La congestión vial que han generado los automóviles y el transporte público cuesta en San Luis Potosí 1,100 millones de pesos por año, 3 de cada 10 personas que se trasladan al trabajo lo hacen en automóvil. Pocas personas, se mueven en muchos coches y generan este alto costo. El gobierno destina 44% de sus recursos a la movilidad, pero 8 de cada 10 pesos son para el automóvil (infraestructura vial y pavimentación principalmente), y sólo 2 a movilidad sustentable (transporte público y ciclovías). En Santiago de Chile, también un tercio de la población se mueve en automóvil particular, pero la ciudad destina 56% del presupuesto federal a proyectos de transporte público y ciclovías. En nuestra ciudad, 6 de cada 10 personas se desplazan a la escuela caminando y 3 de cada 10 en bicicleta, pero menos de 3% del presupuesto se destina a estas formas de movilidad. Nuestro sistema vial ha colapsado, pero sí se han hecho esfuerzos ¿porqué? Si bien existen iniciativas muy loables desde los distintos niveles de gobierno entre los que destaca la via alterna, los puentes, las nuevas vialidades, y hasta unos kilómetros de ciclovía; estas importantes acciones requieren el mismo esfuerzo desde el H. Congreso del Estado. A finales de la pasada Legislatura se habló de la idea de una Ley de movilidad, a inicio de la presente Legislatura, se impulsó una Lay de Movildiad, de hecho se tenían en comisión dos documentos, por un lado una que proponia una modificación a la Ley de Comunicaciones y Transportes, otra que desde lo económico buscaba mejorar la productividad a partir de una visión diferente de la movilidad. En tres años ninguna prosperó. Por todos los problemas que tenemos para desplazarnos, es fundamental y urgente recuperar nuestro Derecho a la Movilidad, elegir por dónde y cómo desplazarnos. El Derecho a la Movilidad surge como otras cosas, resultado de un problema, de una reivindicación o de una exigencia por una libertad que debe de ser garantizada por el Estado. No sólo es la libertad de tránsito que está consagrada en la Constitución, sino que implica la seguridad y el libre derecho que tenemos a decidir por dónde, cómo y cuándo nos movemos. El Derecho a la Movilidad debe estar asegurado en una Ley de Movilidad, garantizado por una instancia gubernamental y respaldado por recursos establecidos en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos. Garantizar un Derecho a la Movilidad nos ubicaría como una ciudad modelo, pero lo más importante, ayudaría a cerrar el círculo de los esfuerzos por mejorar desplazamientos, calidad del aire, salud y prosperidad; para ello, ahora que nos toca elegir Diputados Locales, escuchemos sus compromisos por modernizar nuestro marco jurídico en materia de planeación urbana y movilidad. Esperemos una legislatura que nos mueva hacia la ciudad que queremos con bases solidas, es decir, con leyes.