Organizaciones aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hicieron un llamado a proteger el empleo y combatir la informalidad “en estos momentos tan difíciles de la pandemia”.
Por tanto, representantes de los patrones en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) emitieron su voto en contra de la resolución votada por los representantes de los trabajadores y del Presidente de la Conasami.
Manifestaron que el incremento a los salarios mínimos debe tomarse con la mayor responsabilidad, seriedad y racionalidad posibles.
Indicaron que la propuesta del sector patronal ha sido la de impulsar ajustes al salario mínimo general, en forma gradual y progresiva, cuando las circunstancias de la economía han sido propicias para la recuperación de su nivel en términos reales.
Recordaron que este proceso de aumento gradual y progresivo inició en diciembre de 2016 y se logró con un acuerdo tripartito.
“El objetivo era que, a partir de 2019, el salario mínimo general cubriera el 100 por ciento de la línea de bienestar urbana individual y que, a partir de 2020, se lograra superar en 19 por ciento la propia línea de bienestar urbana individual. Cumplimos con el compromiso”, resaltaron.
Subrayaron la necesidad de cuidar que los aumentos salariales y otras medidas relacionadas no comprometan la estabilidad de precios, a fin de evitar que un brote inflacionario vulnere el valor real del salario.
Aseveraron que ahora se presenta la agudización de otra contingencia que daña a los trabajadores y a las empresas, pues las circunstancias prevalecientes en la economía son graves.
“Actualmente el país enfrenta el riesgo de aceleración de los contagios de la pandemia COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, con el peligro de perder todavía más fuentes de trabajo”, alertaron.
Señalaron que la caída del Producto Interno Bruto no tiene precedentes bajo las técnicas estadísticas modernas.
Enfatizaron que por la difícil situación que atraviesan debido a la pandemia están ante la encrucijada de preservar la mayor cantidad de empleos en un entorno económico adverso y generar nuevos empleos conforme se vaya dando la recuperación.
Precisaron que en este momento tan crítico que enfrenta México es más importante mantener y recuperar empleos que perseguir un objetivo aislado de mejorar el salario de algunos a costa de más informalidad y desempleo de muchos.
“No haría falta recordar que ya las medidas preventivas que se han implementado para mitigar y controlar los riesgos para la salud por el COVID- 19 han tenido un impacto grave tanto para las empresas como para los trabajadores”, lamentaron.
Apuntaron que el sector privado propuso desde marzo la importancia de adoptar medidas para proteger los empleos y los ingresos de las familias.
Precisaron que de marzo a julio se perdieron un millón 117 mil 584 empleos formales y, según encuesta del INEGI, derivado de la crisis económica actual, han desaparecido un millón 10 mil 857 empresas.
Advirtieron que si no mejoran sus ingresos durante los tres meses siguientes se corre el riesgo de que desaparecezcan 700 mil empresas más.
Indicaron que ante la crisis sanitaria y económica, la mayor preocupación en el sector empresarial es el enorme daño que ya han sufrido las micro y pequeñas empresas.
Manifestaron que la propuesta de incrementar el salario mínimo del resto del país en 6 por ciento, más 10.46 pesos en MIR, y en la Zona Libre de la Frontera Norte en 6 por ciento, más 15.75 pesos en MIR, es preocupante tal aumento en las condiciones actuales, pues repercutirá negativamente en múltiples variables económicas y sociales.
Dijeron que un incremento del 15 por ciento perjudicaría fuertemente a las micro y pequeñas empresas, haciendo inviable la sobrevivencia de muchas de ellas.
“En razón de su debilidad económica cubren mayormente cantidades cercanas al salario mínimo. Son las principales generadoras de empleo en México y quienes enfrentan problemas mucho mayores, comparados con los que enfrentan las grandes empresas, pues no tienen las opciones de liquidez, créditos ni el acceso a financiamiento”, advirtieron.
Más aún, agregaron, un incremento como éste no sólo frena los propósitos de formalizar las actividades, sino que fomenta la informalidad a costa de la productividad.
“El sector patronal mantiene firmemente el compromiso de seguir impulsando la recuperación del salario mínimo general, pero sobre todo combatir la pobreza laboral que se ha incrementado con la pandemia”, sostuvieron.
Reconocieron que los objetivos trazados en cuanto a la recuperación del salario no pueden permanecer intactos en las circunstancias actuales de la economía, gravemente afectadas por la pandemia.
Destacaron que las empresas han sido llamadas por la autoridad a proteger el empleo, objetivo que han asumido en todo el año, en la medida de lo posible.
Propusieron incrementar los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2021 de la forma siguiente:
En la Zona Libre de la Frontera Norte la cantidad de 192.98 pesos diarios por jornada diaria de trabajo resultando de aplicar 4 por ciento para la fijación del mismo.
Para el resto del país se propuso como salario mínimo general la cantidad de 135.64 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 4 por ciento por fijación más 7.20 pesos de MIR, lo que supera en ambos casos, el porcentaje de la inflación proyectada para 2021.
Reiteraron que la prioridad son los colaboradores y las familias, por eso coincidieron en la importancia de recuperar el poder adquisitivo de la fuerza laboral.
“Hemos acompañado los recientes incrementos históricos. Hemos puesto sobre la mesa aumentos mayores a lo previsto por el propio gobierno y el sector obrero. Y este año estamos dispuestos a un incremento que sea razonable y esté en línea con la realidad económica actual del país”, afirmaron.
Manifestaron que un incremento como el que se propone no sólo complicaría la generación de esos nuevos empleos, sino que pondría en riesgo incluso la preservación de los empleos actuales.
“En razón de lo anterior emitieron su voto en contra del incremento porcentual y de los establecidos en una cantidad en pesos por concepto de MIR que se refiere esta resolución”, señalaron.
Respecto a la fijación de los salarios mínimos determinados para las personas trabajadoras del hogar y para el trabajo jornalero agrícola, consideraron que no están suficientemente analizadas y discutidas, ni los salarios que deben corresponderles, por lo cual emiten voto en contra de las cantidades fijadas en esta resolución.
Reiteraron la posición del sector empresarial en el sentido de que, bajo las condiciones actuales y por las razones expuestas, el incremento a los salarios mínimos generales para la Zona Libre de la Frontera Norte debería ser de 4 por ciento como fijación sin incluir cantidad por concepto de MIR.
Para el resto del país de 4 por ciento como fijación más 7.20 pesos por concepto de MIR, el equivalente al 10 por ciento.
Con información de López-Dóriga Digital
