Foto: Agencia Mexsport Los escándalos a lo largo de la gestión de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), han sido numerosos. En plena crisis por el coronavirus, se suma una acusación más a la lista.  La empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA) interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra seis funcionarios de la institución deportiva, encabezados por Ana Guevara y Sergio Monroy, subdirector general de la CONADE.   Se les denuncia por actos de corrupción que incluyen asociación delictuosa, cohecho, simulación de licitación, falsificación de documentos y soborno, luego de exigirle a la empresa CIMCSA un pago previo de 150 mil pesos por la asignación de un contrato de 16.5 millones de pesos, además de un porcentaje sobre el monto del contrato.  Luego de obtener aquel contrato, CIMCSA cumplió con el servicio, con vigencia del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2019, en tiempo y forma y la CONADE les pagó los 16.5 millones a principios de enero. Más adelante comenzó una extorsión en donde Armida Ramírez Corral, colaboradora de Ana Guevara, solicitó el 15% del pago realizado.  La denuncia fue llevada la tarde del pasado 20 de mayo y posteriormente será turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por su parte la ex-velocista, se defendió por medio de un comunicado en el que aseguró que no conoce de ninguna denuncia y que no existe citatorio alguno.  Quiero puntualizar que SIEMPRE ME HE APEGADO A LA LEGALIDAD Y HE INSTRUIDO DE IGUAL MANERA AL PERSONAL DE CONADE PARA QUE ASÍ MISMO SE CONDUZCA. Respecto a la contratación de servicios para esta entidad, se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente”. 

Cabe señalar que además de la demanda antes mencionada, en febrero del año en curso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que se habían realizado siete auditorías a la CONADE, de las cuales se desprendieron 22 observaciones y seis de ellas aún están pendientes. Se hablaba de diversos actos de corrupción infringidos entre enero y junio de 2019, que habían causado un daño patrimonial de 51.5 millones de pesos.

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Excelsior