España vive hoy un futuro incierto, mientras el Parlamento catalán aprobó la creación de una república independiente, el Senado español autorizó al gobierno central intervenir la autonomía de la región. De acuerdo con Ariel Arnal, especialista en historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, esta crisis se debe básicamente a “dos legalidades paralelas que se niegan la una a la otra”. Arnal, catalán que radica en México desde hace 20 años, señala que España y Cataluña están metidos, “desde hace al menos algunos años, en un camino de negarse legitimidad el uno al otro”. ¿DE DÓNDE SURGIÓ EL CONFLICTO?

El historiador concuerda en que, según la Constitución española, todo lo que ha ido haciendo en los últimos días el gobierno catalán está fuera de la ley, pero señala que también “hay que tener en cuenta que en 2015 el Parlamento catalán aprobó una resolución propia diciendo que su pueblo era soberano y, por lo tanto, la cámara regional era representante de esa soberanía y ninguna ley, por muy española y constitucional que fuera, estaba encima de las leyes que pudiera emitir”. En 2006, el gobierno catalán reformó su estatuto de autonomía que le daba nuevas libertades “a un nivel sólo similar al del País Vasco y Navarra”, detalla el investigador de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). El estatuto fue aprobado por el Parlamento Catalán, respaldado por el pueblo en un referéndum y luego ratificado por el Senado de España, pero el Partido Popular (PP), con Mariano Rajoy a la cabeza, -que en aquella época estaba en la oposición durante el gobierno de Luis Rodríguez Zapatero- “lleva el estatuto al Tribunal Constitucional diciendo que atenta contra la unidad de España”. El Tribunal tardó más de 4 años en dar una resolución y “eso terminó con la paciencia de los catalanes, que se dan cuenta de que no se puede negociar nada, que no había una mesa de diálogo. El que les hayan rechazado el estatuto de autonomía, dentro del marco constitucional español, se convierte en una humillación”, destaca Arnal. Ahora, apunta el historiador, cuando se acusa a los catalanes de ir contra la Constitución, ellos recuerdan que Rajoy rompió el pacto primero al no aceptar el estatuto aprobado, no sólo por el Parlamento y el pueblo catalán, sino también del Senado español. Así estuvieron hasta el 2015, tratando de negociar, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó elecciones y anunció que si los independentistas ganaban la mayoría, se realizaría un referendum. La consulta, que fue meramente un esnayo sin ningún efecto legal, se realizó el 9 de noviembre de 2015. Dos años después, bajo el gobierno de Carles Puigdemont, se realizó el referéndum del 1 de octubre.

  ¿AHORA QUÉ?

De acuerdo con Arnal, el que tiene más que perder en este momento es el gobierno catalán, pues España tiene tres cartas importantes: el oficialista PP tiene el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, con lo que logra una amplía mayoría en el Parlamento central, “con lo cual pueden hacer legal y constitucional lo que quieran. La segunda es que tiene lo que se llama “el monopolio de la violencia”, es decir los cuerpos de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil). “No estoy seguro de que sea una represión violenta como la conocemos en América Latina, pero sí una como la que se dio el 1 de octubre en el referéndum, un efecto psicológico al ejercer presión sobre las instituciones”, señala el investigador. Y tercero, “que es más importante que todo lo demás, es que manejan el dinero. Con eso ya están bloqueando la economía catalana. Ahora se viene una represión muy fuerte en muchos sentidos”. Arnal asegura que este sentido de nacionalismo del gobierno español es una “cuestión ideológica que viene de fondo y desde muchos años. El oficialista Partido Popular (PP), es heredero directo del régimen de Francisco Franco”. Al día de hoy, el futuro de Cataluña es incierto. El gobierno catalán tiene un mandato del Parlamento regional para convocar elecciones y formar una asamblea constituyente, y así crear una constitución para la nueva república catalana, “pero como están las cosas no hay manera operativa de convocar nada”. Por otro lado, el gobierno de Rajoy ha disuelto el Parlamento catalán y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre como parte de sus medidas para intervenir en la autonomía de Cataluña. Rajoy no va a ceder a menos que lo presione la Unión Europea (UE), que ya ha dado su respaldo a "una España unida". La UE no presionará a España a menos de que haya “una tragedia económica en Cataluña. Que las cosas vayan tan mal que se afecten los intereses del organismo”, apunta Arnal. El historiador señala que las de diciembre seguramente serán “unas elecciones muy limitadas. Tienen que ser necesariamente elecciones pactadas sino, van a caer en lo mismo que ocurrió con el referéndum de octubre, vamos a repetir el problema. Lo único que estarían haciendo es ganar tiempo”. Una Cataluña independiente podría ser viable, afirma Arnal, “siempre y cuando esa independencia sea pactada. La separación no tiene que ser traumática si se llega a un buen acuerdo,; sino, lo que se va a lograr es una guerra comercial y administrativa que le va a hacer tanto daño a España como a Cataluña”. LA PATÉTICA ACTUACIÓN DEL REY

Respecto a la postura del rey Felipe VI, que apoyó a Rajoy y su discurso de una "España unida", Arnal apunta que la actuación del monarca “es patética”, pues constitucionalmente está obligado a servir de mediador. Según la ley, debe llamar al diálogo y servir de conciliador entre los distintos bandos, “bajo el problema que sea y este es el más grave que ha tenido España desde 1978”. “Cometió un grandísimo error al ponerse del lado de Rajoy, eso ofendió todavía más a los catalanes, porque así como dice ser rey de todos los españoles, tenía que haber sido el rey de todos los catalanes”, sentenció el historiador. --

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