BEIRUT. La investigación judicial de la explosión en el puerto de Beirut inició ayer con la comparecencia de ministros que sabían de la presencia de las dos mil 700 toneladas de nitrato de amonio que estallaron el 4 de agosto. El proceso se da en medio de disputas políticas sobre quién debe liderar la pesquisa, amenazas de encarcelar a los filtradores de información y dudas de si un panel nombrado por las sectas sería plenamente imparcial. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado para recaudar 565 millones de dólares para ayudar a Líbano y externó su preocupación por los residuos tóxicos generados por la deflagración. Además, el organismo internacional dijo que la cifra de víctimas mortales subió a cerca de 180 personas, con un estimado de seis mil heridos y al menos 30 desaparecidos. -- EXCÉLSIOR

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