Es importante explicar la imposibilidad de la paz a corto plazo, es preciso comenzar muy puntualmente sobre la impotencia que se verá reflejada en este nuevo sexenio y al paso del tiempo que “La Guerra en México será permanente” que a mi concepción es una Guerra tan atroz comparable con la de Siria y que el estado Mexicano trata de minimizar sus consecuencias o desorientar sus contenidos, pero observemos el origen de esta Guerra, ya que mi columna anterior hable sobre la guerra y la paz, amnistía, Indulto, así como el perdón ciudadano, debido a que son conceptos elementales para entender las dimensiones del problema que afrontara el nuevo Presidente (AMLO), porque es importante señalar que hace más de una década, los grupos de la delincuencia organizada han, literalmente, peleado a muerte contra sus rivales y contra las autoridades para controlar las rutas del tráfico ilegal de drogas hacia Estado Unidos, uno de los mayores consumidores mundiales de estupefacientes.
Por lo anterior, es importante reflexionar que si no se hubiera realizado la guerra contra el narcotráfico, la fallida estrategia del gobierno federal de Felipe Calderón, con la que intentó restar poder al crimen organizado, los homicidios dolosos en San Luis Potosí se hubieran reducido en un 75 por ciento, de acuerdo a una proyección realizada por la organización Semáforo Delictivo y que durante el 2016, la tasa de homicidios dolosos en la entidad fue de 11.02 asesinatos de ese tipo por cada 100 mil habitantes. Según la proyección realizada por Semáforo Delictivo, la tasa de homicidios dolosos para San Luis Potosí, de no haber existido la guerra contra el narco, habría sido de apenas 2.78 por cada 100 mil habitantes.
El año pasado, según los reportes enviados por la Procuraduría General de Justicia del Estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en San Luis Potosí ocurrieron 306 asesinatos dolosos y a más de 10 años de aquella iniciativa, que ha continuado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, este es el terrible saldo que ha dejado para México el combate contra los cárteles de la droga y de acuerdo con los estudios realizados en la conformación del Atlas de la Violencia por el Dr. Juan Mario Solís Delgadillo y utilizando el análisis de la proyección de tasa de homicidios del Semáforo, si no hubiera existido la guerra contra el narcotráfico, el total de asesinatos dolosos en el estado durante 2016 habría sido de 77.
Por lo anterior, es preciso repasar que entre 2007 y 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 185 mil homicidios en México, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado y no es posible atribuir que todos esos homicidios estuvieron directamente relacionados con el combate contra la delincuencia organizada, pero hay que señalar que, de acuerdo con el Inegi, hasta antes de que se iniciara la guerra contra el narcotráfico, el país registraba una tendencia a la baja en cuanto a homicidios desde, por lo menos, 1995.
Cabe señalar y en reproducción de lo anterior que entre enero de 2007 y octubre de 2016, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas reportó que prácticamente 30 mil personas son buscadas en el país y en los últimos 10 años, ocho de cada diez desapariciones han ocurrido en estos estados: Tamaulipas (5,563 casos), Estado de México (2,984 casos), Jalisco (2,523 casos), Sinaloa (2,385 casos), Nuevo León (2,374 casos), Chihuahua (1,933 casos), Coahuila (1,620 casos), Sonora (1,288 casos), Guerrero (1,155 casos), Puebla (1,080 casos) y Michoacán (1,029 casos).
En consecuencia la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) ha recibido, entre 2007 y 2015, alrededor de 10 mil quejas contra las autoridades por presuntas violaciones a los derechos humanos y de las instituciones federales que enfrentan al narcotráfico, la que más quejas en materia de derechos humanos ha recibido es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), le sigue la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar) por lo que es importante observar comparativamente a nuestro estudio que entre enero de 2007 y septiembre de 2016, se han localizado 855 fosas clandestinas en México,según los datos brindados por los estados a la CNDH hasta abril de 2017.
De lo anterior y como dato alarmante para nuestro estado y los que colindan, es importante señalar que de esas fosas, se exhumaron mil 548 cadáveres de los cuales se identificó a 796, hasta abril de 2017.Los estados con mayor número de fosas clandestinas son Guerrero (195), Nuevo León (191), Veracruz (1991), Zacatecas (83), Coahuila (51), Colima (35), San Luis Potosí (34), Durango (18), Jalisco (17) y Sonora (12).
De acuerdo con el Semáforo Delictivo 2018, la participación de los empresarios potosinos es fundamental y emérgete. “Es necesario que a nivel nacional y estatal, las cámaras empresariales revisen mes a mes el Semáforo Nacional y sus respectivos Semáforos Estatales y comenten sobre ello; eso ejerce presión a la autoridad y provoca cambios positivos. Deben ser reuniones públicas, ante los medios de comunicación.
En algunos estados se realizan reuniones a puerta cerrada con las autoridades, esto es muy peligroso porque se compra el silencio de los empresarios a cambio del derecho de picaporte. No se resuelve absolutamente nada. Pero mucho más importante aún, es fundamental que los empresarios entiendan los beneficios de la regulación de drogas como estrategia de paz y presionen al gobierno federal entrante y a los legisladores en este sentido.
Desafortunadamente, hay un colapso partidista en estos momentos en el estado de San Luis Potosí y el gobierno actual llega prácticamente flagelado por la corrupción en la cúpula legislativa del estado, y por si fuera poco la disputa del territorio potosino seguirá en la misma inercia mientras se reagrupan las células de los carteles que controlan el bajío y altiplano.
