Cd. de México (05 octubre 2017).- El Consejo General del INE ratificó un nuevo rebase en el tope de gastos de campaña por parte del priista Miguel Riquelme. El árbitro electoral acreditó que, tal como aprobó el martes pasado la Comisión de Fiscalización, el priista omitió reportar 501 mil pesos en concepto de pago a representantes de casilla, por lo que su gasto pasó de 20.7 millones, acreditados por el INE en julio pasado, a 21.2 millones de pesos. En espera de lo que defina el Tribunal Electoral federal hoy, el priista actualmente rebasaría en 2.02 millones de pesos, equivalentes al 10.5 por ciento, el tope de gastos fijado en la entidad, que fue de 19.2 millones de pesos. También se aprobó que el panista Guillermo Anaya omitió 801 mil pesos en pagos a representantes de casilla, con lo que alcanza un rebase de un millón 680 mil pesos, es decir, un 8.7 por ciento sobre el límite. El artículo 41 de la Constitución federal establece que sólo cuando hay un rebase de más del 5 por ciento en el tope de gastos la elección podrá ser anulada. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé resolver hoy el tema del rebase del tope de gastos de campaña por parte de Riquelme, Gobernador electo de Coahuila. De acuerdo con el proyecto de sentencia, el Tribunal perfila descontarle 1.2 millones de pesos a Riquelme en concepto de pagos a Facebook y la elaboración de cinco spots televisivos, que el INE originalmente había acreditado que no fueron reportados. Por lo tanto, con todo y el tema de los representantes de casilla aprobado hoy por el INE, el rebase total de Riquelme, si la Sala Superior avala este jueves el referido descuento, sería de 740 mil 702 pesos, lo que equivaldría a un excedente del 3.8 por ciento del tope de gastos de campaña. Esto significa que se descartaría la posibilidad de anular la elección de Coahuila por la vía del rebase del tope de gastos de campaña.

Multan a partidos Los partidos políticos fueron multados en conjunto con 30.9 millones de pesos por no reportar 20.6 millones de pesos en pagos a representantes de casilla en la pasada jornada electoral del 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó ante el Consejo General que, en total, el organismo revisó 142 mil 761 formatos individuales para acreditar si los representantes actuaron de manera desinteresada y no recibieron pago por sus labores. El cruce de formatos de los representantes realizado por el INE arrojó que aunque los partidos buscaron acreditar que actuaron de forma "voluntaria", 30 mil 92 representantes de casilla sí recibieron pago y las fuerzas políticas simularon o fueron omisas al reportar esas erogaciones. En Coahuila fueron 2 mil 221 representantes los que tuvieron un pago que no fue reportado ante la autoridad electoral; en el Estado de México, 23 mil 517, y en Nayarit, 4 mil 354. Murayama explicó que, por criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pago a representantes de casilla el día de la jornada electoral debe ser tomado en cuenta como gasto de campaña en beneficio de un candidato en particular. "Es necesario tener representantes partidistas, incluso se vale gastar y pagar por esa tarea, lo que no es permitido es ocultar el gasto o simular representación gratuita cuando en realidad se haya pagado", mencionó. "En total hablamos de una infracción por omisión de reporte de gasto por 20.6 millones de pesos que tiene como consecuencia una sanción del 150 por ciento, esto es, 30.9 millones". Al final, con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE aprobó las sanciones a los partidos por no reportar el pago a sus representantes de casilla. Los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz votaron en contra bajo el argumento de que fue incorrecto el formato que solicitó el INE para corroborar que los representantes no recibieron dinero por su labor. San Martín detalló que en los formatos se debió establecer el requisito de que los ciudadanos aclararan si eran o no militantes o simpatizantes del partido al que representaron.