Este jueves, diputados locales deberían elegir a los fiscales Anticorrupción y de Delitos Electorales para San Luis Potosí. Sin embargo, dado el ambiente electoral y la falta de acuerdos, se antoja complicado. Si hoy se definieran estos puestos, el Congreso del Estado debería trabajar en crear una nueva Ley Orgánica para su funcionamiento, toda vez que actualmente sigue operando como una Procuraduría General de Justicia del Estado. El diputado Héctor Mendizábal Pérez comentó que también se tendrán que hacer algunas precisiones o correcciones. “Falta una Ley Orgánica, la ley de la Fiscalía General, ahorita solamente se ha atendido lo que marca la propia constitución, pero una vez que se elijan a los titulares de estas dos fiscalías se integrarían a la Fiscalía General y se desglosa el trabajo”. Agregó que también se tendría que emitir la convocatoria para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que estaría integrado por nueve representaciones, entre ellas los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría General del Estado, Comité de Participación Ciudadana, los tres fiscales; titular de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), entre otros. Jorge Alejandro Vera Noyola, subsecretario de Enlace Interinstitucional de Gobierno del Estado, agregó que sería para el mes de febrero cuando ya deberá estar funcionando completamente la Fiscalía General del Estado, con el andamiaje legislativo que establezca los procedimientos para el funcionamiento adecuado de este órgano. “Principalmente serían las facultades que tendrían las fiscalías, cómo estarían trabajando, cómo estará su organigrama porque las funciones del Nuevo Sistema establecen cómo integra carpetas y judicializando las mismas, sin embargo, el nuevo funcionar al interior de la Fiscalía y su autonomía que gozarían, es lo que se debe establecer en estos nuevos ordenamientos”. Señaló que los fiscales entrarían en funciones en cuanto se publique su elección en el Periódico Oficial del Estado, pero con la legislación vigente, sin embargo, “existen 120 días a partir de la autorización de la Reforma Constitucional para que se hagan las adecuaciones legislativas y se concluye en febrero”.