En octubre del año 2017, María Luisa denunció ante el Centro de justicia de Mujeres del municipio de Rioverde la violencia de la que era víctima por parte de quien fuera su pareja. Ella tenía 32 años, él 55. Llevaban un largo tiempo de vivir en situación de violencia; los vecinos lo atestiguan, igual que la familia. Se formalizó entonces la querella ante el ministerio público.

En la familia había cuatro menores. Ella le pidió al MP que le exigiera al hombre que saliera de la casa y le impusiera una orden de restricción, como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia, trataba que no se acercara a ella ni a los cuatro menores. Nunca hubo restricción por parte de la autoridad. Sólo la acompañó la policía municipal para que sacara algunas cosas de su casa, que considerara indispensables. Una vez más la vieja historia repetida y anunciada. Tres meses después ella estaba muerta con dos balas en la espalda, hechos ocurridos mientras ella trataba de escapar de él, era 24 de enero de 2018. La historia no queda ahí, inmediatamente después él se dio un tiro y murió. Esos cuatro menores se convirtieron en parte de lo que son la estadística de niñas y niños que quedan en la orfandad a causa de los feminicidios en México y a quienes nadie les garantiza la defensa de sus derechos y la reparación del daño, a pesar de ser también víctimas por la negligencia de las autoridades. Investigadores calculan que, al menos, 3.600 niños habrían quedado huérfanos en 2018 y más de 23.000 en la última década. Muchos de ellos no solo perdieron a sus madres a manos de sus padres o padrastros, sino que también fueron testigos del crimen. "Son las víctimas olvidadas de los feminicidios. Están en el desamparo". Dice María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH) emitió una recomendación relacionada con la violación al derecho a una vida libre de violencia de María Luisa; la CEDH reconoció la responsabilidad de servidores públicos de la Fiscalía del Estado por su omisión en decretar medidas de protección para María Luisa. En esa recomendación también se habla de la necesidad de reparar de manera integral el daño hecho a los hijos de la víctima por la mala actuación de las autoridades.

Todo ello debiera ser responsabilidad del Comisionado Ejecutivo y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí (CEEAV), para crear un fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral como lo establece la Ley Estatal de Víctimas. A esas instancias acudieron los menores y su familia, o lo que queda de ella, con fecha 23 de julio de 2019; pasaron los meses, el CEEAV les daba largas, como si no fuera fundamental y de importancia prioritaria que esos niños cuenten con un fondo de ayuda que contribuya a su manutención y educación. No, los formalismos, legalismos y tortuguismo de una institución que debiera privilegiar a las victimas hizo que la A.C. Renace San Luis Potosí promoviera un amparo a efecto de que la institución y su titular Jorge Vega, actuaran con justicia hacia las víctimas. La omisiones de CEEAV vulneran el derecho de la reclamación integral del daño derivado de las violaciones a los derechos humanos de los menores; vulneran el derecho de acceso a la justicia y vulneran el derecho de niñas a vivir libres de violencia. Estado mexicano se encuentra constitucional obligado a reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; los menores tienen derecho a una justa indemnización. Hasta mediados de 2020, dos años después de la muerte de su madre, los menores seguían sin que se hubiera concretado el fondo de ayuda. Ni siquiera las autoridades de CEEAV se habían tomado la molestia de turnar el expediente y la solicitud de fondo de ayuda al Comité Interdisciplinario Evaluador para iniciar el trámite al que los menores tienen derecho. ¿Qué estarías esperando? ¿Qué se hicieran adultos? Hoy esos niños se encuentran con su familia materna, específicamente con la única persona que los ha abrazado y cuidado durante dos años. Para ellos la justicia no ha sido pronta ni expedita. El pasado 16 de junio del presente año, dos años y medio después del asesinato de María Luisa, un año más tarde de que los menores ingresaran la solicitud de fondo de apoyo a la Comisión (Nada Ejecutiva) de Atención a Víctimas del Estado de SLP se emitió una resolución en la que ordenan indemnizarlos por doscientos sesenta mil pesos para los cuatro menores. Parece broma. ¿Creerán que esa cantidad repara los daños sufridos por esos cuatro niños? Y tú qué opinas? @Pfloresblavier