San Luis Potosí, SLP.- Aunque la pobreza laboral en México ha disminuido durante la última década hasta un 32 por ciento, el 68 por ciento de quienes se encontraban en esta condición hace un año permanece en ella, una persistencia que evidencia las barreras que todavía existen para la movilidad social, señaló Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Si bien el especialista consideró positiva la reducción observada durante los últimos diez años, posiblemente impulsada, entre otros factores, por los incrementos al salario mínimo, advirtió que el panorama cambia cuando se analiza la capacidad de las personas para abandonar esta condición.

En este sentido, destacó que las cifras reflejan la heterogeneidad de las condiciones sociales y económicas existentes en el país. Ante ello, detalló que existen personas que nunca han experimentado pobreza, mientras otras pueden caer temporalmente y recuperarse con relativa rapidez. Sin embargo, hay un tercer grupo que nace en condiciones de pobreza y enfrenta mayores probabilidades de permanecer en ellas debido a diferentes obstáculos acumulados a lo largo de su vida.

Entre estas barreras, Hernández Licona mencionó pertenecer a comunidades indígenas, vivir en el sur del país o ser mujer, condiciones que pueden combinarse con menores oportunidades educativas, laborales y de acceso a servicios. Por ello, sostuvo que uno de los principales retos consiste en construir condiciones más homogéneas para que el lugar o las circunstancias de nacimiento no determinen las posibilidades de movilidad social.

Por consiguiente, y para ejemplificar estas diferencias, planteó el caso de una niña nacida en una zona rural de Chiapas, dentro de una familia en pobreza, que debe caminar varias horas para asistir a una escuela donde eventualmente puede enfrentar ausencia de profesores, baños deficientes o carencia de infraestructura básica.

En contraste, un menor que nace en una ciudad y cuenta con mejores servicios educativos dispone desde el comienzo de mayores herramientas para desarrollarse. Ante estas desigualdades, Hernández Licona reconoció la importancia de las becas y transferencias económicas; no obstante, puntualizó que entregar recursos no modifica por sí mismo la calidad de la educación, la atención médica o los servicios públicos disponibles.

Por otra parte, subrayó que la reducción general de la pobreza puede ocultar la situación de los grupos que permanecen rezagados y a quienes los aumentos al salario mínimo tienen un alcance limitado o simplemente no llegan. Como ejemplo, mencionó a parte de la población que trabaja en actividades agrícolas y permanece fuera de los beneficios asociados al empleo formal.

En consecuencia, puntualizó que es indispensable complementar la política salarial y las transferencias con empleos de mayor calidad, mejores escuelas y servicios de salud más eficientes, particularmente para las comunidades con mayores carencias.

Además, Hernández Licona sostuvo que disminuir estas brechas no representa únicamente una cuestión de justicia social, pues una mayor incorporación de personas a la actividad económica y al empleo formal, explicó, permitiría aprovechar mejor el capital humano y podría contribuir al crecimiento económico del país.

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Finalmente, reconoció que la universalidad de los programas sociales puede resultar electoralmente atractiva; sin embargo, consideró necesario avanzar hacia políticas más estratégicas que no pierdan de vista a quienes enfrentan las mayores desventajas. De lo contrario, concluyó, México continuará enfrentando un escenario en el que las posibilidades de salir adelante dependen en buena medida de las condiciones en las que cada persona nació.