Recuerdo haber escuchado infinidad de veces a las autoridades de procuración de justicia decir que no pueden actuar mientras no existan denuncias contra actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. En el caso de San Luis Potosí las denuncias desde la ciudadanía se han dado, ya que las instituciones creadas para la fiscalización de los recursos públicos como la Auditoria Superior, las Contralorías y otros órganos para prevenir los actos de corrupción se carcomieron y dejaron de funcionar ya que se terminaron coludiendo con quienes cometen de manera olímpica daños al erario. Es tan preocupante la situación que en el epicentro de la misma Auditoria Superior del Estado se han cometido actos de abuso y corrupción, cuando esta institución fue creada precisamente para combatirla y no para producirla. En este caso se acumulan varias denuncias ante la Fiscalía por  daño al erario por 600 mil pesos producto de una fiesta fantasma, la existencia de una nómina secreta y desvió de recursos en tiempos del ex auditor José De Jesús Martínez Loredo impuesto por Fernando Toranzo para protegerle las espaldas. Existe también una denuncia relacionada con el famoso #MochesGates donde se involucra al Alcalde de Ciudad Maíz, funcionarios y ocho diputados en un supuesto fraude relacionado con caminos rurales que fueron reportados como concluidos pero investigaciones ciudadanas y de Global Media comprobaron que existía un fraude monumental detrás de esto. Personas afectadas que aseguran jamás realizaron ningún trámite ante diputados locales y menos haber recibido apoyos en material de construcción o despensas, han presentado ya dieciocho denuncias ante la Fiscalía Estatal, por los delitos de delincuencia organizada, peculado, falsificación de firmas y documentos. No se nos debe olvidar que los legisladores potosinos quedaron exhibidos en medios nacionales por desviar presuntamente más de treinta y tres millones de pesos por medio de una red de empresas fantasmas.  Por este caso ya existen también denuncias ante la Procuraduría General de la República. Las evidencias son más que contundentes pero las denuncias sólo se han ido acumulando, con avances semi lentos, a paso de tortuga. Los diputados señalados están queriendo cobrar los favores políticos por haber dado su voto para poner a la nueva Auditoria, al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción. El mejor alimento de la corrupción es la maldita impunidad, por eso nuestro país se encuentra en los peores lugares respecto al combate a la corrupción. Aquí las denuncias se encapsulan y no muestran avances. La ciudadanía tiene que poner su parte y debemos exigir se hagan las cosas como lo marca la ley, que las autoridades dejen de proteger a los corruptos y que se apliquen sanciones ejemplares. El uso de empresas fantasmas en Veracruz si tuvo causes, ¿por qué aquí en San Luis no?. No se puede permitir más torguismo, más componendas, más cobros de favores de aquellos que buscan salir impunes. Es el momento de demostrar que las cosas están cambiando en nuestro país y que la corrupción tendrá consecuencias.