OAXACA.- El ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, advirtió que impondrá 20 horas de cárcel y el pago de multa, a quien discrimine, agreda o niegue la prestación de servicios a las personas recuperadas por covid-19. Manuel Guzmán Carrasco, presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, sostuvo que por acuerdo de cabildo su administración no serán toleradas acciones que atenten contra los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos que tras atravesar por un cuadro de coronavirus sean objeto de escarnio público. Detalló que la medida obedece a la queja de una ciudadana a quien expulsaron de una tienda de abarrotes cuando –superados 21 días de cuarentena por coronavirus—requirió proveerse de su despensa, pero “los encargados del establecimiento la echaron al advertir su presencia”. A las personas que agredan física o verbalmente, prohíban la entrada a comercios o transitar en espacios públicos a quienes fueron confirmados y dados de alta por el virus covid-19, serán sancionados con el arresto y/o el pago de su multa administrativa, asimismo, se habrá de dar vista a la Fiscalía General del Estado, según la gravedad ”, asentó.

 Se va a encarcelar por atentar contra de la dignidad de las personas, pues los pacientes recuperados no representan riesgo alguno para la población, toda vez que han pasado la cuarentena, bajo observación médica”, agregó.

El acuerdo de cabildo está firmado en el cuerpo de regidores de Putla Villa de Guerrero, municipio localizado en la región Sierra Sur, quienes exhortaron a vecinos, comerciantes, prestadores de servicios y servidores públicos abstenerse de violentar la dignidad y libre tránsito a quienes superaron la enfermedad. Por su lado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contabiliza durante la contingencia por la nueva cepa 84 quejas y 40 cuadernos de antecedentes por abusos de autoridades estatales y municipales, retención de personal sanitario, así como la exhibición pública de personas supuestamente contagiadas por el coronavirus. También existen quejas contra los servicios de salud, autoridades penitenciarias además de procuración e impartición de justicia. -- EXCÉLSIOR