Organizaciones sociales especializadas en temas de infancia señalaron que México no ha cumplido con las recomendaciones hechas en la materia por las Naciones Unidas en las últimas dos ediciones del Examen Periódico Universal al País. En conferencia de prensa, las asociaciones señalaron que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México han sido afectados por el contexto de criminalidad, impunidad, violencia e inseguridad. "El Estado está obligado a reconocer la gravedad de la situación y a cumplir las recomendaciones, mediante la disposición de mecanismos de seguimiento efectivos que consideren la participación infantil y de la sociedad civil", afirmó Mónica Yerena, enlace institucional de la organización Educando en los Derechos y la Solidaridad. El Examen Periódico Universal es un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en los 193 países que la integran y hacer recomendaciones sobre temáticas prioritarias para mejorar las condiciones de vida de la población. Este 7 de noviembre, el Estado mexicano, por segunda vez en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, será sometido a dicho examen. Rafael Castelán, consejero de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), exhortó al Gobierno entrante, que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a cumplir con las recomendaciones pasadas y las que deriven del EPU 2018. "Se debe poner en marcha un plan integral para atenderlas, ya que no puede haber una cuarta transformación si no se garantizan plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes", expresó. Los activistas recordaron que algunas de las recomendaciones son asignar presupuesto progresivo para el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; impulsar la elaboración de los protocolos e implementación de los mecanismos de búsqueda y localización especializadas para niñas, niños y adolescentes; y sumar a las organizaciones civiles para revisar y mejorar la funcionalidad del programa Alerta Amber. -- Reforma