Washington DC, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado una propuesta de ley que limitaría la elegibilidad de aquellos migrantes en busca de una tarjeta de residencia permanente si es que estos utilizan beneficios públicos de asistencia como vales de vivienda o de alimentos. La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos podría obligar a millones de migrantes de bajos recursos -que dependen de la asistencia pública para mantener a sus familias- elegir entre aceptar la ayuda financiera del Gobierno o buscar una "Green Card" para vivir y trabajar legalmente en EU. La nueva regulación titulada "Inadmisibilidad en cargos públicos" exigirá que los trabajadores migrantes consideren que el uso de los beneficios públicos son un "factor negativo ponderado" para quienes solicitan permanecer legalmente en el país de forma permanente. Aunque la medida no dañará a aquellos migrantes que ya poseen una "Green Card", esta podría afectar a cerca de 382 mil personas al año. El anuncio del Departamento de Seguridad se produce a menos de dos meses de las elecciones legislativas en el país, las cuales determinarán el control del Congreso por los próximos dos años de la Administración Trump, volviéndose también la más reciente de una serie de medias enérgicas contra la migración. "La autosuficiencia ha sido un principio básico de la ley de migración en Estados Unidos desde los primeros estatutos de migración en este país", señala el texto de 447 páginas. "La disponibilidad de beneficios públicos no constituye un incentivo para la migración a los EU".

Tradicionalmente, el Gobierno estadounidense ha considerado que una persona que depende de la asistencia federal para más de la mitad de sus ingresos es una carga pública. Sin embargo, la nueva regla tendría en cuenta si un individuo o familia ha recibido una variedad de beneficios públicos que no son en efectivo, como el programa de asistencia de nutrición suplementaria, el programa de vivienda o el programa de medicamentos recetados a adultos mayores. "Esto es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo", afirmó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración.

"Este país ha definido la carga pública de una manera ficticia para facilitar altos niveles de migración de baja calificación". Las autoridades afirmaron que la medida no se aplicará a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes legales enlistados en el Ejército o migrantes víctimas de desastres naturales, ni aquellas familias que ganan menos del 15 por ciento en la designación oficial de pobreza en EU. La nueva medida no necesita aprobación del Congreso pero deberá pasar por un proceso de revisión pública en los próximos 60 días antes de ser definitiva. -- REFORMA