Los potosinos desconocen la situación patrimonial, fiscal y de conflictos de intereses del 97 por ciento de los candidatos que resultaron electos en la jornada del 1° de julio, toda vez que de un total de 95 personas que ganaron la elección, solo tres hicieron públicas sus declaraciones #3de3, a través de la plataforma del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco). Los funcionarios electos que tienen sus declaraciones actualizadas en el Imco son Josefina Salazar Báez, quien llegará a la Cámara de Diputados a nivel federal, Francisco Xavier Nava Palacios, alcalde electo de San Luis Potosí y José Antonio Zapata Meraz, quien será diputado local. Mientras tanto se desconocen las declaraciones de 26 diputados locales electos, seis diputados federales electos, los senadores electos y de 57 alcaldes electos, entre los que se encuentran Gilberto Hernández Villafuerte de Soledad, Adrián Esper Cárdenas de Ciudad Valles, Ramón Torres García de Rioverde y Roberto Alejandro Segovia Hernández de Matehuala. El vocero de la plataforma Ganemos, David Reyes Medrano, consideró que todos los candidatos electos deberían hacer públicas sus declaraciones antes de entrar en funciones, con el fin de que la ciudadanía conozca qué patrimonio tienen al inicio de sus mandatos y cuáles son sus intereses, que podrían afectar su desempeño como funcionarios. El activista reconoció que no hay garantía de que, ahora que ya fueron electos, estos funcionarios hagan públicas sus declaraciones, además de que, aún cuando así lo hicieran, existe la posibilidad de que presenten información falsa o usen prestanombres para ocultar su patrimonio. LEY #3DE3 INÚTIL En 2016 se aprobó una reforma a la Ley de Transparencia del Estado, que obliga a los funcionarios a publicar sus declaraciones #3de3 en sus portales de transparencia. Específicamente es el artículo 84 fracción XVII, el que estipula esta obligatoriedad y señala que los servidores públicos deben presentar dichas declaraciones al inicio y al término de su gestión e irlas actualizando año con año. Sin embargo, el propio presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), Alejandro Lafuente Torres, reconoce que hay algunos huecos legales que podrían permitir a servidores públicos ampararse para no tener que hacer públicas estas declaraciones. El comisionado explicó que, de entrada, el artículo 84 de la Ley de Transparencia, marca que los funcionarios deben entregar una “versión pública” de su declaración #3de3, lo cual significa que ellos podrían testar información personal, como el sueldo que perciben por actividades privadas o sus propiedades, dado que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción no ha determinado cuáles datos de la declaración #3de3 deben ser públicos. La legislación también señala que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción debe emitir el formato para presentar la declaración de conflicto de intereses, lo cual tampoco ha ocurrido, debido a que dicho comité ni siquiera está firme, debido a una impugnación que se presentó. Todos estos elementos impiden a la CEGAIP poder sancionar a los funcionarios que incumplan con esta obligación. Algunos candidatos y candidatas, durante campaña, se comprometieron a hacer públicas sus declaraciones #3de3, sin embargo, no lo hicieron así, tal fue el caso de la diputada electa por Morena Paola Alejandra Arreola Nieto, quien aún no tiene publicadas sus declaraciones en el portal del Imco. En la pasada elección, participaron 569 candidatos y candidatas a cargos de elección popular en San Luis Potosí, de los cuales solo 6 publicaron sus declaraciones en el portal del Imco, es decir, únicamente el 1 por ciento del total.