San Luis Potosí, México (31 Octubre 2017).- La aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones pudo haber sido una decisión apresurada, consideró Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora en entrevista para WFM 100.1. Detalló que esta reforma surge de las reglamentaciones que estaban pendientes desde la modificación a la ley en 2013 que dejó huecos legales que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvo que subsanar mediante reglamentos. Uno de los aspectos que el IFT reglamentó fue la selección de un defensor de la audiencia, figura cuyo propósito es atender las inquietudes de las audiencias de los diferentes medios de comunicación, esta persona debería ser imparcial y debe atender y canalizar las quejas hechas en contra de los medios, así como darles solución. Este personaje era determinado por el propio IFT sin embargo en la reglamentación actual quedó en responsabilidad de las propias empresas como medida de auto regulación. Aclaró que esta situación, no es negativa del todo, ya que las experiencias de otros países ha sido positiva “cuando los medios de comunicación en una democracia madura son capaces de generar un código de ética y seleccionar un defensor de las audiencias”, no obstante consideró que en el contexto mexicano actual, consideró difícil que las empresas cumplan con esta parte. Por otro lado, dijo que hay un aspecto “delicado”, dado que una de las acciones que se regulaba era que los medios diferenciaran la parte publicitaria de la parte informativa, con el objetivo de que la publicidad no se presentara al público como información relevante ya que en el contexto electoral se podría adquirir publicidad que se presente como información noticiosa. “Lo delicado del asunto es que estamos en un proceso electoral y uno de los aspectos es que los medios pudieran diferenciar la parte publicitaria de la parte informativa, que no pudieran introducir notas como si fuera información, cuando realmente era una publicidad pagada de algún candidato o un partido político”. Señaló que lo mejor habría sido dejar un periodo de un año para que se pudieran instrumentar códigos de ética y elegir los defensores de la audiencia, de manera que los medios de comunicación tuvieran una visión más madura para presentar la información de forma más objetiva sin que exista sesgo hacia algún sesgo hacia algún interés de agrupación política o candidato en particular. Concluyó que México es una sociedad madura que deberá llegar a procesos democráticos consolidados donde se tenga la capacidad de valorar la información y la forma en la que se presentan “lo que noto en este momento es que fue precipitada la decisión y pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información y que la ciudadanía no reciba una visión objetiva de cómo se lleva a cabo el proceso electoral”.