San Luis Potosí, México (19 enero 2018).- Uno de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior aprobada en el Congreso de la Unión, misma que legaliza la operación del Ejército en labores de seguridad pública, es que las corporaciones policíacas se relajen y dejen el trabajo a los militares, consideró Marko Antonio Cortés Mendoza, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), en entrevista para Noticias de la Noche. Diputados federales presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando que se invalide la Ley de Seguridad Interior. En dicho recurso presentaron un total de 188 firmas, pese a que solo se requerían 167 para que la Corte diera entrada a la acción de inconstitucionalidad. Cortés Mendoza explicó que no se está legislando sobre el fortalecimiento de las Policías civiles, que son los primeros responsables de brindar seguridad a los ciudadanos, sino que se está recurriendo a una corporación cuyas competencias no son la seguridad pública, lo que ocasionará que el Gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales entren en una comodidad de saber que ya contarán con el Ejército para esas labores. Mencionó que la acción de inconstitucionalidad impugna la ley en general, pero también 28 artículos de esta legislación en lo particular, con el fin de que si la SCJN determina que la ley no es inconstitucional, se revisen cada uno de los artículos para ver si se anteponen a los principios constitucionales.