Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos tengan libre acceso, uso y disfrute gratuito de las playas del país.  La propuesta dota de capacidad al Estado mexicano para hacer valer su soberanía y el Estado de derecho sobre sus playas, en beneficio de todos los mexicanos. Establece una regulación que procura el adecuado uso y aprovechamiento de las playas del país.  Señala que el sistema jurídico determina que “las playas mexicanas son públicas, de libre acceso y uso gratuito”; sin embargo, en la realidad ha sido un derecho coartado a los ciudadanos.  Los integrantes de las comisiones, que presiden la senadora Mónica Fernández y Manuel Añorve, respectivamente, coincidieron en la necesidad de resarcir el derecho constitucional de los ciudadanos mexicanos de hacer uso libre de las playas públicas.  Esta reforma “adiciona a una faja de 10 metros a las playas marítimas, a partir de la pleamar hacia tierra adentro”, con el fin de garantizar su uso público, libre y gratuito.  También, se modifican los límites de la Zona Federal Marítimo Terrestre, con el objetivo de reducir a 10 metros su extensión de ancho de tierra firme, en función de los nuevos límites de las playas marítimas.  Estos cambios, se agregan en el dictamen, contribuyen a otorgar claridad a las disposiciones normativas en la materia, así como a restituir a la ciudadanía mexicana el ejercicio pleno de su soberanía sobre el uso y disfrute de sus playas.  Además, complementan el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 21 de octubre, que señala que el acceso a las playas mexicanas no podrá ser obstaculizado ni restringido.  En el mismo sentido, se establece que los 10 metros que se contemplan para las playas, también aplique para los lagos, lagunas y esteros. Porque también ahí surgen los mismos problemas.  Definir y regular de manera efectiva las playas, puntualizaron los senadores, es un acto de justicia, una asignatura pendiente con todas las personas que habitan México y que tienen derecho a disfrutar de su patrimonio.