Con 78 votos a favor, 4 en contra y 30 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular el polémico decreto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ejecutivo federal. El grupo parlamentario de Acción Nacional votó en abstención, pues a su consideración el documento no incluye metas claras ni es consistente con las reformas aprobadas en materia de prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio y Guardia Nacional. "Miren ustedes si esto no es un documento que simplemente habla de aspiraciones porque dice el primero: "erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Sí, muy bien, eso ya es una obligación, no es parte de una estrategia", criticó la panista Mónica Fernández. "Me parece, pues, que es un documento al que le falta mucho, al que solamente viene a cumplir con un requisito que está en la ley y que, por supuesto, trata de evadir los compromisos de poner cifras, de establecer con toda claridad cuáles son las metas que se piensan alcanzar, en qué tiempo se piensan alcanzar", agregó. Durante la discusión del dictamen, tras la comparecencia del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín también reprochó que el documento no ofrece datos ni cifras que permitan conocer cómo entiende el Gobierno la situación de inseguridad o violencia. "Tendremos que atenernos a las declaraciones con el riesgo de que las declaraciones sean un día unas y otro día otras, según la coyuntura. Por otro lado, se plantea una serie de objetivos y estrategias, pero que no se relacionan entre sí. "Hace tiempo que existen programas sociales. ¿Cómo éstos van a incidir para disminuir la violencia? No es tampoco la primera vez que se distribuyen bienes o servicios y se dice que combatiendo la pobreza se disminuirá la violencia. ¿Quién lo va a medir? ¿Cómo lo vamos a poder acreditar?", cuestionó. Omar Obed Maceda, del PRD, consideró que la estrategia tiene grandes pendientes, como lo relativo al uso de la fuerza.