Con la aprobación de los Planes de Desarrollo Urbano, la instalación de la Procuraduría Urbana se vuelve más que necesaria, pues ahora las controversias que salgan como resultado del anterior plan necesitaran ser resueltas, señaló el especialista en urbanismo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Benjamín Alva. El urbanista señaló que en Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial tuvo una modificación en el 2018, en la que se contemplaba que la entidad debería de tener una Procuraduría Urbana y su Instituto Estatal de Planeación.  “Es una obligación de Gobierno del Estado, ya que en dicha Ley se establece que en dos años a partir de su entrada en vigor, que fue en 2018, San Luis Potosí ya tendría que contar con dicha instancia” por lo que el gobierno estatal tiene al menos un año de retraso en la instalación de la misma. Sobre las funciones de la Procuraduría Urbana, Benjamín de Alva indicó que esta ayudaría a la ciudadanía a atender casos de controversias derivadas de acciones públicas o privadas “es una figura que ya funciona en otras ciudades, al contar con ella nos permitirá cumplir con la Ley, nos pondría en sintonía con lo que están haciendo las ciudades modernas, y abre el espacio para que los ciudadanos puedan acudir a una instancia a demandar derechos por ejemplo por afectaciones derivadas de una obra pública, o si una persona no cumple con las normas te puede apoyar” dijo. Señaló que se contempla la creación del Instituto de Planeación con la finalidad de coordinar el crecimiento del estado, con atención a la zona metropolitana “vigilaría que todos los municipios tengan su plan de desarrollo urbano, que entre ellos exista congruencia y que permita la obtención de recursos para proyectos conjuntos” dijo. Actualmente, el Plan Metropolitano se encuentra a la espera debido a que los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro y Mexquitic aún no cuentan con sus Planes de Desarrollo Urbano. Con un Plan Metropolitano, incluso se puede acceder a recursos para la implementación de proyectos conjuntos.