La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido omisa en vigilar que el Gobierno de Chiapas cumpla con sus obligaciones en materia educativa, acusaron representantes de organizaciones. REFORMA publicó este miércoles que el Gobernador Manuel Velasco se comprometió a financiar el Proyecto de Educación Alternativa (PAE) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cual va en contra de aspectos clave de la reforma educativa. Los activistas criticaron que la SEP a nivel federal no emprenda las acciones legales contra una entidad que pretende invadir sus facultades, entre las que se encuentran determinar los planes y programas educativos de todo el País. "La primer responsable de la nula aplicación de la reforma educativa en Chiapas es la autoridad educativa local y en última instancia el Gobernador, pero el corresponsable es la autoridad educativa federal", aseveró Marco Fernández, experto del Tecnológico de Monterrey. "Lejos de emprender las acciones legales que sí están en sus facultades para poder evidenciar las malas acciones de sus contrapartes en los estados que han mermado significativamente la implementación de la reforma educativa, lo que ha hecho la SEP es hacerse de la vista gorda o supuestamente encararlos a puerta cerrada en reuniones con la Conago". En entrevista con REFORMA, los especialistas en política pública reprobaron que la dependencia federal no emprenda acciones legales contra el Gobierno de Chiapas, ante la posibilidad de que no les reporten a los docentes faltistas del último paro nacional de la Coordinadora. "No parece que le importe a la autoridad federal la implementación de la reforma educativa en las entidades", expuso Fernández, también investigador de México Evalúa. En ese sentido, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, advirtió que si la SEP deja de cumplir con su labor de coordinación y vigilancia de la educación, está cediendo la rectoría. "Cada que la Secretaría, el Gobierno federal, deja que eso pase, anima a que otros lo imiten. Ya lo hizo Chiapas, lo volverá a hacer Oaxaca, entonces nada impediría que lo hagan en Guerrero, Yucatán, Michoacán", manifestó. Detalló que la Secretaría, en ese sentido, puede presionar al Gobierno estatal con el financiamiento que le da para la educación y también podría acudir al Poder Judicial. "La SEP es responsable de tener las garantías de que el pago que le piden con listados quincenales para los profesores esté fundamentado, si la SEP tiene sospecha de que eso listados no son correctos debe pedir la acreditación de la asistencia, los nombramientos y las asignaciones", explicó Calderón. "Puede iniciar procesos con el Poder Judicial. Si alguien está invadiendo tu esfera, puedes hacer uso de la controversia constitucional", añadió. -- Reforma