Sin duda el tema de la migración se ha convertido en una prioridad para las autoridades federales, que e incluso ha implicado que San Luis Potosí, sea considerado entre las entidades del país que podrían contar con la creación de un Centro de Transferencia Migratorio donde se ofrecerá el apoyo a los centroamericanos que por alguna circunstancia sean deportados del vecino país del norte.
La posibilidad de que este Centro de Transferencia pudiera operar en la cercanía de la delegación de La Pila, ya comenzó a provocar una serie de opiniones encontradas, no sólo por lo que esto representaría, sino por el posible riesgo de que se presentarán situaciones extraordinarias con la presencia o el comportamiento de migrantes centroamericanos que posiblemente pudieran haber enfrentado antecedentes penales en sus lugares de origen.
Por el momento, hay sectores que han opinado de manera favorable porque este centro migratorio opere en territorio potosino desde una perspectiva humanitaria, sin embargo, existen otros que se oponen tajantemente por el riesgo que puede representar un centro de transferencia migratorio de esta naturaleza. Además, tampoco se puede perder de vista que el cierre de la frontera de los Estados Unidos, así como el cumplimiento de acuerdos entre México y el vecino país del norte, puede generar que se queden cientos de migrantes varados en la entidad, sin que exista la garantía de atención de parte de las distintas autoridades.
Seguramente no es poca cosa, que el Gobierno Federal pretenda destinar recursos económicos para la operación de un centro de transferencia migratoria, sin embargo, no hay autoridades estatales o municipales que hayan manifestado que “esta boca es mía”, desde un punto de vista de obligación institucional al menos en lo que se refiere el proporcionarles a los migrantes deportados desde servicios médicos, alimentación y refugio.
Por lo pronto, es claro que este tema puede originar una serie de desencuentros entre las distintas autoridades, pues si bien es cierto que el único objetivo de operar un centro migratorio, es para brindar una especie de apoyo emergente, también es cierto que existen los antecedentes de que en otras entidades, estos centros de transferencia han registrado, riñas, asaltos, consumo de drogas y hasta han sido utilizados como centro de reunión de algunos migrantes que están vinculados con bandas delincuenciales.
Sin duda, será un gran paquete el que tendrán que asumir las autoridades en caso de que se concrete este proyecto humanitario, pues no se puede tomar una decisión por ocurrencia o el aventón, pues en todo momento se debe privilegiar la salvaguarda de los intereses de los potosinos, sin descuidar el lado humanitario que se les puede ofrecer a los migrantes.
APUNTES
RESPUESTA FAVORABLE.- Sin duda, se obtuvo una rápida ante la gestión del gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, quien dejó a salvo los derechos de pensiones de más de 31 mil trabajadores de la educación y además elimina la afectación de las participaciones federales anuales, al acordar con el director general del ISSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, la amortización de un adeudo en diez años por la suma de 3,534.2 millones de pesos, según cifras a mayo de este año.
HA SALVO LAS PARTICIPACIONES.- El adeudo procede del año 2008, luego de una modificación a la fórmula de distribución del FAEB que afectó a 20 entidades del país y generó un pasivo para San Luis Potosí por 5,235.1 millones de pesos. Ante ello, la Ley de Ingresos de la Federación autorizó en este año al ISSSTE conveniar los adeudos y ya no afectar las participaciones federales, que en este año afectaron a esta entidad por un monto de 480 millones de pesos por abonar los adeudos al instituto de salud. De acuerdo con el gobernador Carreras López, con esta gestión se evita la afectación a maestros y administrativos del sector educativo y se evita la afectación de participaciones de manera unilateral por parte del ISSSTE y permite tener una planeación sobre los compromisos en las finanzas públicas.
RENOVACIÓN A FONDO.- Buenos bríos, mostró la Auditora Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, quien sin duda, desde el inicio de su gestión, tomó las riendas del órgano fiscalizador, pues puso en marcha un proceso integral de renovación que incluye todos los niveles y unidades administrativas que componen la institución, y va desde la reingeniería del control interno al replanteamiento de métodos y técnicas de fiscalización superior. Además fue clara, al señalar que el replanteamiento de la estructura y funcionamiento de la ASE, le ha permitido levantar la institución desde los cimientos, para dejar fuera cualquier rasgo cuestionable en su trabajo y resultados.
MUCHO CUIDADO.-- La Comisión Jurisdicción que instaló el Congreso del Estado para llevar a cabo el juicio político contra el Secretario de Seguridad Pública del Estado, asumió el compromiso de analizar el tema sin ningún sesgo político, pues la inseguridad que se vive en la entidad con robos, asaltos, homicidios y hasta secuestros merecen toda la atención técnica para poder darles soluciones a la ciudadanía.
RESPONSABILIDAD.-- La LXII Legislatura está asumiendo un compromiso social en temas tan sensibles como la salud pública, se han realizado visitas a los principales hospitales para conocer de primera mano sus necesidades y buscar desde su trinchera garantizar los recursos económicos que requieren para garantizar la atención a la población.
