Existe un principio denominado la Ley de Goodhart que de manera plantea que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Este concepto ha sido incorporado incluso en modelos económicos como la crítica de Robert Lucas, premio Nobel de Economía, a la política económica, por ejemplo.

Este principio entre otras cosas, tratar de evitar que, ante una decisión, política o estímulo, orientados a generar un cambio positivo, por su forma de aplicación genere incentivos que alteren el resultado esperado.

En el libro “La fábrica de opciones”, de Richard Shotton, se hace referencia a una experiencia ocurrida en Hanoi en 1902, en donde, ante una epidemia de peste bubónica el gobierno estableció ofreció una recompensa por cada cola de rata que las personas entregase, para involucrar a la población en la eliminación del animal causante de la plaga. El número de ratas no disminuyó y, por el contrario, aumentó. El estímulo había provocado que muchas personas criaran ratas con el propósito de recolectar la recompensa.

Este tipo de situaciones es frecuente cuando se trata de política pública y, en México, tenemos ejemplos de políticas que, con buena intención, pero sin entender los efectos de segundo grado que potencialmente podrían generarse, contribuyeron a la aparición de fenómenos más negativos que aquellos que pretendían combatir.

En algunos estados del sur de México, por ejemplo, los gobiernos estatales establecieron mecanismos que buscaban apoyar a las mujeres de comunidades marginadas que, con hijos pequeños, carecían de recursos para su manutención. Muchas de estas mujeres migraban hacia ciudades cercanas para emplearse desde muy jóvenes lo cual, si bien no era ideal, les permitía acceder a un nivel de ingreso superior al que podían tener en sus localidades y acceder a servicios educativos o de salud que no tenían en sus poblados de origen.

Los gobiernos establecieron mecanismos consistentes en la transferencia de recursos en efectivo para las madres de niños pequeños de esas poblados marginados; lo que llevó a qué aumentar la tasa de natalidad, como mecanismo para incrementar los ingresos asociados a cada hijo nacido. El resultado final fueron más niños en condiciones de marginación y con una reducida esperanza de movilidad social o de mejora en sus condiciones de vida.

Un ejemplo más reciente, se refiere al programa de Sembrando Vida mediante el cual el Gobierno federal pretendía impulsar la siembra de árboles en ciertas regiones del país, para atender “la pobreza rural y la degradación ambiental”.

El programa, que ofrece una remuneración a aquellos que participen sembrando árboles (aunque algunas autoridades se nieguen a aceptar los datos existentes), ocasionó que en muchas comunidades los pobladores talarán o quemarán árboles o ecosistemas existentes, con el fin de poder sembrar árboles y recibir el estímulo económico correspondiente. En muchos lugares, se talaron árboles de muchos años de antigüedad, para ser reemplazados con árboles jóvenes, cuya probabilidad de sobrevivencia es limitada.

Ejemplos como estos, sumados a la evidencia académica y práctica a nivel mundial, muestra la importancia de que la política pública sea definida, más que con únicamente buenas intenciones, a partir análisis y diagnósticos puntuales, que contemplen los posibles efectos de primero y segundo orden asociados y que, efectivamente contribuyen a la corrección de problemas y simultáneamente a la efectiva mejora en las condiciones en ámbito específicos de la vida de las sociedades y las personas.

No hacerlo sin perpetúa los problemas y agrava las condiciones más que resolverlas.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. [email protected] – síguelo en Twitter @martinezsolares