La organización Ciudadanos Observando tiene detectadas 40 empresas “fantasma”, que han facturado más de 30 millones de pesos por la supuesta compra de diversos insumos que 25 diputados locales debieron haber entregado a ciudadanos, como parte de los apoyos de gestoría del Congreso del Estado; sin embargo, ciudadanos dicen no haber recibido dichos apoyos y al visitar los domicilios de los proveedores se encuentra que no hay empresas instaladas en esos sitios. Un resumen entregado por esta organización, con base en facturas entregadas vía transparencia por parte del Congreso del Estado e investigación de campo, reporta que tan solo 7 de estas empresas han recibido más de 25 millones de pesos por parte del Congreso del Estado en la actual legislatura, entre estas se encuentran algunas que ya han sido fichadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la venta de facturas como Sistema de Comercialización Nava y SMAT Comercializadora y Construcción. El reporte de Ciudadanos Observando señala que la mayoría de estas empresas “son de reciente creación y tienen su dirección fiscal en colonias alejadas y ninguna presenta actividades comerciales”. Estas empresas “son ofrecidas mediante un catálogo por agencias llamadas «outsourcing» varias de ellas ligadas directamente con diputados o funcionarios del propio Congreso del Estado”.  El vocero de esta organización, Guadalupe González Covarrubias, señaló que se ha detectado que 25 de los 27 diputados locales han adquirido productos de estas empresas “fantasma”, únicamente Óscar Vera y Lucila Nava no aparecen, sin embargo consideró que también son cómplices, dado que ellos, como miembros de la Junta de Coordinación Política, han aprobado el pago de estas facturas. En total, la asociación civil ha contactado a 43 personas que, a través de mensajes o llamadas telefónicas, han asegurado no haber recibido los apoyos sociales que los diputados locales reportan haberles entregado, como parte de acciones de gestoría; sin embargo hasta el momento solo se han presentado 12 denuncias penales, de las cuales cuatro han sido en contra de Mariano Niño Martínez, tres contra José Luis Romero Calzada y una para cada uno de los siguientes diputados: Enrique Flores, Héctor Mendizábal, Héctor Meraz, Xitlálic Sánchez y Manuel Barrera. COBIJAS NO LLEGARON A CASA HOGAR

El pasado 4 de diciembre de 2017, el proveedor Brian Geovani Rubio Hernández, emitió una factura por 47 mil 015 pesos con 73 centavos por la compra de 10 paquetes con 20 cobijas cada uno, que fueron gestionadas por el diputado Jorge Luis Miranda Torres, luego de que supuestamente la casa hogar “Casa de Niños Corazón de Misericordia A.C.”, le habría hecho una solicitud de apoyo con material de construcción y cobijas, según consta en la carta firmada por Petra Ramírez Neri, tesorera de dicha casa hogar. En los documentos, en poder de GlobalMedia, se puede ver que la solicitud hecha por la señora Petra Ramírez fue recibida el 5 de diciembre, es decir un día después de que el proveedor emitió la factura, lo cual ya constituye una anomalía. La organización Ciudadanos Observando contactó a esta supuesta beneficiaria, quien dijo que sí recibió cobijas, sin embargo no fueron 200, como dice la factura, sino únicamente 24, siendo que la casa hogar cuenta con 26 niños. La factura reporta que cada paquete con 20 cobijas tiene un costo por 4 mil 053.08 pesos, es decir cada cobija habría costado 202.65 pesos. Si se entregaron solo 24 cobijas, el gasto habría sido apenas de 4 mil 863.70 pesos, lo que significa que hay un faltante de 35 mil 667.10 pesos, si se considera que el monto total facturado, antes del IVA, fue por 40 mil 530.80 pesos. FACTURAN HASTA TAMALES

Otro caso reciente fue el de la diputada Graciela Gaitán Díaz, quien, según una respuesta a una solicitud de información hecha al Congreso del Estado, presentó 8 facturas emitidas por el proveedor Francisco Javier Acosta Ceja, por un monto por 238 mil 382 pesos con 83 centavos por la compra de 211 mil 969.63 pesos en material de construcción y 26 mil 413.20 pesos en tamales para apoyos de gestoría institucional. La organización Ciudadanos Observando señaló hace unos días que resultaba extraño que un mismo proveedor venda materiales de construcción y a su vez haga tamales, por lo que se dieron a la tarea de visitar el domicilio de este proveedor, ubicado en Lomas del Mezquital, y se encontró una casa en aparente estado de abandono, con un letrero que decía “en venta”. Vecinos del lugar dijeron que dicha casa nunca ha estado habitada ni ha estado ahí ninguna empresa de construcción. La empresa que se encuentra a nombre de Francisco Acosta tiene la razón social “SMAT Comercializadora y Construcción”, la cual en una improvisada página de internet, que además tiene errores de ortografía, reporta ser una empresa “dedicada a la comercialización y construcción”, en actividades como pintura, impermeabilización, herrería, aluminio y vidrio, electricidad y construcción en general.  Dicha empresa, según Ciudadanos Observando, fue señalada por el SAT, por presuntamente haber vendido facturas apócrifas, por un monto que asciende a los 345 mil pesos, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante la administración de Victoria Labastida Aguirre. GlobalMedia detectó que, según el apartado de cheques de la página de transparencia del Congreso del Estado, el proveedor Francisco Javier Acosta Ceja ha recibido pagos por 82 mil 879 pesos con 63 centavos que no fueron reportados en la respuesta a la solicitud de información, de los cuales 74 mil 999.63 pesos presuntamente habrían sido destinados a servicio de alimentación para el Segundo Informe de Actividades de la diputada Graciela Gaitán; es decir que en total este proveedor ha recibido 321 mil 262 pesos con 46 centavos por concepto de 12 compras en la actual legislatura. FISCALÍA HA SIDO OMISA

El abogado Oswaldo Ríos Medrano señaló que la Fiscalía General del Estado está obligada a investigar la presunta comisión de delitos de peculado, desvío de recursos públicos, ejercicio indebido de la función pública y asociación delictuosa, sin embargo lamentó que las indagatorias de la fiscalía han demorado mucho tiempo, lo que genera que únicamente haya un “manoseo político” de esta información para golpetear selectivamente a determinados funcionarios o partidos políticos. El experto afirmó que los ciudadanos afectados por este tema podrían promover un recurso de amparo ante una autoridad judicial, debido a la inacción de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción para investigar este asunto y podrían hacer también una petición para que los funcionarios de estas dependencias sean destituidos. Mientras tanto, la organización Ciudadanos Observando anunció que están en puerta otras denuncias penales, toda vez que hay 31 afectados que hasta el momento no han interpuesto una querella. Dichas denuncias serían ante la Fiscalía General por delitos de fraude, peculado y falsificación de documentos y ante la Procuraduría General de la República por la compra de facturas apócrifas, lo cual constituye un delito federal que se castiga con 6 años de prisión.