algunos han hecho públicas sus declaraciones, pero con formatos que no están aprobados, razón por la cual la CEGAIP aún no puede sancionar a quienes no publiquen sus declaraciones. El CPC tampoco ha conformado los 58 comités municipales de participación ciudadana, contemplados dentro de la ley; mientras que en materia legislativa el sistema está completo, tras la publicación de la reforma constitucional y ocho leyes secundarias, la última de las cuales fue la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, publicada el 20 de agosto de 2018. El ordenamiento estatal presenta diferencias respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Una de estas diferencias es que los municipios no son considerados integrantes del sistema. El Comité de Selección, que a nivel nacional se conforma por nueve integrantes, en San Luis Potosí sólo lo integran cinco personas, que se desempeñarán en el cargo por seis años y no por tres, como es el caso federal. Se añaden dos facultades al CPC, como constituir comités municipales de participación ciudadana y aprobar o modificar la estructura y organización de la Secretaría Técnica. En la legislación potosina tampoco se pone como requisito para ser designado titular de la Secretaría Técnica tener un título de licenciatura, con experiencia mínima de diez años, pero no especifica la experiencia profesional. Los desacuerdos entre miembros del CPC han sido el principal freno del sistema en San Luis Potosí, al grado de que ha habido seis diferentes que han aspirado o sido presidentes de este comité y actualmente aún hay impugnaciones que impiden su conformación oficial, razón por la cual el resto de los integrantes del Comité Coordinador han enviado una carta para que les den a conocer quién es el presidente del CPC y, de esta forma, pueda continuarse con el nombramiento del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva y con la conformación general del sistema. [*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya. https://ethos.org.mx/