La aprobación de la reforma constitucional para sumar 9 delitos al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en el sistema de justicia, y violenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al principio de presunción de inocencia señaló Héctor Vega Robles, experto en temas legales. Comentó que este tipo de medidas provocaría además una saturación en las cárceles, principalmente por el delito agregado del robo a casa habitación, debido a su alta incidencia en el país, lo que trae como consecuencia también mayores gastos.  “Yo creo que es un retroceso, así también lo ve el Poder Judicial como federal como nivel local, eso no ayuda ni beneficia, es una política pública en materia de seguridad, pero definitivamente no ayuda, ya está visto que el derecho penal como represión como medio para reprender no es precisamente la clave, debe generarse mejores formas de prevención”. Consideró que pone en evidencia la falta de una política pública de prevención de estos delitos, lo cual no lleva a resultados positivo a largo plazo.