Los paros y bloqueos ilegales del Sindicato Nacional Minero, encabezado por el Senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, llevaron ahora al cierre definitivo de las tres siderúrgicas de esta ciudad y a la liquidación de sus 400 trabajadores.  Al acumular ayer 18 días de paros ilegales, las empresas Siderúrgica del Golfo y Sistemas Estructurales y Construcciones anunciaron en un comunicado conjunto el fin de operaciones en sus tres plantas en Matamoros.  El conflicto laboral se intensificó el 25 de febrero cuando se detuvieron las operaciones luego de que el sindicato minero se sumó al movimiento que demandaba, como han hecho otros gremios, un alza salarial del 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos, pero adicional al de 16 mil que ya recibían.  La intervención del gremio de Gómez Urrutia, identificado como cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, llevó a que, incluso, el Gobernador de Tamaulipas lo acusara de buscar desestabilizar el ambiente laboral incitando a paros con la finalidad de posicionar a la Confederación Internacional de Trabajadores que preside.  "Analizando los costos adicionales que representarían, resulta incosteable económicamente para la empresa el mantener las fuentes de trabajo que se tienen, por lo que se les comunica que se ha decidido rescindir la relación laboral", señala el comunicado de las empresas.  Las instalaciones fueron tomadas el 25 de febrero por integrantes del sindicato minero sin el aval de ninguna autoridad laboral.  Aunque el 1 de marzo les ofrecieron un alza del 20 por ciento y un bono por 32 mil pesos, el gremio minero no aceptó.  Sergio Beltrán Reyes, Secretario de Actas del Comité Nacional del sindicato minero, leyó el comunicado a los trabajadores reunidos afuera de las plantas.  Con él estuvo Javier Zúñiga García, del Comité Ejecutivo del sindicato, que desde finales de enero ha promovido paros y bloqueos ilegales en Matamoros. Revisarán concesiones mineras La Secretaría de Economía revisará la situación en la que se encuentran las 25 mil concesiones mineras que hay en el País para identificar las que están ociosas y pueden liberarse.  En entrevista, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, advirtió que el objetivo no es cancelar las concesiones, sino regularizar su situación, ya que muchas no pagaban los derechos correspondientes.  El sector industrial ha mostrado su preocupación al interpretar que la política es cancelar concesiones. REFORMA