Editorial EL UNIVERSAL / Son varios los responsables El 19 de septiembre, como hace 32 años, la capital del país volvió a quedar herida. No en las proporciones que se vivieron en 1985, pero lo suficientemente dañada en algunas zonas para causar el enojo en miles de personas que vieron perder su patrimonio en unos segundos y muchas de ellas a seres queridos. La molestia es justificada porque en teoría las nuevas construcciones en la Ciudad de México estaban sometidas a requisitos más estrictos por parte de un reglamento de construcción que se ha venido actualizando para tratar de hacer frente a los riesgos sísmicos que enfrenta la zona central del país. Pero las duras exigencias de la normatividad fueron efectivamente solo teoría porque varios de los inmuebles caídos en el terremoto del mes pasado, tenían apenas unos años de haber sido edificados; algunas constructoras responsables de levantar esos inmuebles aseguraban que los materiales utilizados eran de la más alta resistencia y ofrecían seguridad ante temblores. Era probable que ante la combinación de factores el colapso de varias estructuras haya sido inevitable. La intensidad del movimiento se debió a la cercanía de la ciudad con el epicentro (a 100 kilómetros de distancia) y ahora sabemos que la ciudad está asentada sobre una falla geológica. ¿Cómo saber si eran inevitables los derrumbes? La autoridad tenía que hacer su trabajo y emitir su dictamen. Uno de los primeros arroja lo que muchos temían sobre la caída parcial del edificio ubicado en Emiliano Zapata 56: la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelo, no cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación ni con la constancia de seguridad estructural. Por ese motivo ayer se anunció la primera detención relacionada con ese inmueble. No debe ser la única ni las acciones deben limitarse a indagar sólo entre los constructores. La acumulación de irregularidades no pudo pasar sin la complicidad de una o varias autoridades delegacionales. Hay 184 carpetas de investigación iniciadas por los edificios colapsados y las personas fallecidas en septiembre. De cada una debe haber resultados puntuales y llamar a cuentas a involucrados sin importar su jerarquía. Es hora de que se cumpla el viejo lema de que para la ley todos somos iguales. Ante el reclamo de una sociedad lastimada por la tragedia del mes pasado, la acción contra un empresario por su presunta implicación en la construcción irregular de un inmueble debe ser apenas la punta de una madeja que arroje más responsables.

Frentes Políticos I. Los más fuertes. No es una coincidencia que Petróleos Mexicanos forme parte de la cumbre, en Londres, de diez de las mayores empresas petroleras del mundo agrupadas en una iniciativa comprometida con el combate al cambio climático, y en la que Pemex participa activamente. La Iniciativa Climática de Petróleo y Gas reúne a los CEOs de este grupo de petroleras que representan 20% de la producción mundial, y en la que José Antonio González Anaya, director de Pemex, se presentará con el compromiso de México para atender el protocolo climático parisino. Por cierto, Pemex es la única empresa latinoamericana en este grupo. Por algo será. II. ¿Y las acciones? Para nadie es un secreto que en los reclusorios del país existen grupos que delinquen dentro y fuera de éstos, pero parece ser que para el exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila eso no importó durante su administración. Ahora, la Secretaría de Seguridad del Edomex informó que luego de que se conocieran imágenes en las que se muestra a reclusos del Penal Neza Bordo agrediendo a otros internos, los hechos ya se encuentran bajo investigación. En los videos se ve a un reo, apodado Tato, quemar y golpear a otros prisioneros por “no cumplir” con el pago de una extorsión. Ayer se destituyó al director de ese centro penitenciario, mientras prosiguen las pesquisas. Los casos de violencia en cárceles del Edomex fueron revelados desde hace años. ¿Ahora resulta que el Tato tenía más control? III. Tentáculo legislativo. La Cámara de Diputados, la generadora de comisiones, creó una más. Dará seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos “y coadyuvará con las labores de los gobiernos federales y locales para garantizar los derechos de las personas damnificadas”. Más demagogia. “En medio de la tragedia no debemos permitir que existan tentaciones para lucrar con el dolor”, dijo Maricela Contreras, diputada de Morena, quien lanzó la propuesta que fue aceptada por el pleno de San Lázaro, semivacío. Pregunta, si no pueden con el trabajo pendiente, ¿para qué se echan más compromisos? Como si los cumplieran. IV. Castigados, pero felices. No obstante que el PRD en Michoacán suspendió los derechos partidistas de diversos perfiles por su respaldo al proyecto político-electoral del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el legislador Juan Pablo Puebla Arévalo difundió un comunicado de apoyo al tabasqueño titulado: Ocho de cada diez perredistas votaremos por AMLO. Los sancionados son el exgobernador Leonel Godoy Rangel, quien renunció al partido en septiembre; el senador Raúl Morón Orozco; el diputado federal, Fidel Calderón Torreblanca; la exlegisladora Cristina Portillo Ayala, y Roberto Reyes Cosari, secretario de Enlace Legislativo y Gobiernos Municipales del Comité Estatal. Acusan crisis de identidad ideológica en el PRD y por ello es que para los comicios de 2018 preferirán votar por otro partido. Para absurdos, sólo en México. V. Desacuerdos extremos. Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la Cámara de Diputados, observa que viene un pasmo legislativo si no se resuelve pronto el tema de la Fepade. Calificó como golpistas las acciones de la oposición en el Senado para restituir a Santiago Nieto. En lugar de paralizar los trabajos legislativos, dijo, los senadores deberían enfocarse al nombramiento del próximo fiscal electoral. “Es un camino equivocado para defender una posición política o una postura política”, expuso. Consideró que aunque Santiago Nieto junte los votos para que lo restituyan como titular de la Fepade, ya no contará con autoridad para ejercer el cargo. La sensatez indica que Santiago Nieto no debe regresar. Pero la política en México no conoce esa palabra.