Seis meses después de la separación temporal del cargo del Fiscal General Jorge Winckler, el gobernador Cuitláhuac García dijo que solicitará a los legisladores y a la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres que sea iniciado un nuevo juicio político en contra del funcionario para separarlo definitivamente del cargo. Se basarían, dijo, en las cifras ofrecidas por la organización Equifonía, que en una conferencia aseguró que de 2015 a 2019, en Veracruz, se registraron 456 feminicidios, pero sólo han salido 36 sentencias, por lo tanto, 423 feminicidios siguen sin sentencia y solicitaron un informe del resultado del análisis de las carpetas de investigación, tanto a la Fiscalía General como al Poder Judicial. El mandatario estatal dijo que tras la llegada de la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, encontraron 100 carpetas escondidas y que en un alto porcentaje eran agresores de mujeres, por lo que considera necesario investigar si Winckler actuó intencionalmente para dejar impunes a quienes han cometido feminicidios en el Estado. "En esas carpetas que ocultó Jorge Winckler, hoy prófugo de la justicia, hay un alto porcentaje de agresores hacia las mujeres que gozaban de impunidad porque sus carpetas fueron ocultadas por Jorge Winkler. Vamos a buscar si eso no tiene una connotación de violencia de género por parte del fiscal, ya sea por su omisión tan grave de lo que se generó", dijo. Por esta razón, aseguró que solicitará a los diputados y diputadas hacer un análisis porque considera que esto podría encuadrar como violencia de género. "No vaya a ser que los feminicidios que se tuvieron durante el tiempo de Jorge Winkler hayan sido intencionalmente dejados en impunidad para seguir generando ese ambiente en contra de las mujeres y eso daría pie a otro juicio político para la destitución definitiva del fiscal, hay que analizarlo" . Cabe mencionar que en septiembre de 2019, el Congreso local aprobó la separación provisional de Winckler bajo el argumento de no haber cumplido con los exámenes de control y confianza, además de haberle hecho imputaciones por presunta desaparición forzada, en contra de un testigo en un caso de desaparición forzada de personas, que involucra a funcionarios de la administración de Javier Duarte.