Una jueza federal ordenó cancelar el aseguramiento de una cuenta bancaria y las instalaciones de una de las empresas del futbolista Rafael Márquez, y resolver nuevamente si deben o no continuar sujetas a dicha medida precautoria. Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal, concedió la protección de la justicia a la compañía Prosport & Health Imagen, al estimar que los aseguramientos de la PGR no se encuentran apegados a la legalidad. "Aún cuando se advierte que el Agente del Ministerio Público responsable relacionó diversos datos de prueba que constan en la citada indagatoria ministerial, soslayó expresar de forma razonada por qué sustentan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y su relación con la persona", dice la juzgadora en la sentencia del amparo 742/2017. "Por tanto, el acto de autoridad violó el artículo 16 constitucional, en razón de que la actuación del órgano de investigación responsable no se encuentra ajustada al principio de legalidad". La cuenta congelada a la empresa es la número 30320900001269881 en Banco del Bajío, mientras que su domicilio asegurado se encuentra en Calle Golfo de Cortés 4114, locales 4 y 5, Colonia Monraz, Código Postal 44670, en Guadalajara, Jalisco. Tanto el dinero como el inmueble fueron asegurados por la PGR el 8 de agosto pasado, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-JAL/001859/2017. El jugador del Atlas ya podía disponer de los recursos de esta cuenta bancaria, gracias a una suspensión otorgada por la juez. De acuerdo con la sentencia, a la que se tuvo acceso, la PGR decretó los aseguramientos por supuestos indicios de que la empresa recibió dinero de la organización del narcotraficante Raúl Flores Hernández, "El Tío", y que el inmueble fue adquirido con dinero de la misma procedencia. "Por lo que se presupone que esta empresa funge como instrumento del delito", señaló la Procuraduría. Pero la juez concluyó que no está debidamente fundamentado el aseguramiento, porque la dependencia evadió manifestar las causas que consideró para determinar que, de no decretarlo, los bienes serían alterados, desaparecidos o destruidos, uno de los requisitos para esta medida. "De lo anterior se concluye que el acto reclamado se encuentra insuficientemente motivado, pues omitió argumentar la relación existente entre la persona moral, marca y bienes asegurados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita indagado dentro de la carpeta de investigación", señala. Según la juzgadora, la PGR debió expresar los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación "explicando por qué sustentan que la empresa asegurada recibió recursos de origen ilícito o bien, cómo es que demuestran que los bienes de la persona jurídica quejosa han sido adquiridos con recursos de esa naturaleza", pero no lo hizo. El amparo concedido a la empresa del futbolista aún no obligará a la PGR a emitir en lo inmediato un nuevo acuerdo de aseguramiento o de levantamiento de la medida precautoria, ya que este fallo judicial puede ser impugnado ante un tribunal colegiado.